Registrador nacional descartó cualquier posibilidad de mover las elecciones de 2026, pese a escenario adverso en Colombia: “No hay norma alguna”

En medio de la preocupante situación de orden público, sumado a los líos de dinero en las arcas del Estado que vive Colombia, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se acalaró que las elecciones previstas en menos de tres meses están aseguradas y blindadas ante cualquier situación.

De hecho, el registrador nacional, Hernán Penagos, descartó cualquier posibilidad de suspensión electoral de los comicios presidenciales y legislativos. El funcionario sostuvo que, pese a las dificultades, la cita a las urnas está completamente garantizada y que ni situaciones de orden público ni eventuales emergencias pueden afectar el calendario electoral.

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“La Constitución es clara: en Colombia no existe ninguna norma que permita suspender unas elecciones”, señaló Penagos en una entrevista concedida a El Espectador sobre si hay algún riesgo de que no se lleven a cabo los comicios nacionales.

“Por ningún motivo, ni de orden público ni por circunstancias derivadas de emergencias de una u otra naturaleza, las elecciones pueden suspenderse o cancelarse”, enfatizó. “Colombia es un Estado constitucional y las normas claramente así lo definen”continuó.

Para reforzar la confianza ciudadana, el registrador aseguró que la transparencia está absolutamente garantizada en el proceso electoral, pese a las fuertes posibilidades de que en regiones con fuerte presencia de grupos armados se pueda constituir un constreñimiento al elector, tipificado como un delito.

“No hay norma alguna que permita suspender unas elecciones en Colombia. Se elegirá a un nuevo Congreso y un nuevo presidente con transparencia e integridad. Además, tendremos durante estos próximos meses acciones muy claras para dar más tranquilidad a la ciudadanía colombiana”, comentó el funcionario.

Penagos sostuvo que la institución ha dispuesto herramientas como la biometría facial, la publicación detallada de actas en cada mesa del país, la observación internacional y auditorías electorales de software con acceso a los códigos fuente por parte de las organizaciones políticas.

El registrador también destacó el peso de la vigilancia ciudadana y la gran cantidad de controles cruzados que permitirían dar legalidad a los próximos comicios legislativos y presidenciales en el país.

“Son tantas las personas que están alrededor del proceso que es imposible hablar de fraude electoral en Colombia. Yo he dicho que se pueden cometer errores porque en esto trabajan seres humanos, pero delitos nunca. Los jurados de votación son los que cuentan los votos en Colombia, no la Registraduría; son 700.000 hombres y mujeres que apoyan el conteo de votos; cerca de 9.600 que hacen parte de la comisión escrutadora, que hacen una de las etapas más importantes”, continuó.

Añadió que hoy los partidos pueden nombrar hasta un testigo electoral por cada una de las 125.000 mesas, lo que equivale a millones de ojos sobre el proceso. “En materia de software tendremos auditoría de la información y se autorizará a las organizaciones políticas a que tengan a sus propios auditores de sistemas para revisar y exponer los códigos fuente”, puntualizó.

En cuanto al componente financiero, Penagos explicó que, aunque existen algunos retrasos en el pago a proveedores debido a dificultades de caja, el calendario electoral no está en peligro.

“Presupuestalmente no hemos tenido dificultades. Ya están contratados los servicios electorales, financiados con recursos de 2025 y vigencias futuras del 2026”, aclaró a El Espectador. “El dinero se gira a medida que se cumplen los procesos. Es cierto que en diciembre hubo demoras y aún hay pagos pendientes a los proveedores, pero esperamos que esos recursos fluyan en enero”, añadió.

Respecto a la logística, resaltó la magnitud operativa que enfrenta la Registraduría Nacional. “Estamos en plena inscripción de ciudadanos, lo que implica traslados de equipos, desarrollo de software, depuración del censo electoral, llevar equipos satelitales y atención en múltiples frentes. Todo esto depende también de que los proveedores reciban sus pagos en tiempo”, señaló Penagos al diario nacional.

El panorama de riesgos de seguridad es uno de los puntos de mayor atención para las autoridades electorales, especialmente en zonas donde los grupos armados tienen mayor presencia.

“Hace tres o cuatro semanas, un cabecilla de una disidencia le manifestó al país que pretendía que las elecciones fueran tranquilas, pero que ahora, con ocasión del ejercicio fuerte de la Fuerza Pública en su contra, ha decidido que va de alguna manera a influir en el proceso electoral. Eso no es un tema menor. Por tanto, tenemos que reunirnos permanentemente con la Fuerza Pública para aplicar el Plan Democracia, que ya está definido, y saber en qué lugares, por ejemplo, necesitamos llevar tropa y policías con días o semanas de anticipación para garantizar el derecho al voto”, señaló Penagos a El Espectador.

Entre los departamentos con mayores riesgos citó zonas del Catatumbo, Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó y parte de Antioquia, por la presencia de grupos armados. “Debemos aplicar el Plan Democracia, coordinar con la Fuerza Pública y garantizar la instalación de 125.000 mesas en 13.508 puestos de votación, muchos de ellos en el sector rural”, detalló.

Manifestó su preocupación por la posibilidad de tener que trasladar mesas en últimos momentos por inseguridad: “Un Estado democrático no puede negar los derechos políticos a la ciudadanía”.

Penagos hizo hincapié en las exigencias inéditas en la revisión de firmas presentadas por candidatos. “Esto no tiene precedentes: entre 22 candidatos presentaron más de 28 millones de firmas para la Presidencia y tres millones para el Congreso”, relató. Recordó que hace cuatro años solo fueron cerca de 10 millones. “Es un trabajo descomunal, estamos revisando una a una, apoyados por analítica de datos, inteligencia artificial, 500 supernumerarios y un equipo de grafólogos. La revisión debe concluir antes del 21 de enero”.

De hecho, el funcionario de la Registraduría alertó sobre presuntas irregularidades en la consecución de firmas por parte de uno de los candidatos, que habría falsificado gran parte de las listas presentadas a la entidad.

“Uno de los candidatos presentó cerca de 800.000 firmas y hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias. No es justo que hagan trampa de esa manera y tampoco lo es que se ponga a la Registraduría a revisar 800.000 firmas para después ver que muchas son fotocopias o formularios diligenciados a través de diferentes impresoras para de alguna manera burlar a la Registraduría”, señaló.

En cuanto al diálogo con otras entidades estatales, Penagos describió una relación eficiente con la Procuraduría y la Contraloría. “Les agradezco mucho porque han estado acompañando el proceso, auditando, revisando y haciendo inspección. Siempre han estado en cada elección atípica”, dijo.

Con la Fiscalía, añadió, se instalará una comisión de seguimiento a los delitos electorales. “Con el Ministerio de Defensa el trabajo es determinante para el Plan Democracia y seguridad. Con otros ministerios y el mismo Gobierno Nacional, el diálogo no es tan fluido. Pero aquí lo importante es que todas las instituciones respalden la democracia y garanticen la tranquilidad de la ciudadanía”.