La publicación del borrador de decreto que desindexa el salario mínimo de los precios de la vivienda de interés social (VIS) generó preocupación y dudas entre compradores, constructores y analistas del sector.
Cabe destacar que esta medida coincidió con el aumento del salario mínimo de 2026 al 23%, lo que llevó a suponer que la normativa buscaba compensar este incremento; sin embargo, el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para desmentir esta relación y explicar con claridad los motivos detrás de la decisión.
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En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que los precios de las viviendas no dependen directamente del salario mínimo, sino de factores como los materiales de construcción, los intereses para financiar los proyectos y el precio de la tierra.
El presidente escribió en su corto post que: “Que tiene que ver el valor de la vivienda con el salario vital, muy poco. Una parte del costo laboral es el salario vital, pero el precio de la vivienda depende de sus materias primas, de los intereses para construir, hoy muy altos, del precio de la tierra, etc.”.
“Indexar el precio de la vivienda por el salario vital, es una aberración económica”, escribió Petro, al poner fin a las especulaciones sobre un supuesto efecto del salario mínimo en los costos de la vivienda VIS.
Con la iniciativa, el Gobierno apunta a consolidar un sistema de precios más previsible y justo para la vivienda de interés social, al asegurar que los compradores puedan planificar sus pagos sin riesgo de sorpresas y que el mercado funcione bajo criterios objetivos de costo y construcción.
¿Qué significa desindexar la vivienda del salario mínimo?
No obstante, el decreto, que aún no es firmado, establece que todos los proyectos de vivienda de interés social deberán fijar su precio en pesos colombianos desde el inicio de cualquier negociación, ya sea la separación, la promesa de compraventa o un encargo fiduciario, lo que cambia las dinámicas en este mercado.
Según el borrador, “en ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente con posterioridad a la separación, a la suscripción de la promesa de compraventa o del documento que haga sus veces”.
La normativa también establece que solo se permitirá un aumento en el valor de la vivienda durante la ejecución del proyecto en casos excepcionales, cuando se comprueben incrementos en los costos de construcción.
Dichos aumentos deberán ser reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que será la entidad encargada de verificar y certificar los ajustes; de no existir esta comprobación, cualquier incremento será considerado inválido.
El borrador incluye además disposiciones específicas para proteger los derechos de los consumidores. Se considerará práctica abusiva no fijar el precio en pesos desde el inicio de la comercialización.
También será sancionable la dilación injustificada de la firma de la promesa de compraventa o de la escrituración con el objetivo de cobrar incrementos derivados del salario mínimo.
La norma prohíbe la inclusión de cláusulas que puedan perjudicar al comprador y exige que cualquier cambio en la fecha de entrega, por causas no imputables al vendedor, sea informado con antelación y debidamente justificado.
Frente a esto, Petro insistió en que estas medidas buscan transparencia y estabilidad, al evitar que los compradores enfrenten costos inesperados durante el proceso de adquisición de una vivienda VIS.
Respecto al valor máximo de estas viviendas, el borrador establece que para 2026 no podrá superar los 135 salarios mínimos legales ($236.370.000). Esta cifra fija un límite concreto que busca garantizar el acceso a vivienda digna sin que las variaciones externas, como la subida del salario mínimo, afecten la planificación financiera de los compradores, pese a que el mandatario dice lo contrario.
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