El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón advirtió sobre la seguridad en el contexto electoral colombiano, señalando que existen zonas vedadas para los aspirantes debido al dominio de grupos armados ilegales.
Así lo dio a conocer por medio de un comunicado de prensa emitido el miércoles 7 de enero de 2026, en la antesala de la jornada de marchas convocadas por el gobierno de Gustavo Petro.
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Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Washington (EE. UU.), indicó que el control territorial ejercido por las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo (también denominado como el Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y otras organizaciones criminales está limitando el acceso de los candidatos a determinadas regiones del país.
Según sus palabras, “los candidatos no pueden ir a ciertas zonas porque están bajo el control territorial” de estos grupos.
El candidato por el partido Verde Oxígeno afirmó que existen áreas del país donde la votación estaría directamente influenciada por las órdenes de los armados ilegales, y que ellos determinan el sufragio en función de su presencia en el territorio.
De acuerdo con Pinzón, esta situación representa un riesgo para el ejercicio democrático y requiere acompañamiento internacional y observación permanente en el proceso electoral.
Asimismo, el dirigente político hizo referencia a la situación en Venezuela y sus posibles repercusiones en Colombia.
El candidato presidencial señaló su preocupación por la posibilidad de que “los criminales y narcotraficantes de origen colombiano, que están en territorio venezolano”, puedan cruzar la frontera, generar nuevas dinámicas de violencia e incidir en el proceso electoral colombiano.
En la parte final de su misiva, Pinzón rescató que la relevancia de que se concrete una transición democrática en Venezuela, al considerar “necesario que este régimen actual se termine y haya una transición en Venezuela que permita el regreso a la democracia”.
Según Pinzón, esto es fundamental tanto para los ciudadanos venezolanos como para los colombianos, afectados por la situación en el país vecino y las acciones de grupos armados vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
La situación de los grupos armados ilegales colombianos que hacen presencia en Venezuela
El reporte de inteligencia militar al que accedió Infobae Colombia advierte que más de 6.000 miembros de organizaciones ilegales, principalmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc, operan en la frontera entre Colombia y Venezuela.
La alerta surge tras la detención de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, durante la denominada Operación Resolución Absoluta, realizada en la madrugada del 3 de enero de 2026.
La caída del régimen venezolano y la presión militar ejercida por Estados Unidos han forzado a estos grupos armados ha a reconsiderar su permanencia en territorio venezolano.
El informe de inteligencia indica que la llegada de tropas estadounidenses al mar Caribe, por orden del presidente Donald Trump, aceleró los movimientos de las estructuras criminales, que hasta ahora contaban con protección estatal en Venezuela.
El documento identifica a 6.158 integrantes activos del ELN en la zona fronteriza, con 1.276 de ellos delinquiendo desde Venezuela bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito.
Entre los líderes señalados figuran Silvana Guerrero, “Ricardo”, Parmenio, “Caballo de Guerra”, Cendales y Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García.
Las disidencias de las Farc, en especial la Segunda Marquetalia, operan bajo la dirección de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Géner García Molina, conocido como John 40 o Francisco.
De acuerdo con el reporte militar, 186 cabecillas de alto y mediano nivel de estas organizaciones han sido plenamente identificados operando desde territorio venezolano.
Además, la infraestructura criminal en la frontera incluye al menos 30 pistas clandestinas usadas para el tráfico de oro, drogas y armas, lo que ha sostenido las economías ilícitas y facilitado la operatividad de los grupos armados durante el régimen de Maduro.
El informe detalla que existen tres puntos estratégicos en Venezuela donde se concentran las disidencias de las Farc, principalmente bajo los mandos de alias Gonzalo o “Chalo”, “Iván Márquez” y “John 40″.
La posible retirada de estas estructuras hacia Colombia podría modificar el equilibrio del conflicto armado, incrementando las disputas territoriales en departamentos como Arauca, Norte de Santander, Vichada y Guaviare.
Uno de los objetivos inmediatos del ELN, según el documento, sería recuperar bastiones en la subregión del Catatumbo para asegurar sus fuentes de financiamiento.
El expediente judicial presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, liderado por la fiscal general Pamela Bondi, vincula a funcionarios venezolanos con el tráfico de drogas y el respaldo logístico a las Farc, sus disidencias y organizaciones como el Tren de Aragua.
Estas alianzas facilitaron la expansión del narcotráfico y el terrorismo transnacional, estableciendo rutas de cocaína hacia Estados Unidos y consolidando una infraestructura criminal de alcance regional.
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