La tarifa mínima que regula el sector de vigilancia y seguridad en Colombia y que impacta a cerca de 400.000 empleados, así como en administradores, propietarios y comercios que contratan estos servicios, tiene preocupados a millones de personas por lo que puede significar la subida en el valor de este debido a la indexación que tiene con el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv).
El presidente Gustavo Petro le metió polémica a la situación al sugerir por medio de X que el índice de inflación es el que debe ser usado como base para actualizar la tarifa y rechazó mantenerla alineada al la remuneración básica, que, teniendo en cuenta que ahora es “salario vital”, subió 23% y es de $2.000.000. En la publicación, el mandatario puntualizó que “cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante”.
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Por eso, pidió a las asambleas de propietarios no vincular el costo de la vigilancia con el salario mínimo: “Tomen el índice de inflación como base. Rechacen cualquier empresa empresarial o de la administración del edificio a elevar al costo total de la administración al salario vital”. Esto, debido a que, desde el 16 de enero de 2026, las tarifas de los peajes administrados por la ANI tendrán un ajuste del 5,10%, equivalente al IPC registrado en 2025. Ciertos peajes también incluirán incrementos adicionales debido a procesos de normalización y al progreso de obras, según lo estipulado en los contratos de concesión.
Por supuesto, la insinuación de Petro tuvo respuesta. Por un lado, la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada (Confevip) advierte que el incremento del salario mínimo podría impactar de manera negativa al sector. El ajuste generaría mayores costos operativos y afectaría las tarifas de los servicios de seguridad, lo que, según la organización, podría derivar en recortes de personal y una menor calidad en la prestación del servicio. Y ahora, por otro lado, la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, por medio de un comunicado, fue tajante y desestimó las afirmaciones presidenciales.
Argumentó que la tarifa del servicio de vigilancia y seguridad privada no es libre, está regulada y se expresa en smmlv, por lo que se indexa con el salario mínimo y no con el IPC. Además, advirtió sobre el error de desvincular la tarifa del salario mínimo y destacó que la ley impide de manera expresa tomar la inflación (IPC) como parámetro de ajuste.
Regulación del sector de vigilancia
Explicó que la regulación del sector, basada en el Decreto Ley 356 de 1994, el Decreto 73 de 2002, el Decreto 4950 de 2007, el Decreto 1561 de 2022, la Resolución 20251000059517CS de 2025 y otras normas asociadas, impone el salario mínimo legal vigente como único referente para el cálculo de la tarifa mínima obligatoria. Las mismas están supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y establecen la obligatoriedad de fijar y actualizar la tarifa mínima con base en el salario mínimo, para proteger no solo la sostenibilidad económica del servicio, sino también los derechos laborales establecidos por la ley.
Puntualizó el gremio que el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994 requiere que cualquier tarifa cubra el salario mínimo, pagos adicionales por horas extras y recargos, además de prestaciones obligatorias, dotación y supervisión, junto con los demás costos operativos del sector.
Frente a la polémica, la respuesta del gremio fue que “afirmar que ‘se gana el doble por vigilante’ es una generalización sin sustento técnico e induce a error a la ciudadanía”.
Recordó que la vigilancia privada es una actividad altamente dependiente de mano de obra, que emplea a cerca de 400.000 personas, y que “en promedio, los costos laborales representan cerca del 85% del valor total del servicio”. Destacó que “en este sector los márgenes de utilidad no superan el 4%”, lo que contradice la imagen de grandes ganancias para los empresarios.
Prejuicios y confusión a la opinión pública y a los usuarios
Afirmó que difundir generalizaciones sobre altas utilidades alimenta prejuicios y confunde tanto a la opinión pública como a los usuarios. Además, dejó claro que el marco normativo prohíbe de manera explícita que el servicio se preste por debajo de la tarifa mínima fijada en smmlv.
Y es que el Decreto 4950 de 2007 respalda la obligación, mientras que el Decreto 1561 de 2022 establece que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe emitir cada año la circular de tarifas mínimas tras el ajuste del salario mínimo. De igual forma, para el período 2025-2026, la Circular 2025 1300000115CS, emitida el 30 de diciembre de 2025, determinará los valores mínimos que deben ser respetados por el sector.
El gremio aclaró que “contratar por debajo del mínimo no es ahorro: es riesgo. Una oferta por debajo de la tarifa regulada no es un ‘descuento comercial’, sino una señal de incumplimiento del estándar de costos exigido por el ordenamiento jurídico”.
Indicó que operar fuera de la tarifa regulada compromete la formalidad e incrementa la probabilidad de evasión de obligaciones laborales, además de propiciar la aparición de empresas ilegales, lo que impacta directamente en la seguridad de los residentes, administradores y comercios.
Sanciones económicas
Asimismo, Fedeseguridad remarcó en que insistir en prestar servicios con tarifas inferiores a la mínima establecida podrían enfrentar sanciones económicas severas, incluyendo la cancelación de licencia de funcionamiento. Además, que los usuarios que contraten servicios de vigilancia privada con empresas no habilitadas se exponen a posibles multas de entre 20 y 40 salarios mínimos legales vigentes.
La defensa de la legalidad, agregó la Federación, exige que “la vía responsable es exigir legalidad y optimización sin precarización laboral; y verificar que el proveedor esté habilitado por la autoridad”.
Recalcó que, si bien una asamblea de propietarios puede definir un presupuesto, no puede votar para transgredir el marco normativo ni convertir un desacuerdo en un acto contrario a la ley. El sector, además, llamó a la “responsabilidad pública e institucional” y remarcó que “el debate sobre el costo de la seguridad privada debe darse con rigor técnico, respeto por el marco legal y el propósito de proteger el empleo formal y la seguridad de los colombianos”.
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