La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una escalada de violencia que generó desplazamientos masivos, confinamientos y ataques con drones explosivos en los municipios de Tibú y El Tarra, según reportó la Oficina de la ONU Derechos Humanos Colombia a través de la red social X.
La organización expresó su profunda preocupación ante la confrontación armada entre dos Grupos Armados Organizados en el corregimiento de Filogringo, zona rural de El Tarra, así como en la parte norte de ese municipio, donde la población civil quedó expuesta a una crisis humanitaria de gran magnitud.
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De acuerdo con la ONU Colombia, hasta el momento no se ha confirmado el número de personas heridas o fallecidas producto de los enfrentamientos, pero las comunidades y autoridades locales solicitaron al Estado colombiano que incremente su presencia y despliegue acciones urgentes de prevención y protección para garantizar la seguridad de los habitantes.
La entidad hizo énfasis en la obligación de los grupos armados de respetar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario (DIH), así como de permitir la creación de corredores humanitarios para facilitar la salida de quienes permanecen confinados y asegurar la atención médica de los lesionados.
Personeros del Catatumbo también se pronunciaron
La situación en Filogringo encendió las alarmas de la comunidad y de la Asociación de Personeros del Catatumbo, que también manifestó su inquietud respecto al recrudecimiento del conflicto armado en la subregión.
“La población civil está nuevamente expuesta a riesgos inaceptables”, señala un comunicado de la asociación difundido tras los recientes hechos.
Los personeros recordaron que los civiles no forman parte del conflicto y no deben ser utilizados, instrumentalizados ni puestos en medio de disputas violentas que afectan derechos fundamentales.
En el documento, la Asociación de Personeros del Catatumbo dirigió un llamado directo a los grupos armados ilegales, entre los que se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), instándolos a cesar todas las acciones que impacten a la población civil y a cumplir con el Derecho Internacional Humanitario.
La petición subraya la necesidad de reconciliación y respeto por la vida, en un contexto donde la violencia forzó a centenares de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio ante el avance de los combates.
“Reiteramos que la población civil no es parte de la confrontación armada y no debe ser utilizada, instrumentalizada ni puesta en medio de disputas violentas que vulneran derechos fundamentales como la vida, la integridad, la libertad y la dignidad humana”, afirma el comunicado de la asociación.
Además de solidarizarse con las comunidades afectadas de El Tarra y Tibú, los personeros solicitaron al Estado colombiano el fortalecimiento de las acciones de prevención y protección, junto con una presencia institucional efectiva que permita salvaguardar los derechos humanos de quienes residen en la zona.
Es preciso mencionar que la Delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz advirtió un riesgo inminente de escalada bélica entre el ELN y el Frente 33 en la región, tras recibir información sobre el aumento de tensiones entre ambos grupos armados.
Por lo anterior, la entidad urgió la activación de una Comisión Humanitaria para prevenir nuevas tragedias. Esta comisión estaría conformada por la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, con el respaldo de la Gobernación de Norte de Santander.
La crisis en el Catatumbo pone de nuevo en evidencia la fragilidad de la situación humanitaria en áreas rurales de Norte de Santander, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa generando desplazamientos, restricciones a la movilidad y amenazas directas a la vida de los habitantes
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