La candidata al Senado Ingrid Betancourt expresó el martes 13 de enero de 2026 su fuerte indignación tras conocer que el antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) apeló la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que les exige -entre otras- el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo; como parte de la sanción de siete años que deben cumplir por su responsabilidad en la comisión de casos de secuestro.
La política colombo-francesa, que estuvo en poder de esta organización por más de seis años, entre febrero de 2002 y el 2 de julio de 2008, cuando recuperó la libertad gracias a la operación Jaque, sostuvo que resulta incongruente la negativa de los exguerrilleros a portar estos dispositivos, cuando durante años, las víctimas del secuestro vivieron privadas de su libertad bajo condiciones extremas, como lo expuso en su desgarrador mensaje en su perfil de X.
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“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra Justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente/a para poner orden”, expresó Betancourt, directora del partido Oxígeno.
Esta declaración, que se conoció tras la información difundida por Blu Radio, dio cuenta del profundo malestar de la excongresista frente a lo que considera un trato indulgente hacia los responsables de delitos graves en el conflicto armado: que pese a que firmaron el Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, aún son blanco de fuertes críticas por parte de personajes de la vida pública, como Betancourt, que no olvida que padeció en carne propia el horror de este flagelo.
La apelación presentada por el antiguo y último secretariado de las Farc, -integrado por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda- busca revocar varios apartados de la sentencia de la JEP correspondiente al macrocaso 01, que se ha centrado en el secuestro como práctica sistemática por parte de esta organización criminal, que cometió crímenes de lesa humanidad.
Los motivos por los que exmiembros de las Farc rechazaron el uso de dispositivos de rastreo
En su reporte, el citado medio detalló que, entre los principales puntos para oponerse a la medida, los excomandantes rechazan el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo, al argumentar que esta medida resulta incompatible con el carácter restaurativo de las sanciones impuestas por la jurisdicción transicional. En ese orden de ideas, detallaron que el monitoreo electrónico se asemeja a una pena restrictiva propia de la justicia ordinaria, no de la transicional.
Así, propusieron como alternativa la elaboración de informes sobre el cumplimiento de las sanciones, supervisados por entidades que lideran procesos de reincorporación. Según el documento, “la sentencia (...) introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana y contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán monitoreados 24/7″.
Y es que a juicio de los exmiembros de las Farc, con esta disposición se desnaturaliza las sanciones propias y las convierte, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva; incompatible con el modelo adoptado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de la JEP”. Un argumento que, por lo visto, fue el que causó mayor indignación en Betancourt, que no dudó en oponerse a estos motivos, al considerar que no son consecuentes con su actuar.
El secuestro de la política se convirtió en uno de los episodios más notorios del conflicto armado colombiano. Fue privada de la libertad el 23 de febrero de 2002, cuando se dirigía a San Vicente del Caguán, en medio del rompimiento de los diálogos de paz y, al momento del secuestro, tenía 40 años y era candidata presidencial por el partido Oxígeno Verde. Las Farc la clasificaron como rehén política bajo la figura de “canjeable”, para lograr intercambio de guerrilleros presos.
Durante más de seis años, Betancourt vivió en condiciones extremas en la selva. La excongresista pasó largos periodos encadenada del cuello a árboles y sometida a constantes traslados para evitar su localización, y en 2007, pruebas de supervivencia mostraron un deterioro físico y emocional crítico; a tal punto que la mujer, una vez recuperó la libertad en el operativo de rescate, expresó haber perdido la esperanza de sobrevivir frente a las precarias condiciones.
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