Salario mínimo de 2026: Gobierno Petro explicó la fórmula que hay para que no suba el precio de la vivienda con el aumento

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en un 23%, tiene muy preocupado el sector de la construcción sobre los efectos en el precio de la vivienda de interés social, los derechos de los compradores y las condiciones laborales. A esto se debe sumar ahora la expedición de la Circular 004/24 del Ministerio de Vivienda, junto con la cancelación del programa Mi Casa Ya y la controversia en torno a la fijación de precios, que ya dejó a más de 24.000 familias en medio de incertidumbre.

Por eso, el ministro de Vivienda, Antonio Sanguino, explicó en entrevista con Caracol Radio que el Gobierno de Gustavo Petro busca “una fórmula que proteja el derecho de las familias de menores ingresos y trabajadores a la vivienda de interés social y prioritario, disminuyendo el impacto del incremento del salario mínimo en el costo de este tipo de vivienda”.

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Añadió el funcionario que la administración estudia un decreto para desvincular el precio de la vivienda de interés social de los ajustes al salario, decisión que se analiza junto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y otros asesores legales. Sanguino resaltó que la decisión de incrementar el salario mínimo se tomó después de conversaciones con los Ministerios de Hacienda, de Vivienda y del Trabajo.

De paso, destacó que “el Gobierno ha desindexado 225 bienes e ítems que estaban atados al salario mínimo”, lo que resalta el esfuerzo por evitar que el alza salarial lleve automáticamente a aumentos que afecten a la población vulnerable.

Decisiones y argumentos del Gobierno sobre la desindexación

La controversia creció cuando el presidente Gustavo Petro solicitó en X que las empresas constructoras modificaran sus prácticas, ya que estarían estafando a los colombianos. “Solicito a las empresas constructoras dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital, esa es una estafa delictiva”.

Asimismo, el mandatario pidió a la Superintendencia de Vigilancia que investigue y sancione este tipo de acciones, y aclaró que “el costo laboral en las construcciones es solo una parte del costo total”, además de recordar que “muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio”.

Frente a esto, el Ministerio de Vivienda, por medio de la Circular 004/24, recalcó que todas las inmobiliarias deben dar a conocer de forma transparente el valor de las propiedades y estableció que “el precio de la vivienda en Colombia se debe informar en pesos colombianos. El consumidor solo estará obligado a pagar el precio que le sea informado en el momento en que este manifieste su voluntad de adquirir el bien”.

De igual manera, dispuso la obligatoriedad para inmobiliarias y vendedores de presentar el precio de la vivienda de manera exclusiva en pesos colombianos, por lo que insistió en que “el consumidor solo estará obligado a pagar el precio que le sea informado en el momento en que este manifieste su voluntad de adquirir el bien”.

Dicha disposición apunta a fortalecer la protección de los hogares colombianos, procurando una comunicación transparente en la venta, lo que evitaría malentendidos relacionados con incrementos estipulados en función del salario mínimo.

Postura del sector constructor

Ante lo que pide el Gobierno, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), sostiene que los límites de precio para la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Precisó el experto en que “la indexación al salario mínimo es una obligación legal” y remarcó que estos topes “actúan como límites máximos, no como incrementos automáticos de precios”.

Asimismo, advirtió que “el aumento del salario mínimo tomó por sorpresa a toda la economía y se suma a un contexto ya crítico”. Según la misma, “más de 24.000 familias desistieron de adquirir vivienda en 2025 debido a la cancelación del programa Mi Casa Ya”, lo que alimentó la preocupación sobre la estabilidad de precios y el acceso a propiedad.

Hace falta una ley

El economista Víctor Saavedra, exdirector de Atenea, puntualizó que el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Petro estableció “un máximo de 150 salarios mínimos ($300.000.000) para las viviendas de interés social en ciudades principales”. Explicó que “para modificar ese límite hace falta una ley”, trámite que el Ejecutivo no ejecutó.

Además, hizo fuertes críticas sobre los cambios impulsados por el Gobierno. “Ahora, arbitrariamente, intenta controlar los precios. El Gobierno acabó Mi Casa Ya y ha llevado a una contracción de la VIS de 40%”, remarcó. Sostuvo que se “destruyó un programa que ha beneficiado cerca de un millón de colombianos” y lamentó que no existan nuevas alternativas, señalando que el Gobierno “no construyó programas de vivienda rural, mejoramientos o arrendamientos social efectiva”.

La combinación entre el fin de subsidios, el aumento salarial y la incertidumbre normativa ha repercutido negativamente en la confianza de hogares, constructores y el sector financiero. Según Saavedra, la “destrucción de políticas y programas de vivienda afecta la base misma del desarrollo urbano y la protección social”.