
En medio de crecientes tensiones en la frontera colombo-venezolana, Estados Unidos realizó ataques aéreos en Caracas y otras regiones de Venezuela durante la madrugada del 3 de enero de 2026, una acción cuya trascendencia regional se incrementa ante el riesgo de nuevas crisis humanitarias y de orden público.
Los operativos siguieron a una serie de movimientos irregulares detectados desde finales de diciembre de 2025, cuando agencias de inteligencia reportaron un importante desplazamiento de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde Venezuela hacia el Catatumbo. Estos movimientos, según información obtenida por El Tiempo, llevaron a las autoridades de Caracas y Bogotá a encender las alertas por la posibilidad de acciones armadas de mayor alcance en la zona limítrofe.
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Fuentes consultadas por el medio citado indicaron que “se detectó un movimiento masivo de guerrilleros desde Venezuela hacia Colombia. Eso de alguna manera encendió las alarmas, por lo que podría desatar una nueva crisis humanitaria de violencia en la región del Catatumbo. Sin embargo, sabíamos que ese movimiento era extraño, no había ninguna razón de fondo para que se movilizaran tanta guerrilla desde el lado venezolano hacia el lado colombiano”.
Tras este desplazamiento irregular, los servicios de inteligencia intensificaron el seguimiento de los grupos armados a lo largo de la franja fronteriza. Al ingresar las unidades del ELN en el Catatumbo, comprobaron que parte del territorio que habían controlado meses atrás había pasado a manos del Frente 33, perteneciente a las disidencias de las Farc. Esta pérdida de control territorial sumada a la ausencia de lugares seguros para establecer campamentos, derivó en enfrentamientos y desencadenó una nueva emergencia humanitaria en el norte de Norte de Santander. Según el resumen de varias fuentes, este escenario modificó el equilibrio militar y social en la región.
Un hecho conocido como detonante de este ciclo de violencia fue la explosión de una fábrica en el estado Zulia. Sobre este episodio, el presidente de la República, Gustavo Petro, declaró públicamente que la instalación estaba bajo control del ELN aunque directivos de la empresa negaron la veracidad de esa afirmación.

A raíz de estos acontecimientos, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció la implementación del Plan Frontera. Según informó el mismo medio, en una reunión extraordinaria encabezada por el presidente Petro y autoridades encargadas de la atención humanitaria, se evaluó el impacto de la coyuntura en los límites entre Colombia y Venezuela. Desde el Ministerio de Defensa se precisó que todas las capacidades de la Fuerza Pública permanecen activadas con el fin de proteger a la población civil, los activos estratégicos, las embajadas y las unidades militares y policiales. Las medidas están orientadas a impedir operaciones del ELN, la Segunda Marquetalia y otros grupos criminales transnacionales en territorio colombiano.
Como parte de la estrategia anunciada, el Gobierno colombiano invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita prevenir hechos delictivos o atentados, como parte de los esfuerzos conjuntos para reforzar la seguridad en las zonas fronterizas.
Cambios en el conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las Farc por la caída de Nicolás Maduro

El vacío de poder suscitado tras la caída del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, plantea riesgos y oportunidades en el equilibrio de fuerzas en la zona. Duván Castañeda, consultor en temas de seguridad, explicó a El Tiempo que la retirada abrupta de una figura de control estatal en el vecino país puede desembocar en disputas violentas por territorios y rentas derivadas del contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico.
“La competencia violenta por territorios de rentas criminales” podría agravarse por la ausencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en áreas estratégicas. Además, señaló que las organizaciones armadas, expulsadas de sus antiguas áreas de retaguardia, podrían reforzar de manera temporal sus posiciones en zonas fronterizas, buscando conservar corredores de movilidad y abastecimiento ante la incertidumbre política.
En opinión del abogado constitucionalista Ramiro Bejarano, la operación en Caracas envía una señal inequívoca a organizaciones criminales que actúan en ambos países. Advirtió al medio citado que “tienen que sentirse amenazadas y van a incrementar sus operaciones”, lo que puede traducirse en un desplazamiento hacia territorio colombiano en busca de refugio, al tiempo que estructuras como Tren de Aragua podrían aprovechar la coyuntura para ampliar su accionar. Bejarano sugirió la necesidad de fortalecer el control militar y estatal en la frontera oriental, ante la posibilidad de un aumento de la actividad delictiva.
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