Qué pasaría con las investigaciones contra Álex Saab, señalado como operador financiero del régimen venezolano, tras la detención de Nicolás Maduro

Álex Saab, ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, considerado figura central en la estructura financiera del capturado dictador y cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, recuperó la libertad tras un sonado canje entre Venezuela y Estados Unidos en 2023.

Sin embargo, el panorama que enfrenta es incierto, marcado por vigilancia internacional, procesos judiciales en Colombia y restricciones derivadas del perdón presidencial otorgado por Joe Biden, en un contexto de tensiones persistentes entre Caracas y Washington.

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Los antecedentes de Saab lo sitúan como un hombre de confianza de Maduro y pieza clave en el funcionamiento económico y comercial del régimen desde hace más de una década.

Nacido en Barranquilla en 1971 y nacionalizado venezolano, Saab ascendió al círculo de poder tras negociar con organismos estatales y encabezar alianzas comerciales estratégicas.

Ocupó roles como ministro de Industrias y Producción Nacional y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva. Se le atribuyen operaciones de exportaciones ficticias y la creación de redes empresariales en paraísos fiscales, acciones que propiciaron sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense en 2019.

La situación judicial de Saab se agravó a partir de su captura en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, cuando viaja en una misión de negocios para Venezuela.

En 2021, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó acusaciones de lavado de activos por más de USD 350 millones y cargos ligados a corrupción transnacional.

La posible condena llegaba hasta 20 años de cárcel, pero Saab siempre negó los delitos. Su liberación resultó del intercambio de 36 prisioneros, entre ellos diez ciudadanos estadounidenses, concretado el 20 de diciembre de 2023.

El retorno de Saab a Caracas fue celebrado por el círculo de Maduro, en especial por Cilia Flores. El régimen describió el retorno como una “victoria de la diplomacia bolivariana” y lo presentó como diplomático injustamente detenido. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses lo consideran un operador financiero involucrado en actividades ilícitas internacionales.

Las condiciones legales fijadas tras el perdón presidencial de Estados Unidos imponen estrictas restricciones a Saab. El documento de clemencia, firmado por Biden y citado por El Tiempo, prohíbe a Saab ingresar a territorio estadounidense, incluidos territorios y posesiones.

Además, debe renunciar a cualquier reclamo sobre bienes incautados y no puede presentar litigios contra el gobierno estadounidense. Cometer nuevos delitos contra los intereses de Estados Unidos resultaría en la anulación del indulto, incluso bajo otra administración.

En Venezuela, Saab ha mantenido cargos de influencia, como la dirección ministerial y la reactivación de más de 300 industrias en cooperación con el sector público y privado. Fuentes consultadas por el medio mencionado sostienen que el empresario ya se ha realineado con el gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez después del canje de prisioneros.

En paralelo, el entorno de Saab y su esposa, Camila Fabri, han promovido campañas por la repatriación de Maduro y Cilia Flores, bajo el argumento de que permanecen “secuestrados” en Nueva York.

En Colombia, los problemas legales de Saab persisten. El 20 de abril de 2025, un juzgado de Barranquilla ordenó un embargo judicial contra Saab y su exesposa, Cynthia Eugenia Certain Ospina, por una deuda vinculada a las empresas textiles Shatex S.A. y Jacadi de Colombia.

El monto del embargo asciende a $810 millones e implica la transferencia de fondos embargados al Banco Agrario de Colombia, según informó Infobae Colombia. Certain Ospina, como subgerente de estas firmas, debe responder por el manejo financiero en cuestión.

A estas acciones se suman medidas de extinción de dominio, como la orden judicial en enero de 2025 sobre una residencia de lujo en Barranquilla, valorada en aproximadamente $35.000 millones y bajo administración actual de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), conforme a directrices de la Fiscalía General de la Nación.

Además, Saab fue absuelto en mayo de 2024, en primera instancia, de cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. No obstante, la Fiscalía presentó una apelación tras encontrar indicios de movimientos irregulares de fondos vinculados a la industria textil.

De cara al futuro, la capacidad de acción de Saab depende tanto del monitoreo internacional como de la solidez de las resoluciones judiciales que enfrenta en Colombia y Estados Unidos.

El seguimiento constante sobre sus actividades reduce las posibilidades de reincidencia y advierte que cualquier revisión del perdón presidencial podría establecer precedentes jurídicos de alto impacto.

Expertos advierten que modificar o anular el indulto a Saab desencadenaría una crisis en torno a los futuros perdones presidenciales y abriría nuevas disputas en el plano político regional.