Una ola de desplazamiento forzado que involucra a 203 familias provenientes del municipio de Buenos Aires, Cauca, ha motivado la activación de rutas de atención en Cali para evitar una crisis humanitaria. Así lo confirmó la Personería Distrital de Santiago de Cali, que ha documentado la llegada de grupos familiares afectados por la violencia armada en el suroccidente del país.
Desde el pasado 16 de diciembre, Cali ha recibido un flujo constante de familias desplazadas, principalmente mujeres, niños y adolescentes, que buscan protección después de una serie de hechos violentos en Buenos Aires, Cauca. Según el reporte consolidado por la Personería Distrital, se han recibido 103 declaraciones individuales, correspondientes a 203 núcleos familiares, todos provenientes del mencionado municipio.
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El episodio más reciente, ocurrido el 29 de diciembre, involucró la llegada de 36 familias (82 personas) que se presentaron en las instalaciones del Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) solicitando ayuda tras haber sido forzadas a abandonar sus hogares. La magnitud de este desplazamiento ha generado preocupación en las autoridades y organismos de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de una emergencia social de gran escala.
Violencia armada y amenazas: detonantes del desplazamiento
Testimonios recogidos por la Personería de Cali señalan que los desplazamientos se originaron tras una toma armada en Buenos Aires, Cauca, presuntamente atribuida a disidencias de las FARC. El ataque dejó daños materiales en la Alcaldía Municipal, la estación de Policía y varias viviendas, además de la instalación de artefactos explosivos en accesos y caminos rurales. Esta situación generó un clima de miedo que llevó a muchas familias a priorizar la seguridad de sus hijos ante el temor de reclutamiento forzado.
El informe oficial detalla que el 100% de los desplazados provienen de Buenos Aires, Cauca. Entre las víctimas, se contabilizan 112 adultos, 22 adultos mayores, 41 adolescentes y 28 niños y niñas. El principal hecho victimizante ha sido el desplazamiento forzado, con 102 casos reportados, seguido de 23 amenazas, dos atentados y un caso de abuso sexual.
“El suroccidente colombiano no se puede convertir en un segundo Catatumbo. Aquí hay institucionalidad, presencia del Ministerio Público y una respuesta oportuna para proteger a las víctimas del conflicto armado”, declaró Gerardo Mendoza Castrillón, personero distrital de Santiago de Cali en su comunicado.
Respuesta de las autoridades y activación de rutas de atención
Ante el incremento del flujo de personas desplazadas, la Personería Distrital de Cali y la Subsecretaría de Atención a Víctimas realizaron un censo detallado de las familias afectadas, identificando necesidades urgentes de atención humanitaria. El 29 de diciembre de 2025, el caso fue presentado ante el Subcomité de Reparación, Restitución, Indemnización y Medidas de Satisfacción, dentro de la Octava Sesión Extraordinaria, con el objetivo de activar el Plan de Contingencia.
El personero Mendoza Castrillón enfatizó que el deber constitucional de las autoridades es “garantizar que estas familias sean atendidas con dignidad, oportunidad y enfoque diferencial”. La prioridad es evitar que la violencia derive en abandono institucional y asegurar el acceso a ayudas, alojamiento y protección para los desplazados, quienes actualmente se encuentran asentados en diferentes barrios de la ciudad, en condiciones de alta vulnerabilidad social y económica.
Procedimientos legales y seguimiento institucional
En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, la Personería Distrital formalizó el proceso de registro y atención a las familias desplazadas. El 30 de diciembre se realizó la toma formal de la declaración colectiva del evento masivo, la cual será remitida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para su valoración y registro. Este procedimiento permitirá canalizar los apoyos correspondientes y garantizar una respuesta institucional coordinada.
La Personería de Cali reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección integral de las víctimas del conflicto armado. “Cali no puede permitir que la violencia se traduzca en abandono institucional”, reiteró Mendoza Castrillón, quien subrayó la importancia de la articulación entre entidades locales y nacionales para evitar una crisis mayor.
Contexto regional y retos para la atención humanitaria
El desplazamiento masivo desde Buenos Aires, Cauca, evidencia la persistencia del conflicto armado en zonas rurales del suroccidente colombiano. Las recientes acciones armadas y amenazas han obligado a cientos de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en centros urbanos como Cali.
La rápida respuesta de las autoridades locales y la activación de rutas de atención buscan contener el impacto humanitario y prevenir una situación de emergencia similar a la experimentada en otras regiones del país.
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