El Consejo de Seguridad de la ONU fue escenario, en la primera semana de enero, de una denuncia formal de Colombia ante la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela. El propósito de la intervención armada fue la captura y traslado del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York.
La delegada colombiana Leonor Zalabata Torres advirtió sobre el riesgo de que América Latina deje de ser reconocida como una zona de paz y reclamó una acción internacional responsable ante las implicaciones geopolíticas y humanitarias.
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En la madrugada del 3 de enero, fuerzas especiales estadounidenses irrumpieron en Caracas y zonas aledañas. La operación incluyó bombardeos sobre instalaciones civiles y militares.
“Colombia condena de manera categórica los sucesos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, en donde se han registrado múltiples explosiones y actividad aérea sobre Caracas y otras zonas del país, en el contexto de un ataque militar llevado por los Estados Unidos, el cual ha incluido bombardeos sobre instalaciones civiles y militares, generando pánico entre la población”, señaló la representante colombiana ante las Naciones Unidas.
Zalabata definió el episodio como una afrenta directa a los principios del derecho internacional. “No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, incluida la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, el principio de respeto a la soberanía y autoridad plena de los estados sobre su territorio, incluyendo sobre sus recursos naturales”, señaló.
La embajadora también advirtió que la maniobra militar “recuerda los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe y constituye una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz y al compromiso que como estados hemos asumido por resolver nuestra diferencia de forma pacífica por la vía del diálogo y la negociación u otra forma de solución pacífica, en plena consonancia con el derecho internacional y con los instrumentos que hemos suscrito a nivel hemisférico y regional, como la Carta de la Organización de los Estados Americanos”.
La embajadora hizo hincapié en el impacto de la intervención estadounidense sobre la estabilidad regional. “Acciones unilaterales contrarias al derecho internacional ponen en riesgo la estabilidad regional, incrementan la inseguridad y agravan las ya complejas condiciones que experimenta la población civil, con efectos devastadores que trascenderán las fronteras soberanas de Venezuela, con un impacto directo sobre los países de la región como Colombia”, señaló.
Como reacción a la operación, Zalabata Torres señaló: “La audaz operación militar de Estados Unidos provocó la condena de gobiernos de izquierda de la región, como Colombia, México o Brasil, y el apoyo de los aliados de Washington, como Argentina o El Salvador”.
La representante puntualizó: “Es importante, además, dimensionar lo que esta situación significa para la paz y la seguridad internacionales. Más allá de nuestra región, especialmente cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad toma la decisión de hacer uso de la fuerza y asumir control de manera unilateral de otro estado soberano, con el objeto, entre otros, de apropiarse recursos naturales o estratégicos. Esto sienta precedentes profundamente preocupantes para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial y viola flagrantemente el derecho internacional”.
Zalabata Torres cuestionó que “la ley e intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo y sobre los acuerdos que en esta misma sala hemos forjado con diálogo y diplomacia”.
También rechazó cualquier pretexto económico, como el señalado por el presidente Donald Trump para justificar la operación con la intención de reabrir el acceso de empresas estadounidenses a la explotación petrolera venezolana. “La democracia no puede ser promovida. Tampoco puede estar supeditada a intereses económicos ajenos”.
Frente a la crisis, Colombia reiteró su compromiso diplomático en el seno del Consejo de Seguridad. “Colombia reitera su firme convicción de trabajar incansablemente bajo estos principios en su nuevo rol como miembro no permanente de este Consejo de Seguridad y pone a disposición sus buenos oficios para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país”.
La embajadora destacó las medidas preventivas adoptadas para proteger a la población civil y la voluntad de asistir a la población migrante, así como la importancia de la colaboración internacional ante posibles flujos migratorios.
“Colombia ha dispuesto medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera, atendiendo las eventuales necesidades de la población, especialmente de la población migrante, en coordinación con las autoridades locales”, indicó la embajadora.
En el ámbito internacional, la representante mencionó el llamado del secretario general de la ONU a respetar la soberanía y la integridad territorial, y a promover canales de mediación para encontrar una salida política impulsada por los propios venezolanos.
“Al tiempo que agradezco al Secretario General de las Naciones Unidas por ofrecer sus buenos oficios para defender los principios y propósitos de la Carta Naciones Unidas, activar los canales de mediación a su alcance y facilitar el diálogo con los actores concernidos en la búsqueda de alternativas que permitan encontrar una salida política liderada por los venezolanos y brindar asistencia a la población venezolana que así lo requiera”, finalizó.
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