La Fiscalía General de la Nación iniciará 2026 con uno de los retos judiciales más grandes de su historia reciente, enfrentando una sobrecarga de expedientes que involucran a exfuncionarios del actual Gobierno, empresarios, actores del sector público y organizaciones del crimen organizado.
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De hecho, el 2026 será clave para determinar responsabilidades de, al menos, una decena de casos de alto impacto que generaron polémica en el país durante este año, especialmente, por investigaciones por corrupción en Colombia, delitos contra la administración pública y procesos con relevancia social que afectaron la confianza en las instituciones y la percepción ciudadana.
Corrupción en la Ungrd: red oficial y captura de exministros
El mayor escándalo de corrupción que afrontará la Fiscalía en 2026 involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero ordenó la detención de los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), acusados de desviar más de 612.000 millones de pesos a través de proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la propia Ungrd.
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También forman parte de la lista de investigados Carlos Ramón González, quien fuera director administrativo de la Presidencia y hoy está prófugo en Managua, y César Manrique, exdirector de Función Pública, cuya captura aún está pendiente.
Los exdirectores de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla, que colaboran con la Justicia, han aportado información clave que la Fiscalía deberá procesar durante el próximo año para esclarecer completamente esta trama.
Procesos contra Nicolás Petro Burgos: lavado de activos y contratos sociales
La Fiscalía mantiene dos procesos en curso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. El primero, iniciado en 2023, lo acusa de lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionados con el financiamiento de la campaña presidencial de su padre.
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El segundo responde a imputaciones recientes por tráfico de influencias y peculado por apropiación, vinculados a contratos para programas sociales en el Atlántico, donde Petro Burgos habría desviado 111 millones de pesos mediante acuerdos con la Fundación Conciencia Social.
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento que fue negada, y resta decidir si ambos expedientes avanzarán a juicio.
“Papá Pitufo”: histórico proceso por contrabando
32 años después de sus primeras vinculaciones con el crimen organizado, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, enfrenta cargos por liderar una amplia red de contrabando en Colombia.
Según la Fiscalía, esta organización corrupta habría facilitado el ingreso de mercancía ilegal a través de Cartagena y Buenaventura mediante sobornos millonarios que implicaron a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera y funcionarios judiciales.
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Marín Buitrago permanece prófugo en Portugal, y su caso expone conexiones con el antiguo cartel de Cali y el lavado de activos.
Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: proceso inconcluso
El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en un mitin político en Bogotá conmocionó a la opinión pública nacional. Las autoridades han capturado a ocho personas, incluido el autor material, un joven de 15 años sentenciado a siete años de privación de libertad, y han condenado a otro implicado a 21 años de cárcel.
Entre los arrestados están Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, este último señalado de ser el enlace con la organización Segunda Marquetalia.
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Las investigaciones, bajo la coordinación de la Fiscalía y la inteligencia militar, continúan sin haber identificado a los determinadores del crimen, según consignó El Espectador.
Disidencias de “Calarcá”: nexos con militares
Una investigación liderada por la Fiscalía, a partir de dispositivos incautados en 2024, reabrió el expediente sobre presuntos vínculos entre las disidencias de las Farc dirigidas por alias Calarcá Córdoba y oficiales del Ejército.
De acuerdo con la información revelada por Noticias Caracol, el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal, habría sostenido reuniones para crear empresas de seguridad fachada que facilitaran el movimiento armado del grupo ilegal.
También figura entre los señalados Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Al cierre de 2025, la Fiscalía había reactivado actuaciones e inspecciones internas con el propósito de esclarecer los hechos en 2026.
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Contrato de pasaportes: proceso contra Álvaro Leyva
La Fiscalía mantiene abierto un proceso penal contra el excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato por acción en relación con la polémica contratación para la producción y distribución de pasaportes, valorada en 559.000 millones de pesos.
La fiscal Sandra Portilla señaló que Leyva habría intervenido de forma “caprichosa, tozuda y arbitraria”.
El funcionario, según lo documentado por El Espectador, declaró desierta la licitación aunque la firma Thomas Greg and Sons estaba habilitada, negó un recurso de reposición y posteriormente habilitó la contratación directa bajo urgencia manifiesta.
Paralelamente, la Procuraduría le impuso destitución e inhabilidad por diez años. Leyva rechaza las acusaciones, y la Fiscalía será la encargada de decidir si el asunto llega a juicio en 2026.
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Sombra sobre Ricardo Roa y contrataciones en Ecopetrol
La gestión de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol sigue bajo escrutinio judicial. Uno de los expedientes, relatado por El Espectador, gira alrededor de la compra de un apartamento en Bogotá por 1.800 millones de pesos, realizada a la empresa Princeton International Holding, supuestamente conectada con el empresario Serafino Iácono.
Además, la Fiscalía analiza si existe alguna relación irregular con la adquisición, por parte de una firma vinculada al mismo grupo económico, de los derechos de exploración del campo Bloque Sinú 9 en San Jacinto (Córdoba). En diciembre de 2025, Roa rindió interrogatorio, y las pruebas podrían derivar en que sea imputado el próximo año.
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Contrato de helicópteros Mi-17: detenciones y sanciones millonarias
El Ministerio de Defensa enfrenta una investigación penal tras la adjudicación directa de un contrato por 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros Mi-17 del Ejército, asignado a la empresa Vertol Systems el 31 de diciembre de 2024.
El coronel Julián Ferney Rincón, el exsecretario general Hugo Alejandro Mora y el asesor Diego Alejandro Manrique fueron capturados el 15 de diciembre, acusados de favorecer a la firma, que no tenía la experiencia ni capacidad técnica requeridas.
El Ministerio sancionó a Vertol Systems posteriormente con 33.700 millones de pesos por incumplimientos. La Fiscalía busca determinar si hubo delitos como falsedad ideológica, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.
Caso Aguas Vivas: Daniel Quintero ante la justicia
En Medellín, el exalcalde Daniel Quintero está imputado por peculado por apropiación y prevaricato por acción en el caso Aguas Vivas, relacionado con un predio de más de 145.000 metros cuadrados.
Según la acusación, Quintero habría modificado de manera ilegal el Plan de Ordenamiento Territorial para facilitar la adquisición y posterior devolución del lote a empresas privadas en medio de una disputa legal.
La audiencia, que involucra también a otros doce funcionarios de su administración, fue suspendida mientras se estudia una solicitud de nulidad por supuestas irregularidades en la imputación.
El abogado Juan Felipe Criollo Figueroa criticó la exposición de los hechos y, de acuerdo con El Espectador, la diligencia se reanudará en febrero de 2026.
Caso de envenenamiento con talio: extradición de implicada
El envenenamiento con talio de tres niñas y un adulto en Bogotá en 2025 impactó profundamente a la sociedad, después del fallecimiento de dos menores.
Las investigaciones apuntaron hacia Zulma Guzmán, empresaria que habría mantenido una relación con el padre de una de las víctimas. Guzmán fue localizada y arrestada en Londres, tras ser rescatada del río Támesis, y está bajo proceso de extradición a Colombia.
Mientras la Fiscalía avanza en los cargos por homicidio y tentativa de homicidio, la acusada ha reiterado públicamente que buscará demostrar su inocencia junto a su abogado.
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