El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de José Miguel Mojica Conchangui, reconocido líder social del pueblo indígena Wiwa en el departamento de La Guajira.
Según el reporte de la organización, los hechos se presentaron en la vereda Mucura, zona rural de Riohacha, en la madrugada del viernes 26 de diciembre de 2025.
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La víctima, que se encontraba en una reunión familiar para celebrar la Navidad, fue increpado por hombres armados que lo retiraron de su residencia y, posteriormente, le dispararon en reiteradas ocasiones, pese a la insistencia de su esposa e hijos para que no fuera ultimado.
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“José fue retirado de una celebración navideña en la vereda Mucura por hombres armados y, a pocos metros del lugar y delante de su familia, fue asesinado”, señaló Indepaz en un comunicado.
Mojica era hijo de un mamo (autoridad ancestral) de la comunidad Siminque, linaje que ha padecido persecución sistemática y desplazamiento durante los últimos treinta años por parte de actores armados ilegales.
“El territorio del pueblo Wiwa sufre las afectaciones, los impactos, daños por la presencia de los actores armados que someten a nuestras comunidades bajo el miedo, desconfianza y señalamiento, irrumpiendo la tranquilidad, la armonía comunitaria social y la pérdida de la gobernabilidad, el conocimiento y la sabiduría cultural que está en cada uno de nosotros”, resaltó Indepaz.
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Adicional a ello, la Defensoría del Pueblo había alertado meses atrás sobre la amenaza constante que enfrentan las comunidades indígenas y campesinas asentadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, debido a la presencia y accionar violento de grupos ilegales en la región.
La preocupación se extiende ahora a núcleos poblacionales cercanos como Guamachal, Siminque, La Laguna y Sabana Joaquina, en el municipio de San Juan del Cesar, donde el miedo a nuevas incursiones provoca un ambiente de inestabilidad y vulnerabilidad.
Con la falta de reivindicación del ataque por parte de alguna estructura, crece la angustia debido a la documentada influencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como el Clan del Golfo y de Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) en La Múcura y alrededores. Según denuncias recogidas por Indepaz, estos grupos armados ejercen un contundente control territorial, recurriendo a la intimidación como mecanismo dominante sobre las comunidades rurales e indígenas.
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“La Alerta Temprana 020/25 (Defensoría del Pueblo) advierte un riesgo alto para la población de la Sierra Nevada de Santa Marta debido a la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), lo que ha generado amenazas graves contra comunidades indígenas y rurales, incluyendo homicidios, desplazamiento forzado y control social”, indicó la Defensoría.
Rechazo de comunidad indígena
Líderes de la comunidad indígena Wiwa difundieron un comunicado solicitando al Gobierno nacional adoptar medidas de protección para los integrantes de su pueblo, tras reportar más de 4 asesinatos en los últimos cuatro meses del año.
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Del mismo modo, la comunidad denunció el desplazamiento forzado de 30 familias indígenas, situación que agrava la crisis de seguridad que enfrentan.
“Pedimos a la Presidencia de la República, adelantar todas las acciones de control para garantizar los derechos fundamentales a la vida y la dignidad humana de los líderes indígenas”, señalaron en un comunicado.
De igual manera, la petición de la comunidad indígena también fue dirigido al Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Personería Municipal de San Juan del Cesar, las gobernaciones del Magdalena y La Guajira y la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar.
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Según cifras reportadas por Indepaz, en lo corrido del 2025 fueron asesinados 185 líderes sociales defensores de derechos humanos en el territorio colombiano.
La normalización de la violencia en la región, sumada al asesinato de figuras de liderazgo indígena, ha generado una alarma colectiva que, como advierte la Defensoría del Pueblo, podría precipitar la salida forzada de familias hacia zonas más seguras ante la constante amenaza.
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