La representante a la Cámara Carolina Arbeláez cuestionó los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre el sector constructor, en los que hizo referencia a una presunta “estafa delictiva” relacionada con la fijación de precios de la Vivienda de Interés Social (VIS).
La congresista afirmó que este tipo de señalamientos ha generado efectos en un sector que incide directamente en el empleo y en la dinámica económica, según declaraciones recogidas por la Revista Semana.
De acuerdo con Arbeláez, los precios de la VIS no son definidos de manera autónoma por las constructoras, sino que están regulados por disposiciones legales vigentes.
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Explicó que los topes máximos se encuentran establecidos en la normativa y en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, lo que, a su juicio, limita cualquier interpretación sobre incrementos arbitrarios en el valor de este tipo de vivienda.
La representante sostuvo que los límites de precio de la VIS están indexados al salario mínimo, pero aclaró que dicha indexación corresponde a topes máximos y no a aumentos automáticos. En ese sentido, afirmó que presentar esta condición como una práctica irregular “distorsiona la realidad” del funcionamiento del mercado de vivienda social.
Arbeláez señaló que los pronunciamientos oficiales han generado “miedo, incertidumbre y desconfianza” en el sector constructor. Según indicó, estas percepciones pueden incidir en la toma de decisiones de inversión y en el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, particularmente aquellos orientados a población de menores ingresos.
En su análisis, la congresista hizo referencia al impacto del incremento del salario mínimo, que para 2026 quedó fijado en 2.000.000 de pesos, sobre los costos asociados a la construcción de vivienda. Indicó que este aumento se refleja en insumos, mano de obra y procesos administrativos, elementos que forman parte de la estructura de costos del sector.
Otro de los puntos mencionados fue la cancelación del programa Mi Casa Ya, que, según afirmó, tuvo efectos directos en el acceso a vivienda durante 2025. Arbeláez indicó que esta decisión dejó a más de 24.000 familias sin la posibilidad de adquirir una vivienda, pese a contar con créditos aprobados y ahorros previamente comprometidos.
“Familias con créditos aprobados, ahorros comprometidos y procesos avanzados tuvieron que desistir”, afirmó la representante, al referirse a los efectos de la suspensión del programa de subsidios. Según explicó, estos casos evidencian impactos en hogares que ya habían avanzado en trámites financieros y contractuales.
La congresista citó cifras del sector que reflejan una caída superior al 40 % en las ventas de vivienda nueva. De acuerdo con su planteamiento, este comportamiento no estaría relacionado con la actuación de los constructores, sino con decisiones de política pública que habrían afectado la dinámica del mercado inmobiliario.
Arbeláez también se refirió a los efectos en el empleo, especialmente en actividades vinculadas a la construcción. Señaló que, según datos del DANE, la informalidad laboral en este sector alcanzó el 70 %, un indicador que, en su criterio, refleja dificultades estructurales que requieren atención institucional.
La representante advirtió que convertir al sector constructor en un adversario del Gobierno constituye “un error político y económico”. Según explicó, la construcción ha sido históricamente uno de los motores del crecimiento y del empleo, por lo que consideró necesario mantener un entorno de diálogo y reglas claras.
Asimismo, cuestionó que, pese a los anuncios oficiales sobre una “revolución de la vivienda”, se estén desarrollando menos proyectos habitacionales y otorgando menos licencias. A su juicio, esta situación contrasta con los objetivos planteados en materia de acceso a vivienda social.
Arbeláez indicó que la política de vivienda requiere coordinación entre el sector público y el privado, así como estabilidad normativa que permita planificar a largo plazo. En ese contexto, recordó experiencias de administraciones anteriores que, según señaló, lograron resultados medibles en términos de construcción y acceso a vivienda.
Finalmente, la congresista reiteró que la credibilidad es un elemento central para el funcionamiento de la política social, especialmente en un sector que depende de la confianza de inversionistas, entidades financieras y hogares.
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