Un nuevo hecho de violencia sacudió al sur del país y reavivó la preocupación por la seguridad en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
En la noche del lunes 5 de enero de 2026, un ataque con armas de largo alcance contra una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, dejó dos uniformados muertos y otros dos gravemente heridos, mientras realizaban labores de vigilancia rural.
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El atentado ocurrió cuando los policías adelantaban controles de rutina en la vía que conduce hacia el corregimiento de El Paujil, un sector catalogado por las autoridades como de alta complejidad en materia de orden público.
De acuerdo con reportes oficiales, los uniformados fueron sorprendidos por ráfagas de fusil disparadas desde puntos estratégicos, en una acción directa que no les dio oportunidad de reacción.
Las víctimas fatales fueron identificadas como el subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes Moreno. Ambos fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la emboscada.
Según la Policía Nacional, los dos funcionarios cumplían funciones constitucionales de protección ciudadana cuando fueron atacados por presuntos integrantes de organizaciones armadas ilegales que operan en esta zona del Caquetá.
El ataque también dejó heridos al intendente Jhorjan Fabián Márquez Souza y al subintendente John Ferney Suárez Taborda.
Los dos uniformados recibieron atención inicial en el sitio y posteriormente fueron evacuados por vía aérea hasta la clínica Medilaser de Florencia, donde permanecen bajo observación médica especializada. Su estado de salud fue calificado como delicado por fuentes oficiales.
Las primeras hipótesis apuntan a la responsabilidad de disidencias de las antiguas Farc que mantienen presencia armada en el sur del país.
Según información conocida por medios de comunicación, el ataque habría sido ejecutado por integrantes del frente Rodrigo Cadete, estructura perteneciente al Estado Mayor de Bloques, bajo el mando de alias Calarcá.
Las autoridades señalaron que este grupo ha protagonizado recientes acciones violentas contra la Fuerza Pública en Caquetá, aprovechando economías ilícitas y corredores estratégicos.
Pronunciamiento del procurador General
Tras conocerse los hechos, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un pronunciamiento en el que condenó de manera categórica el atentado.
El jefe del Ministerio Público expresó su rechazo “contundente” frente a la agresión armada y manifestó solidaridad con las familias de los policías asesinados.
Desde la Procuraduría General hizo además un llamado a respetar las instituciones y a rechazar cualquier forma de violencia contra quienes ejercen funciones de autoridad en el territorio nacional.
Por su parte, el general Eliecer Camacho, alto oficial de la institución, emitió un pronunciamiento público en el que condenó de manera categórica el hecho violento.
A través de un mensaje difundido en redes sociales expresó “profundo rechazo” por el ataque que cobró la vida del subintendente Luis Alfonso Flórez Flérez y del patrullero Rusbel Alfredo Lesmes Moreno.
El uniformado también manifestó respaldo a los familiares, allegados y compañeros de las víctimas, señalando que atraviesan un “dolor inmenso” tras la pérdida.
El crimen, ocurrido en medio de labores operativas, volvió a encender el debate nacional sobre seguridad, control territorial y protección a la Fuerza Pública en regiones apartadas. Diversos sectores exigieron acciones contundentes frente a los grupos armados que operan en esa zona del país.
Entre las voces críticas apareció la del dirigente gremial José Félix Lafaurie, esposo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien lanzó una pulla directa al presidente Gustavo Petro.
En una publicación de X cuestionó el silencio del mandatario frente al ataque y afirmó: “Ojalá se lamentara o por lo menos mencionara y condenara el asesinato”. Además, recordó que el hecho ocurrió en un área donde actúan estructuras disidentes, a las que calificó como “hermanos” de las Farc.
Mientras avanzan las investigaciones judiciales, el caso reaviva la discusión sobre la estrategia gubernamental frente al orden público y la respuesta estatal ante hechos que enlutan nuevamente a la institución policial.
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