Marta Lucía Ramírez calificó como un “dulce envenenado” el aumento del salario mínimo por parte del Gobierno: “¡Populismo destructivo!"

En medio de la intensa discusión sobre el aumento del salario mínimo para la vigencia de 2026, anunciado en la noche del lunes 29 de diciembre por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, que confirmó un incremento del 23,7% en el monto que reciben más de 2 millones de trabajadores del país, múltiples fueron las voces que se opusieron al aumento. Entre ellas, la de la exvicepresidenta, exministra de Defensa y excanciller Marta Lucía Ramírez.

A través de su perfil de X, en la que la siguen más de 761.000 personas, la exfuncionaria criticó con dureza la medida y la calificó como un “dulce envenenado” hacia la clase trabajadora. Para la dirigente, el ajuste no solo resulta perjudicial a corto y mediano plazo, sino que podría significar una carga de graves consecuencias para la economía nacional, pese a los reportes entregados por el Ejecutivo que indican un mejoramiento progresivo en diferentes índices.

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“El aumento del salario mínimo en 23% es un dulce envenenado con efectos devastadores”, afirmó Ramírez, que al argumentar su posición, detalló que un incremento de este calibre es desproporcionado: pues cuando sube más rápido que la economía, “el ajuste lo pagan precios y empleo, no el Estado”. Un análisis que iría en sintonía con otras y importantes posiciones, en especial de los gremios, que han hecho públicas sus observaciones a esta determinación.

Los argumentos de Marta Lucía Ramírez para oponerse al incremento del salario mínimo del 2026

Una de las preocupaciones principales mencionadas por la exvicepresidenta fue el alcance extendido de esta decisión. “No solo afecta a quien lo gana: cerca del 40% de los formales cobran mínimo o menos; referencia para contratos, multas, tarifas, cotizaciones y costos laborales. Impacto multiplicado”, indicó la política de origen conservador, pero cercana a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, que quiso extenderse en sus explicaciones sobre el tema.

De acuerdo con la exvicepresidenta, este aumento repercute de manera directa a la economía familiar y empresarial. Según Ramírez, esto representará un “traslado directo a precios: costos laborales encarecen alimentos, transporte, servicios, arriendos. Inflación absorbe rápido el aumento, reduciendo poder adquisitivo”, motivo por el cual es válida la preocupación manifiesta desde diferentes sectores, en una discusión que también tiene sus fundamentos políticos.

La exministra, que hizo parte de la administración de Duque Márquez, puntualizó que esta situación impacta con mayor fuerza a quienes menos tienen. “Inflación, impuesto regresivo: castiga más a pobres (más del 70% del gasto en básicos). Ganancia nominal fugaz; pérdida real duradera”, expresó Ramírez, que también hizo énfasis en cómo la pequeña y mediana empresa se convierten con esta determinación en una de las víctimas centrales de la política salarial.

En este sentido, Ramírez consideró que es “un golpe letal" a Pymes que generan 70-80% del empleo formal. “Menos capaces de absorber alzas abruptas → despidos, vacantes congeladas, informalidad”, puntualizó. Otro efecto negativo, a su juicio, será el de la informalidad laboral, pues “fomenta informalidad: empleo sin contrato, pensión ni estabilidad. Tiro al pie para trabajadores vulnerables”. Una visión que resumiría los temores surgidos tras la confirmación del aumento.

Además, la dirigente, que hizo parte de las reuniones previas a la consolidación de La Gran Consulta por Colombia, que se efectuará el domingo 8 de marzo del 2026, dijo que el aumento “cierra puertas a jóvenes, mujeres y primer empleo: empresas contratan menos ante costos altos”. Y dijo que las consecuencias para el desarrollo económico. Efecto cadena: encarece sectores, frena inversión privada, baja crecimiento. Sin crecimiento, no hay salarios sostenibles”, dijo.

Sobre el sentido inmediato y real de la medida, la exvicepresidenta reiteró su percepción frente a este incremento: que dejó el salario sin el subsidio de transporte en 1.746.882 pesos, y 2.000.000 con el concepto incluido. “Dulce envenenado: beneficio corto (semanas); daño largo (años) en desempleo e informalidad”, puntualizó la exvicepresidenta, que advirtió, además, que la decisión generará una “presión fiscal, que afecta nóminas y contratos públicos”.

Finalmente, la exfuncionaria, que avizoró una serie de recortes, sentenció frente a la medida que quedó plasmada en decreto y que será demandada ante el Consejo de Estado. “Regresivo final: los supuestos beneficiados (vulnerables) terminan más golpeados: menos empleo formal, menor compra real, mayor incertidumbre”, y llamó a evitar el “populismo destructivo”, para optar, en cambio, por “responsabilidad: crecimiento, productividad y empleo digno real”.