
El 14 de enero, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) informó que impulsó una demanda en el Consejo de Estado con el objetivo de anular el decreto que estableció el aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 y lograr su suspensión provisional. El gremio cuestionó que el Gobierno haya reemplazado criterios legales obligatorios, como la inflación, la productividad, el PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional, por el concepto de “salario vital” tomado de referentes de la OIT, que no tienen carácter vinculante para el país.
Al respecto, el presidente del gremio, Jaime Cabal, puso en duda la justificación técnica que permitió aumentar la remuneración y que haya llegado a $2.000.000, lo que pasó por alto variables técnicas que sugerían un ajuste mucho menor, en torno al 6,21%. Asimismo, Fenalco aseguró que el Dane —ente encargado de certificar el IPC y la canasta de precios— quedó marginado del proceso, lo que, a juicio de la federación, resta legitimidad al incremento aprobado.
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El procedimiento judicial abierto por los comerciantes incluyó una solicitud de suspensión provisional adelantada por el exmagistrado Alejandro Linares, que actuó como apoderado de un comerciante supuestamente afectado. Sin embargo, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá determinó no conceder la suspensión.

Ante esto, la reacción de los trabajadores no se hizo esperar. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, rechazó las acciones emprendidas por el gremio. El líder sindical tildó de “artimañas jurídicas” los recursos legales interpuestos contra la medida y celebró que las autoridades judiciales hayan negado la suspensión provisional del decreto, lo que consolidó la vigencia.
“Patadas de ahogado, señor Cabal. Lo que sí se está corrigiendo es la codicia de empresarios que por décadas se han opuesto a aumentos dignos del salario mínimo con la excusa (hoy desmentida) que eso destruye el empleo”, escribió en X.
Reivindicación pendiente para los trabajadores
Sostuvo que el incremento representa una reivindicación pendiente para la clase trabajadora luego de años de insuficientes reconocimientos salariales. Según él, “hoy Colombia tiene cifras bajas de desempleo y la clase trabajadora tiene un poder adquisitivo más alto”. El dirigente recalcó que el aumento busca asegurar esa tendencia de mejora social para los asalariados del país.
Asimismo, acusó a los empresarios de recurrir históricamente a pretextos para oponerse a incrementos “dignos” del salario mínimo de Colombia en 2026. Denunció que los argumentos tradicionales sobre la destrucción de empleo ya no tienen validez y destacó que la “codicia” de ciertos sectores quedó evidenciada durante años de resistencia a mejoras salariales.
Legalidad del decreto del aumento del salario mínimo
El presidente de la CUT también rechazó el uso de vías judiciales de algunos empresarios. Señaló a un grupo reducido por “salir a llorar con artimañas jurídicas adelantadas por exmagistrados fletados”, en referencia a la acción legal presentada por el exmagistrado Alejandro Linares.
Arias resaltó que la decisión judicial contra la solicitud del exfuncionario es una muestra de la firmeza y legalidad del decreto y resaltó que no se pudieron acreditar perjuicios reales para el sector empresarial como consecuencia del alza.

La discusión por el aumento del salario mínimo sigue incluyendo actores importantes. Bancolombia advirtió de las posibles consecuencias macroeconómicas derivadas del abrupto incremento decretado. En su informe semanal, la entidad señaló que el inesperado aumento obligará a ajustar proyecciones y presupuestos empresariales en todo el país.
Según sus simulaciones, la aceleración del salario mínimo podría elevar la inflación hasta un 6,4% anual en 2026, impulsando a su vez un endurecimiento de la política monetaria.
Tasa de interés del Banco de la República
Dicho análisis prevé un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria del Banco de la República a inicios de año, y anticipa que el tipo de intervención podría alcanzar el 11% en julio (9,25% actual).

Respecto al impacto laboral, el estudio estima que, si bien la medida beneficia a 2,4 millones de trabajadores formales que reciben salario mínimo, se corre el riesgo de perder hasta 730.000 empleos formales. Los sectores más afectados serían actividades profesionales, comercio, construcción, entretenimiento e industria.
Más allá del ingreso básico
El incremento del salario mínimo impacta más allá del ingreso básico. Según el jefe financiero de Gallagher Colombia, Felipe Ángel, “las empresas se ven obligadas a revisar su estructura de costos y su capacidad de mantener el nivel actual de contratación”. Destaca que el alza incide en prestaciones sociales, recargos y aportes parafiscales, modificando de manera directa la estructura de gastos empresariales.
Ángel puntualizó que los efectos no serán iguales para todos los sectores. En ramas intensivas en mano de obra, como comercio, manufactura y servicios, incluso un ajuste moderado puede traducirse en un aumento relevante del costo total de nómina. Empresas pequeñas y medianas se identifican como especialmente vulnerables, ya que cuentan históricamente con menor capacidad para absorber incrementos salariales abruptos.
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