Aumento del salario mínimo de 2026 condicionaría a los colombianos en pleno año de elecciones: hay alerta por las tarifas

El decreto que establece un aumento del 23% en el salario mínimo en Colombia para 2026 sigue generando inquietudes por el impacto macroeconómico para el país. La calificadora Fitch Ratings advirtió que la medida incrementará las presiones inflacionarias y fiscales, pese a que el presidente Gustavo Petro defendió el ajuste, al señalar que está orientado a reducir la pobreza y mejorar la capacidad de las familias para cubrir bienes básicos.

Petro precisó que el nuevo salario mínimo mensual, sumando el subsidio de transporte, será de $2.000.000. El beneficio alcanzará a unos 2.500.000 de trabajadores y representa el último ajuste salarial antes de las elecciones presidenciales previstas para mayo de 2026. La decisión se tomó mediante decreto ante el fracaso de las negociaciones entre empleadores y sindicatos sobre el porcentaje del incremento.

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Al respecto, esta llamó la atención porque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, estimó que el costo fiscal directo del aumento será de $7 billones (0,35% del PIB), motivado por el alza en los salarios públicos y la indexación de ciertas pensiones. El funcionario remarcó que el ajuste repercutirá en la estructura del gasto estatal.

Además, el Gobierno estableció medidas tributarias adicionales por $11 billones (0,6% del PIB) para contener el déficit, aunque, según Fitch, dichos recursos no bastan para cubrir el desbalance de $16 billones (0,9% del PIB) previo al incremento salarial.

Riesgos inflacionarios y política monetaria

La calificadora estadounidense resaltó que el aumento del salario mínimo intensificará tanto las presiones de demanda como de oferta en la inflación. Por un lado, incrementará el ingreso de los hogares con mayor propensión al consumo. Por otro, elevará los costos de producción de las empresas. Según la misma, esto podría “desanclar aún más las expectativas de inflación”, lo que condicionaría la evolución de los precios y la fijación de tarifas en la economía local.

Asimismo, alertó que los controles de precios, una de las opciones que evalúa el Gobierno, serían insuficientes para revertir la tendencia inflacionaria actual. Los mercados financieros anticipan una inflación del 6% para 2026, por encima del 5,3% registrado en noviembre y muy lejos de la meta de 3% establecida por el Banco de la República desde 2021.

De igual manera, advirtió que el Banco de la República probablemente tendrá que elevar la tasa de política monetaria (9,25% actual) más rápido y al alza de lo previsto.

Antes, se proyectaba un aumento hasta el 10,25%, pero los escenarios actuales sugieren que podría superar el 11%. Aunque el ajuste podría estimular el consumo y el crecimiento en el corto plazo, Fitch considera que el endurecimiento de la política monetaria limitará cualquier efecto positivo, lo que pone en duda la previsión oficial de expansión del 2,9% del PIB en 2026.

Impacto fiscal, empleo formal y contexto político

De acuerdo con la agencia, el panorama fiscal se complica por el aumento de la masa salarial y los costos de endeudamiento del Estado. Señaló que el incremento podría dificultar la creación de empleo formal y reducir la recaudación por impuestos sobre la nómina.

Atribuyó la fragilidad fiscal de Colombia al uso reiterado de decretos de emergencia ante la falta de consensos en el Congreso de la República para aprobar reformas, lo que evidencia dificultades de gobernabilidad. Recordó que la situación fue determinante en la reciente rebaja de la calificación soberana a BB/Estable el pasado 16 de diciembre.

Billonaria deuda pública

Con vistas a 2027, Fitch Ratings proyecta una deuda pública del 62,8% del PIB para Colombia, lo que supera la mediana del 53,8% observada en países de calificación similar. Además, prevé que la fragmentación política, en un año con elecciones legislativas y presidenciales, obligará al próximo gobierno a negociar con varias fuerzas en el Congreso de la República para avanzar cualquier reforma fiscal.

Incluso si se logra una nueva reforma tributaria, estima que el recaudo sería inferior al 1% del PIB, por lo que se requerirán esfuerzos de varios años para estabilizar las cuentas nacionales.