El ministro de Justicia Andrés Idárraga, anunció la presentación de una denuncia penal contra los congresistas Lina Garrido, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal por, según sus palabras, “incentivar intervención militar extranjera” en Colombia.
El pronunciamiento se produjo tras las publicaciones realizadas por los tres legisladores en sus cuentas de X, en las que, a raíz de la operación militar de la Fuerza Delta de Estados Unidos en Venezuela —que terminó con la captura de Nicolás Maduro—, sugirieron la viabilidad de una acción similar en el país.
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En consecuencia, y durante una entrevista la mañana del miércoles 7 de enero de 2026 con la emisora W Radio, Idárraga recalcó:
“Nosotros lo que no creemos que se pueda naturalizar es que una autoridad, un representante en este caso del Congreso, simplemente vaya sacando afirmaciones como las que han venido sacando esos congresistas que ustedes acaban de mencionar y que nuestra consideración jurídica claramente ponen en riesgo la existencia democrática en Colombia de las instituciones”, inició el jefe de la cartera de Justicia en su intervención.
El ministro defendió la denuncia argumentando que dichas expresiones exceden los límites de la opinión política y pueden constituir un delito tipificado en el Código Penal colombiano.
La controversia surgió después de los mensajes publicados por Garrido, Hernández y Cabal en la red social X, en los que hacían alusión a la posibilidad de que una fuerza extranjera interviniera en Colombia, tomando como referencia la Operación Resolución Absoluta autorizada por el presidente estadounidense Donald Trump, que a la postre representó la caída de Maduro junto a su esposa Cilia Flores.
Las declaraciones que además de mensajes incluyeron videos (de Cabal, Garrido y Polo Polo) motivaron el rechazo del Ejecutivo y la presentación formal de la denuncia penal.
Idárraga afirmó en charla con el director del programa matutino de la emisora, Julio Sánchez Cristo, que “el futuro de la denuncia penal, que en mi caso radiqué, y también entiendo que el ministro (de Trabajo) (Antonio) Sanguino hizo otras, o algunos congresistas también hicieron, es algo que tiene que determinar, pues en este caso la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”.
De acuerdo con el funcionario, será esta instancia la que decida si hay mérito para abrir una investigación formal contra los congresistas involucrados.
Luego, al jefe de la cartera de Justicia le consultaron sobre la pertinencia de judicializar este tipo de expresiones, históricamente poco investigadas en Colombia, frente a lo que el ministro insistió en la gravedad de los hechos.
“Es una contradicción profunda que mientras hablaron siempre en estos cuatro años de la defensa de la institucionalidad, salgan con ese tipo de afirmaciones que, ad portas de unas elecciones al Congreso, ad portas de unas elecciones presidenciales, podrían terminar golpeando de manera muy fuerte esta lección democrática”, puntualizó Idárraga.
El ministro destacó que Colombia cuenta con un presidente elegido constitucionalmente y más de 11 millones de votos, y calificó como “absurdos” e “injustificables” los llamados a desconocer la institucionalidad con argumentos que, en su opinión, solo encuentran sustento en la coyuntura electoral.
Sobre la libertad de expresión, el ministro reconoció que los congresistas han planteado que las denuncias buscan restringir sus derechos pero sostuvo que “esas opiniones tienen límites”.
Idárraga amplió esta última idea así: “La Corte lo ha expresado de sentencia sobre esos límites, en este caso de los congresistas, que opiniones políticas no se les puede acusar. En eso, digamos, en principio, la base de la defensa de ellos que han expuesto está clara. Sin embargo, es precisamente la Corte la que ha venido expresando que hay alguna serie de conductas, alguna serie de expresiones que van más allá de expresiones políticas”.
Para Idárraga, las afirmaciones hechas en X tras la operación en Venezuela superan el umbral de la opinión y representan un riesgo para la existencia misma del Estado colombiano.
Ministro de Justicia confirmó que Gustavo Petro no tiene órdenes judiciales en Estados Unidos
En relación con la cooperación internacional y el contexto geopolítico que marca una tensa relación entre los gobiernos de Colombia (liderado por Gustavo Petro) y EE. UU. (Donald Trump), el ministro de Justicia aclaró:
“De ninguna manera tenemos conocimiento de algún proceso aperturado, de alguna solicitud de alguna corte en Estados Unidos que amerite algo contraído los caballos en este momento, como es legitimar que una autoridad americana se llevara al presidente de los colombianos”, explicó Idárraga.
El ministro añadió que los canales de comunicación con el gobierno estadounidense, sobre todo en materia de lucha antidrogas, se mantienen abiertos y activos, y que la colaboración no se ha visto afectada por la coyuntura política derivada de los acontecimientos en Venezuela la madrugada del sábado 3 de enero de 2026.
Durante la entrevista, Idárraga recalcó en la necesidad de “bajar el tono” a la confrontación verbal y llamó a mantener la institucionalidad.
“Tenemos que bajarle el tono. Esto se puede... No es necesario agrandar más esto. Aquí lo podemos ir trabajando. De nuevo, estamos ad portas de unas elecciones, entonces aquí, como siempre lo he dicho, las formas son importantes y en la medida en que le bajemos a algunas pasiones podemos seguir llevando la región del país de manera democrática, justa, respetuosa”, comentó el funcionario del Gobierno Petro.
Andrés Idárraga concluyó su intervención al mencionar que pese a la polémica y a los cuestionamientos sobre la efectividad de este tipo de denuncias, lo fundamental es que “sean los jueces de la República quienes decidan lo que sigue”.
Mientras tanto, el escenario político colombiano se mantiene en alerta ante el desarrollo de los procesos judiciales y la reacción de los sectores políticos implicados. Más aún, después de lo que será el discurso del presidente Petro en la plaza de Bolívar de Bogotá, y que se espera la tarde-noche del miércoles 7 de enero, día en que se convocaron marcha en todo el país.
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