Congreso denunció nefastas consecuencias a las que se expondrá tras recorte presupuestal impuesto por el Gobierno Petro

La Dirección Administrativa del Senado de la República alertó en una comunicación oficial dirigida al presidente del Congreso, Lidio García, sobre que la asignación presupuestal vigente para 2026 amenaza con dejar a la Corporación sin servicios esenciales de tecnología y seguridad. En caso de no conseguir una ampliación de recursos, advirtió Astrid Salamanca, directora administrativa, el Senado podría iniciar el año legislativo sin posibilidad de sostener el apoyo operativo de la Policía Nacional ni el contrato de cerca de 70 trabajadores técnicos, muchos de ellos en condición de discapacidad.

La situación se agrava por la rigidez del calendario electoral. Según lo advertido en la carta, si el Departamento Nacional de Planeación no aprueba el traslado extraordinario de recursos antes del 31 de enero de 2026 —fecha de arranque de la ley de garantías electorales—, el Congreso no contará con los fondos mínimos para mantener su infraestructura operativa ni renovar contratos clave.

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El documento enviado por la dirección administrativa detalla que el presupuesto aprobado para 2026 será de $486.548.000.000, lo que, según la funcionaria, representa una disminución del 2% respecto a 2025 y un 35% menos del monto solicitado inicialmente al Ministerio de Hacienda.

La entidad había solicitado $656.321.000.000 para cubrir gastos de funcionamiento, personal, inversión y servicio de deuda durante 2026. No obstante, la cifra final no compensa aumentos ineludibles tales como el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 5,1% ni el incremento del salario mínimo, que podría llegar hasta el 23% respecto al año anterior, elementos que presionan al alza los costos base de la institución, según Salamanca.

Una de las principales áreas afectadas corresponde a la inversión. Según el reporte institucional, los $60.435.000.000 asignados a este rubro fueron dedicados íntegramente a un único proyecto de seguridad y movilidad de servidores públicos, marginando otras iniciativas catalogadas como fundamentales para la modernización del Senado.

Entre los proyectos que quedarían sin financiación aparecen la actualización de sistemas de información, la modernización del recinto de la plenaria, la renovación de equipos tecnológicos, la mejora estructural eléctrica y de iluminación del denominado Edificio Nuevo del Congreso, así como la adquisición y renovación de equipos de seguridad, incluidos rayos X, arcos detectores de metales, equipos antiexplosivos, sistemas antidrones y plataformas de videovigilancia.

En este escenario, la directora Astrid Salamanca advirtió en su comunicación al presidente Lidio García y a la Comisión de Administración que, si el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación no resuelven el rezago presupuestal, “se comprometería la sostenibilidad de los sistemas tecnológicos, la seguridad física y la operación institucional del Senado durante la vigencia 2026”.

Gobierno Petro quiere quitarle prima de $15 millones a congresistas

El Gobierno nacional eliminaría la prima especial de servicios que reciben los congresistas a partir de 2026, de acuerdo con un borrador de decreto que se encuentra en proceso de formalización y que fue conocido por Blu Radio y Caracol Radio.

La decisión, de concretarse, impactaría de manera directa los ingresos mensuales de los futuros miembros del Congreso y haría parte de una política de reorientación del gasto público.

Según el documento preliminar, el Ejecutivo consideraría que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y no estaría alineada con la realidad económica.

“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se menciona en el borrador.

De llevarse a cabo, la medida representaría una reducción cercana a $11.0000.000 mensuales en la asignación total de los congresistas, teniendo en cuenta que actualmente este beneficio alcanza alrededor de $15.000.000.