El anuncio de la captura de Nicolás Maduro, confirmado el sábado 3 de enero de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó un giro en la crisis venezolana y el combate internacional contra el narcotráfico.
Según la acusación formal revelada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el exmandatario venezolano encabezó durante más de dos décadas una red criminal transnacional que utilizó el aparato estatal para proteger, promover y lucrarse del tráfico de drogas.
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Lo anterior, con el objetivo de facilitar el paso de cientos de toneladas de cocaína hacia el territorio estadounidense.
El documento judicial revelado por el Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que dicha estructura se apoyó de manera sistemática en alianzas con grupos armados ilegales colombianos.
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La investigación cuyos detalles fueron recogidos en el indictment (acusación formal) apunta que desde 1999 altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín, establecieron acuerdos estratégicos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con el expediente, la protección estatal permitió a ambas organizaciones operar abiertamente dentro de Venezuela, lejos del alcance de la justicia colombiana y estadounidense.
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El indictment precisa que la dictadura venezolana, en ese entonces en cabeza de Hugo Chávez brindó soporte logístico y militar a las guerrillas, y convirtió al país en un corredor clave del narcotráfico regional.
Qué sabe sobre la relación entre la dictadura venezolana, el ELN y las Farc
Las operaciones descritas por la acusación implicaron un esquema sofisticado.
La Farc y el ELN producían cocaína en Colombia y la transportaban a través de la frontera hacia Venezuela, donde, bajo resguardo oficial, se almacenaba y distribuía hacia rutas del Caribe y Centroamérica con destino final en Estados Unidos.
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Los funcionarios venezolanos recibían pagos y sobornos de las organizaciones criminales, a cambio de garantizar la impunidad y de asegurar el flujo constante de la droga.
Además, en el documento judicial se menciona que estos recursos alimentaron una red de corrupción denominada “Cartel de los Soles”, que absorbió fondos tanto del narcotráfico como de actividades ilícitas internas, y que según el Gobierno Trump, es liderada por Nicolás Maduro.
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Uno de los elementos más relevantes de la acusación es la colaboración militar directa entre funcionarios venezolanos y las guerrillas colombianas.
Según la información recopilada, en 2007 el general Cliver Alcalá Cordones entregó armamento al grupo armado ilegal FARC por instrucciones del régimen venezolano, reforzando el intercambio criminal: cocaína a cambio de protección y armas.
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La acusación también menciona la facilitación de pasaportes diplomáticos y la creación de rutas seguras, políticas instrumentadas desde la Asamblea Nacional, la Cancillería y la presidencia, bajo el liderazgo de Maduro.
El uso de la política venezolana como herramienta de protección al narcotráfico figura de forma constante en el indictment.
Qué ocurrió luego de la firma del Acuerdo de Paz con las disidencias de las Farc: su relación con Venezuela
El expediente judicial sostiene que, en 2019, tras el rearme de líderes históricos de la Farc, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello ofrecieron una bienvenida pública a estos dirigentes, reafirmando que Venezuela seguía siendo un santuario para estos grupos.
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Este respaldo institucional facilitó, tanto la permanencia de las organizaciones armadas, como la expansión de sus actividades ilícitas en la región.
La acusación formal no se limita a la relación con las guerrillas colombianas. El documento menciona la participación activa de otros grupos, como el Tren de Aragua (liderado por alias Niño Guerrero, otro de los objetivo del gobierno Trump) así como la colaboración con narcocarteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y Los Zetas.
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Dichas alianzas consolidaron una red criminal con alcance continental, sustentada en la protección y financiamiento estatal proporcionado por el régimen venezolano.
El texto judicial identifica el aparato diplomático y militar de Venezuela como ejes fundamentales para el funcionamiento de este entramado.
A su vez, la administración de Donald Trump desempeñó un papel decisivo en el impulso de estos cargos, tras declarar a Venezuela como Estado patrocinador del terrorismo.
La Casa Blanca ofreció una recompensa por la captura de Maduro, quien ahora enfrenta imputaciones por asociación ilícita con organizaciones terroristas, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, provisión de armas a la guerrilla colombiana, uso del Estado para actividades ilegales regionales y corrupción estructurada.
La acusación detalla que las FARC, el ELN y los carteles mexicanos han figurado en las listas de organizaciones terroristas de EE.UU., lo que agrava la situación legal de Maduro y su círculo.
Entre los aspectos destacados de la acusación figuran los pagos y sobornos sistemáticos, la red de protección institucional y la absorción de recursos provenientes de la corrupción y el narcotráfico.
El documento judicial resaltó que “la colaboración entre funcionarios venezolanos y grupos armados ilegales fue una práctica recurrente y central en el modelo de financiamiento del régimen”.
El impacto de este esquema se evidenció con la desestabilización de la seguridad regional y en la afectación directa de la soberanía colombiana.
La detención y el inminente proceso judicial contra Nicolás Maduro representan un acontecimiento sin precedentes en la política latinoamericana reciente.
Las próximas audiencias en la Corte del Distrito Sur de Nueva York definirán el futuro judicial del exmandatario y podrían sentar precedentes en la cooperación internacional contra el crimen organizado y el terrorismo en el hemisferio occidental.
Este es el documento de acusación formal:
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