El próximo presidente de Colombia enfrentará un sistema energético en estado crítico. Los riesgos de abastecimiento, presiones fiscales, retrasos en la transición energética e insuficiencias de cobertura amenazan con provocar una crisis si no se priorizan medidas urgentes en cuatro ámbitos clave.
Si no se responden de inmediato, podría haber racionamiento energético, aumentos tarifarios y desestabilización fiscal, según coinciden los últimos análisis.
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Según un reciente informe de El Espectador, Colombia atravesó tres décadas de relativa estabilidad en materia energética. Ese periodo terminó debido a problemas acumulados que hoy se traducen en señales de alarma. El país experimenta dificultades para reponer sus reservas de gas natural y ha avanzado con lentitud en nuevos proyectos de generación y transmisión eléctrica.
A esta situación se suma una creciente incertidumbre normativa. Las recientes decisiones regulatorias, la estigmatización del sector privado y los incumplimientos financieros del Estado con las empresas han minado la confianza de los inversores y obstaculizado la expansión del sector.
Además, la transición energética no avanza al ritmo que exige la realidad socioeconómica, lo cual limita la modernización de la matriz y dificulta progresos en la reducción de la pobreza energética.
Expertos advierten que la próxima administración deberá actuar de manera simultánea en cuatro frentes esenciales. El primero es la inclusión energética. Más de cuatro millones de colombianos siguen sin acceso efectivo a energía confiable.
Esta brecha afecta sobre todo a zonas rurales y apartadas, donde las soluciones tecnológicas convencionales no siempre se adaptan a las circunstancias sociales y económicas. Remediar esta situación requerirá inversión pública constante, modelos operativos adaptados a cada territorio y un enfoque que priorice el bienestar social.
Según Tomás González Estrada, director del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), el segundo objetivo es garantizar la entrada oportuna de proyectos de generación y transmisión.
Los retrasos, la incertidumbre en la regulación y conflictos territoriales han restringido la capacidad de respuesta frente a los picos de demanda. Esto expone al sistema a un mayor riesgo de cortos suministros en los próximos años.
“También necesitará más gas natural del que hoy muchos están dispuestos a admitir, y las inversiones necesarias para cerrar el hueco de 100.000 barriles por día que se estima hoy va a hacer falta para poder cumplir el marco fiscal de mediano plazo”, señaló González a El Espectador.
Un tercer reto es la sostenibilidad fiscal del sector energético. Las empresas del sector, junto con las regalías e impuestos que genera Ecopetrol, han aportado más de 63 billones de pesos anuales en los mejores años. Ninguna otra actividad contribuye tanto al financiamiento del gasto social.
Actualmente, el presupuesto estatal está bajo presión por deudas acumuladas superiores a seis billones con empresas comercializadoras de electricidad, subsidios derivados de la pandemia y un desembolso sostenido de cerca de ocho billones de pesos anuales para mantener el precio bajo del diésel. La posible liberalización de precios de los combustibles se contempla como vía para saldar deudas y aliviar tensiones financieras del sector.
Por último, la transición energética enfrenta un cuello de botella propio. La meta de descarbonización —originalmente fijada para 2030— fue pospuesta hasta 2035, pero aún no existe una hoja de ruta definida para alcanzarla.
El desarrollo de energías limpias demandará inversiones privadas a gran escala y un enfoque realista en las políticas públicas. “Necesitamos menos consignas y promesas vacías, y más enfoque en el realismo y la acción bajo una comprensión clara de que el sector privado es el único capaz de hacer las inversiones en la magnitud y la velocidad que se necesita”, señaló González al diario nacional.
La inacción en estos frentes incrementaría el riesgo de racionamientos eléctricos, crisis fiscales recurrentes y una pérdida de confianza ciudadana en la gestión de la política energética. El costo de postergar decisiones sería mayor que el de adoptarlas con oportunidad y firmeza.
“La energía no es un sector más: es la sangre del sistema económico que permite crear empleo y reducir la pobreza”, concluyó Tomás González.
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