Procuraduría emite circular para garantizar derechos en la frontera tras hechos ocurridos en Venezuela

La Procuraduría General de la Nación emitió este sábado 3 de enero una circular dirigida a todas las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos en las zonas de frontera, ante las posibles situaciones derivadas de los hechos registrados en la República Bolivariana de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El documento, firmado por el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, en su calidad de suprema dirección del Ministerio Público, advierte sobre eventuales escenarios de vulneración de derechos en territorio colombiano y posibles afectaciones a la soberanía nacional, en un contexto marcado por la incertidumbre regional tras los acontecimientos conocidos ese mismo día en el vecino país.

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“La finalidad es preservar la vigencia del orden jurídico, en especial garantizar la efectiva aplicación y reconocimiento de los derechos humanos de los habitantes en zonas de frontera con la República Bolivariana de Venezuela”, señala la circular, que fundamenta sus disposiciones en los artículos 118 y 277 de la Constitución Política, así como en normas que regulan las funciones del Ministerio Público.

En ese sentido, la Procuraduría exhortó de manera expresa a todas las entidades del Estado, sin distinción de nivel territorial, a activar de forma inmediata los mecanismos de atención necesarios.

En el primer punto resolutivo del documento, el jefe del ente de control ordena “activar de manera inmediata los mecanismos de atención necesarias para garantizar los derechos humanos ante las acciones que se puedan presentar”, en referencia a los impactos que pueda generar la crisis venezolana en suelo colombiano.

La circular también convoca a la Defensoría del Pueblo y a las personerías municipales y distritales a coordinar esfuerzos para atender las necesidades esenciales en las zonas fronterizas.

Según el texto oficial, esta cooperación interinstitucional busca responder tanto a situaciones locales como a eventuales repercusiones a nivel nacional, derivadas de fenómenos como la migración, el orden público o posibles incursiones desde territorio extranjero.

Uno de los apartados centrales del documento está dirigido a las Procuradurías Regionales y Provinciales con jurisdicción en zonas de frontera con Venezuela. A estas dependencias se les ordena poner en marcha de inmediato un programa especial de acompañamiento, con un enfoque preventivo y de vigilancia reforzada.

Entre las medidas específicas que deberán implementar se encuentra la articulación directa con las Defensorías Regionales y las personerías municipales, con el propósito de “mantener una red de actuaciones y comunicación permanente”.

Asimismo, se dispone la apertura de canales de comunicación directa con las entidades públicas y la ciudadanía de las zonas limítrofes, con el fin de detectar de manera temprana cualquier riesgo para la convivencia o el goce efectivo de derechos.

La Procuraduría también instruyó la identificación de áreas o territorios de especial impacto, particularmente aquellos afectados por dinámicas migratorias o por una eventual afectación de derechos como consecuencia de incursiones en territorio nacional.

Para ello, se ordena la realización de visitas de verificación y vigilancia en terreno, de forma inmediata, en las zonas que demanden especial control institucional.

“El reporte inmediato a las autoridades del orden nacional de cualquier queja, observación o circunstancia que pueda generar impacto en la adecuada convivencia y reconocimiento de los derechos” es otra de las obligaciones establecidas en la circular, junto con la formalización de recomendaciones a las autoridades departamentales y nacionales, una vez se haya informado al nivel central de la Procuraduría General de la Nación.

Adicionalmente, el Procurador General dispuso que la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 3, para la Gestión y la Gobernanza Territorial, y la Procuraduría Delegada con funciones Mixtas 1, para la Defensa de los Derechos Humanos, elaboren un informe detallado sobre las acciones adelantadas.

Dicho reporte deberá incluir los retos identificados y los riesgos detectados en relación con la garantía de derechos de los habitantes de las zonas de frontera.

La circular advierte que estas medidas no excluyen la adopción de acciones adicionales desde el nivel central del Ministerio Público.

En ese sentido, el documento deja abierta la posibilidad de emitir nuevas directrices o reforzar la intervención institucional “cuando surjan nuevas situaciones que incidan en la vulneración en zonas de frontera o de cualquier parte del territorio nacional”.