Alcaldía de Bogotá defiende alza de TransMilenio y responde a críticas del Gobierno por tarifa del transporte

La Alcaldía Mayor de Bogotá rechazó los cuestionamientos del Gobierno nacional al aumento de la tarifa de TransMilenio, luego de que el Ministerio de Transporte expresara reparos frente al ajuste aplicado al sistema de transporte masivo de la capital.

El pronunciamiento fue realizado por el secretario general del Distrito, Miguel Silva Moyano, tras los anuncios de medidas conjuntas con la Superintendencia de Transporte, según informó W Radio.

El funcionario señaló que las críticas se dirigieron de manera directa contra la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, pese a que el incremento tarifario no fue una decisión aislada de Bogotá.

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En su declaración pública, Silva afirmó: “Es increíble que en lugar que buscar soluciones quieran convertir esto en un tema contra Carlos Fernando Galán y TransMilenio”.

De acuerdo con el secretario general, el ajuste en el costo del transporte público se implementó en distintas ciudades del país, incluidas aquellas donde el servicio es operado por empresas estatales. En ese contexto, explicó que el aumento responde a presiones económicas comunes en los sistemas de transporte urbano.

“El incremento ha sido en todo el país. Incluso donde el transporte es operado por empresas estatales directamente. En todas las ciudades hemos tenido que subir la tarifa para poder pagar el incremento del 23,7% del salario mínimo”, sostuvo el funcionario distrital, al detallar uno de los factores que incidieron en la decisión.

Silva Moyano pidió a la ministra de Transporte analizar de manera conjunta las cifras y los impactos del aumento salarial, con el fin de evaluar alternativas que permitan mitigar los efectos sobre los usuarios del transporte público. En ese sentido, hizo un llamado a un trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y las administraciones locales.

“Le insisto: por favor, siéntense con todas las ciudades y revise los números. Hay que buscar alternativas para mitigar el impacto de esta decisión”, expresó el secretario, en referencia al alza del salario mínimo y su efecto sobre las tarifas.

El debate se amplió luego de que se conociera que la tarifa de TransMilenio podría llegar hasta $3.550, cifra que generó reacciones tanto desde el Distrito como desde el Ejecutivo. Las declaraciones oficiales evidenciaron diferencias sobre las causas que justifican el incremento del pasaje.

A través de su cuenta en la red social X, Miguel Silva Moyano explicó que **inicialmente se había proyectado un ajuste del **7,8%****, cálculo basado en un aumento del salario mínimo del 11%, advertido previamente por el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. Sin embargo, el escenario cambió tras la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de elevar el salario mínimo en 23%.

Según detalló el funcionario, este nuevo contexto obligó a revisar las proyecciones tarifarias. “Se propone un aumento del 10,9%. El 1,6% ($50) restante lo buscaremos mediante ingresos no tarifarios”, precisó, al explicar el ajuste final planteado para el sistema de transporte de la ciudad.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las afirmaciones del secretario general de la Alcaldía y cuestionó la relación directa entre el salario mínimo y el incremento del pasaje. Desde su perspectiva, existen otros elementos que influyen de manera más determinante en la estructura de costos del transporte público.

“No es cierto, señor Miguel Silva. La tarifa de transporte aumenta, sobre todo, por combustibles y llantas, y reparaciones del vehículo si es viejo”, afirmó el jefe de Estado. En su pronunciamiento, también señaló que el alza obedece a la inclusión del pago del capital descargado en los usuarios, pese a que las obligaciones ya fueron cubiertas. “Es una estafa”, manifestó.

El presidente agregó que las oficinas de transporte, tanto locales como nacionales, no tendrían que incrementar los pasajes con base en el salario mínimo, especialmente en regiones donde el propietario del bus es también el conductor. En el caso de las grandes ciudades, mencionó la posibilidad de migrar hacia sistemas eléctricos.

“En otros, en las grandes ciudades donde se concentró la propiedad del transporte público, solo hay que pasarlo a sistemas eléctricos y liberarse del diésel”, indicó Petro, al referirse a una alternativa estructural para reducir costos operativos.

El mandatario recordó que el Gobierno nacional ha subsidiado el diésel durante 3 años, por lo que consideró contradictorio que las empresas de transporte trasladen el costo laboral a los usuarios. En esa línea, planteó que el Ejecutivo podría aportar recursos para renovar la flota.

En una de sus publicaciones, Petro aseguró que el Gobierno puede destinar “un billón y medio para la compra de una flota eléctrica”, con el objetivo de disminuir los costos por pasajero y reducir el déficit del sistema. “La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit”, señaló.

Finalmente, el presidente insistió en que el aumento del salario de los conductores no impacta la tarifa técnica, reiterando la necesidad de avanzar hacia una flota que no dependa de hidrocarburos y que permita modificar el esquema de financiación del transporte público urbano.