María Fernanda Cabal pidió a la Procuraduría investigar “las graves denuncias sobre la feria de contratos ‘corbata’ en el gobierno Petro”

Luego de que la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia denunció el martes 6 de enero de 2026 una presunta “feria de contratos” en un fondo adscrito al Ministerio de la Igualdad, su colega del Centro Democrático María Fernanda Cabal se sumó a los señalamientos por parte de su compañera de partido.

Por medio de un comunicado que compartió la mañana del martes 13 de enero en su cuenta de X, además de un mensaje, Cabal confirmó que radicó una solicitud de manera formal

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“Ante las graves denuncias sobre la feria de contratos ‘corbata’ en el gobierno Petro, acabo de radicar solicitud formal al @PGN_COL (Procuraduría General de la Nación). Gregorio Eljach para que actúe de inmediato”, señaló Cabal en su mensaje acompañado del documento oficial con la petición.

“Con Petro no dejarán la olla raspada. ¡Se la llevarán!", concluyó Cabal, que apoyó su solicitud (además de la denuncia de Valencia), en los hallazgos que señaló un artículo del periódico antioqueño El Colombiano (Así está “raspando la olla” el Gobierno: denuncian escandaloso aumento de contratos “corbata” en año electoral).

Qué denunció Paloma Valencia

De acuerdo con lo que explicó Valencia en su momento, se habrían comprometido más de $70.000 millones en la vinculación de 3.304 personas en plena época electoral.

La congresista del Centro Democrático aseguró que los contratos, suscritos entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, se ejecutaron a través de la empresa Laborando S.A.S., y que el proceso careció de transparencia y control.

De acuerdo con lo expuesto por Valencia, el fondo —dependiente del Ministerio de la Igualdad— firmó cuatro contratos con Laborando S.A.S. por $70.582 millones para proveer personal en distintos programas, entre ellos Jóvenes en Paz (3.146 personas) y el Sistema de Violencia Basada en Género (158 personas), además de contratistas para la gestión interna y el programa Agua es Vida.

Según la senadora, que el periodo de contratación coincida con la campaña electoral de 2026 deja serias dudas sobre posibles fines políticos en la asignación de recursos.

La denuncia también incluye cuestionamientos sobre la publicación tardía de los documentos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Al respecto, Valencia afirmó que el fondo operó cerca de dos años sin divulgar contratos en la plataforma oficial y que solo después de exponer el caso ante el Congreso, en diciembre de 2025, empezaron a publicarse algunos registros.

“Ya entendemos por qué”, sostuvo la legisladora, al puntualizar la falta de información sobre facturas, anexos técnicos e informes de supervisión.

Además, la candidata presidencial reveló que, hasta noviembre de 2025, el Ministerio de la Igualdad contaba con 191 contratistas y 541 funcionarios, ninguno de carrera administrativa, y que el fondo adscrito habría contratado 308 personas adicionales entre 2024 y 2025 para tareas similares a las del propio ministerio. Esta duplicidad, según Valencia, muestra una estructura paralela en nóminas y funciones.

El informe resalta también la contratación de dos operadores logísticos por $68.949 millones para la realización de eventos, una función que normalmente recaería en el Ministerio de la Igualdad y no en el fondo adscrito.

Para la senadora, este mecanismo habría servido para evadir la Ley 80 de contratación pública, ya que los contratos se firmaron “por derecho privado” y sin licitación.

“Para poder contratar a dedo, los contratos no los firmó el Ministerio sino el Fondo”, advirtió la congresista y aspirante a la Presidencia de la República, que reiteró la falta de trazabilidad en el SECOP.

Los señalamientos que recalcó Cabal en su solicitud a la Procuraduría

“Me permito solicitar de manera urgente la designación de un equipo especial de la Procuraduría para ejercer vigilancia preventiva y estricta sobre los procesos de contratación que se vienen adelantando en distintas entidades del Gobierno Nacional, en vísperas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías”, así inicia la carta de la senadora María Fernanda Cabal dirigida al procurador Gregorio Eljach.

De acuerdo con lo que se menciona en el artículo periodístico mencionado al inicio del texto, y “según la información revelada, se estarían suscribiendo contratos de manera masiva, con apariencia de favorecer intereses políticos y eludir las restricciones legales que aplican en épocas electorales”, explica Cabal en su carta.

Como ejemplo la senadora señaló “casos como los del Fondo de MinIgualdad, donde se destinan más de $70.000 millones a contratos temporales coincidiendo con el calendario electoral, y la vinculación acelerada de personal en el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud,), el Ministerio de Salud y otras entidades, configuran un patrón de conducta pública preocupante”.

Al final, Cabal asegura que tomó esta decisión debido a que, según ella, “la urgencia se acentúa con la cercanía del 31 de enero, fecha a partir de la cual no podrán celebrarse contratos sin convocatoria pública, de acuerdo con la Ley 996 de 2005″.

“Por lo anterior, solicito que la Procuraduría designe de forma inmediata una comisión de vigilancia especial para hacer seguimiento detallado, proactivo y preventivo a todos los procesos de contratación en curso y aquellos que pretendan suscribirse en las próximas semanas”, concluyó Cabal.