Gobierno Nacional retoma plan para desligar precios de la vivienda social del salario mínimo tras ajuste del 23% en 2026

Tras el reciente ajuste del salario mínimo en Colombia, el Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa su intención de desligar los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) del salario mínimo legal mensual vigente.

La iniciativa fue retomada días después de que se confirmara el incremento del 23 %, que dejó el ingreso base en más de $1.750.000 para 2026, según información publicada por la Revista Semana.

La propuesta no es nueva dentro de la agenda económica del Ejecutivo. Sin embargo, el nuevo valor del salario mínimo reactivó el debate sobre su impacto en sectores regulados, entre ellos el mercado de vivienda social, cuyos topes de precios se calculan actualmente con base en el salario mínimo.

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En Colombia, la VIS corresponde a proyectos habitacionales dirigidos a hogares de ingresos bajos y medios. Estos inmuebles tienen un precio máximo fijado por el Gobierno, que en las principales ciudades puede llegar hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Por su parte, la VIP es un segmento de la vivienda social con un tope inferior, establecido en 90 SMMLV, y está enfocada en población de menores ingresos.

Con el incremento salarial decretado para 2026, los valores máximos de estas viviendas también se ajustaron automáticamente.

De acuerdo con los cálculos divulgados, el precio tope de una vivienda VIS pasó de aproximadamente $213.525.000 a cerca de $262.500.000, mientras que el valor máximo de una VIP aumentó de $128.115.000 a alrededor de $157.500.000. Estos cambios se derivan directamente de la indexación vigente al salario mínimo.

La desindexación propuesta busca modificar ese mecanismo, de modo que los precios de la vivienda social no sigan automáticamente las variaciones del salario mínimo. El Gobierno ha planteado que este ajuste permitiría reducir presiones sobre el costo final de los proyectos habitacionales dirigidos a los sectores más vulnerables.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió recientemente al estado de esta iniciativa. En declaraciones a Caracol Radio, el funcionario explicó que el decreto correspondiente ya se encuentra en proceso de análisis.

Según indicó, el Ejecutivo está revisando cuidadosamente las consideraciones jurídicas con el fin de evitar que la norma sea objeto de demandas ciudadanas o de objeciones por parte de las altas cortes.

Durante esa intervención, Sanguino señaló que el Gobierno ha avanzado previamente en procesos similares. Indicó que cerca de 225 ítems de la economía ya han sido desindexados, en su mayoría bienes de consumo, como parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia del salario mínimo como referencia automática de precios y tarifas.

En el caso específico del sector vivienda, la discusión se centra en cuál sería el nuevo indicador que reemplazaría al salario mínimo como base de cálculo. Expertos del sector han advertido que el cambio podría implicar la indexación a otras variables, como la Unidad de Valor Real (UVR) u otro tipo de unidad de referencia, lo que modificaría la estructura de costos de los proyectos.

De acuerdo con análisis sectoriales citados por Semana, la incertidumbre es uno de los principales efectos señalados. Los desarrolladores han manifestado que una modificación en las reglas de indexación podría afectar especialmente a los proyectos que aún no han sido lanzados al mercado, dado que sus modelos financieros fueron estructurados bajo el esquema vigente.

También se ha advertido que este escenario podría generar deserciones en la compra de vivienda, especialmente entre hogares que ya habían iniciado procesos de separación o planeación financiera con precios calculados bajo el sistema anterior. El ajuste de expectativas frente a los valores finales de los inmuebles es uno de los puntos que sigue en análisis dentro del sector.

Desde la perspectiva gremial, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se pronunció sobre los efectos del aumento del salario mínimo en el mercado inmobiliario. El gremio señaló que, como consecuencia directa del alza salarial, **el costo de la vivienda VIS podría incrementarse cerca de un 10 %, cifra que refleja el impacto de la indexación actual.

Este contexto es el que ha llevado al Gobierno a insistir en la necesidad de revisar el esquema. La desindexación, según lo planteado, busca evitar que aumentos significativos del salario mínimo se trasladen de manera automática a los precios de la vivienda social, aunque el alcance final de la medida dependerá del contenido definitivo del decreto.