Por qué Juliana Guerrero tiene esquema de seguridad si no es funcionaria del Gobierno: así lo justifica el director de la UNP

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, desmintió que Juliana Guerrero cuente con un esquema de seguridad compuesto por tres camionetas blindadas y nueve escoltas, calificando esa versión como una “exageración enorme”.

La aclaración se produjo tras las recientes denuncias de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, que manifestó una supuesta desigualdad en la protección asignada a Guerrero, que no es funcionaria pública en la actualidad.

Rodríguez explicó a La FM que existen procedimientos técnicos y legales para determinar las medidas de protección, y señaló que brindar detalles específicos del esquema supondría un riesgo para la integridad de los beneficiarios. “Si uno suministra esa información, personas interesadas en atentar contra la integridad de los protegidos podrían aprovecharla”, explicó el funcionario.

Adicionalmente, enfatizó que no puede revelar el número de vehículos ni de escoltas asignados, pero reiteró que “no tiene tres carros blindados y no tiene nueve escoltas, eso no es cierto”.

Sobre los motivos para que Guerrero cuente actualmente con protección, el director de la UNP le contó al medio de comunicación que ella fue funcionaria del Ministerio del Interior y, al reportar riesgos durante ese periodo, los comités técnicos determinaron la necesidad de brindar medidas preventivas. Actualmente, la revisión de su caso continúa bajo trámite ordinario, como corresponde a la población de activistas, afirmó Rodríguez.

El concejal Daniel Briceño cuestionó esquema de seguridad de Guerrero

A pesar de las declaraciones anteriores, el periodista Jacobo Solano expuso que la joven dispone de entre dos y tres camionetas y un equipo de seis a nueve escoltas. Este número varía según el nivel de riesgo de las regiones que visita, como el departamento del Cesar.

Solano describió la presencia de Guerrero como llamativa: “Parece que llega la primera dama de la nación, con una caravana que se destaca por donde pasa”. El comunicador cuestionó abiertamente las razones por las que una persona sin funciones públicas accede a tal cantidad de escoltas.

La asignación de este esquema de protección a Guerrero ha sido motivo de rechazo por parte de figuras del ámbito político. El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño fue uno de los más directos al señalar que existen líderes sociales en el país que enfrentan riesgos mucho mayores, sin recibir el mismo nivel de resguardo.

Briceño, a través de una publicación en X, dirigió su crítica directamente al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por autorizar esta provisión de seguridad: “3 carros blindados y hasta 9 escoltas para Juliana Guerrero pagados con los impuestos de los colombianos, mientras asesinan a líderes sociales, extorsionan comerciantes y atracan ciudadanos. El siniestro director de la UNP es una absoluta vergüenza para este país”.

De acuerdo con lo expuesto, la controversia gira en torno a dos ejes principales: por un lado, las dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso de titulación de Guerrero como contadora pública y tecnóloga en gestión contable; por el otro, la inconformidad por el uso de recursos estatales en su protección, dado que no cumple funciones en la administración pública.

El caso ha provocado un debate público acerca del criterio para asignar esquemas de seguridad en Colombia. Diversos sectores cuestionan por qué Guerrero, sin vínculo formal con el Estado, recibe este tipo de protección, mientras que otros ciudadanos vulnerables carecen de resguardo suficiente. La discusión permanece abierta y la UNP enfrenta presiones para explicar los fundamentos de su decisión y la forma en que evalúa los riesgos de las personas protegidas.

El caso de Juliana Guerrero ha puesto en evidencia la falta de consenso sobre los criterios y la transparencia en la asignación de esquemas de protección en Colombia, generando cuestionamientos sobre la equidad en el uso de recursos estatales y el acceso a medidas de seguridad. La polémica resalta la necesidad de revisar los procesos de evaluación y comunicación de la UNP ante el escrutinio público.