Un gasto anual de 232.000 dólares en el arrendamiento de la nueva sede de la embajada de Colombia en Arabia Saudita ha generado cuestionamientos sobre las prioridades presupuestales del Gobierno.
El representante a la Cámara Andrés Forero, adscrito al Centro Democrático, expuso cifras entregadas por la Cancillería que muestran que el canon mensual asciende a 19.333 dólares, es decir, unos 72 millones de pesos, una cantidad notablemente elevada si se compara con la reciente reducción de recursos asignados a la Defensoría del Pueblo para el año 2026.
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El proceso de selección del inmueble para la sede diplomática en Riad fue coordinado por el Comité de Bienes Inmuebles del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a la resolución 8251 del 31 de octubre de 2022.
Tras la retirada de la oferta original por parte del propietario, la inmobiliaria encargada presentó dos nuevas opciones. Finalmente, y tras visitar ambas alternativas, el comité tomó una decisión unánime y eligió la opción ubicada en la Villa Zona de Al Nuzha, por el monto ya mencionado.
Costos asociados a la apertura y funcionamiento
Más allá del arriendo, la apertura de la sede implica otros costos adicionales relevantes.
El detalle entregado a Forero incluye 55.000 dólares por mobiliario, 43.050 USD por IVA, una comisión inmobiliaria de 5.800 dólares y la adquisición de equipos tecnológicos por 30.000 dólares.
El total de estos gastos adicionales asciende a 267.700 dólares, cifra que, combinada con el arriendo anual, aumenta significativamente la inversión estatal en la apertura y el funcionamiento de la embajada.
Debate sobre recursos y servicios esenciales
Las cifras reveladas por Andrés Forero se conocieron en un contexto de advertencias por parte de la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre el impacto de los recortes dirigidos a esa entidad.
Marín explicó que, en diciembre, la Defensoría recibió la notificación de que no contaría con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos, a pesar de que estos fondos estaban asignados dentro de la ley de presupuesto y comprometidos ya a través de contratos de prestación de servicios ejecutados.
Esta situación contrasta con el monto destinado a la sede diplomática en Arabia Saudita.
A juicio de Forero, el Ejecutivo, bajo la presidencia de Gustavo Petro, deja sin pago de diciembre a quienes prestan servicios en la Defensoría, mientras destina cerca de mil millones de pesos anuales en el arrendamiento de una embajada que catalogó como “lujosa y extravagante”.
Para el representante, la administración de los recursos estatales carece de coherencia frente a las necesidades de los servicios públicos esenciales.
“Mientras Gustavo Petro deja sin pago decembrino a los contratistas de la Defensoría del Pueblo, se gasta casi $1.000 M anuales en el arrendamiento de la lujosa y extravagante embajada en Arabia Saudita. Cuesta entender las prioridades del gobierno en medio de la “emergencia económica”, señaló el congresista del Centro Democrático en su cuenta de X.
En respuesta, la Cancillería defendió el procedimiento seguido, destacando que la decisión se adoptó conforme a la normativa y tras la evaluación del comité responsable, quien optó por uno de los nuevos inmuebles propuestos luego de la complicación con la oferta original.
La defensora del Pueblo, por su parte, puntualizó que la reducción presupuestal fijada para 2026 es inferior a lo solicitado y a lo aprobado para el año en curso, lo que pone en riesgo la continuidad de los pagos a miles de contratistas y defensores, y genera incertidumbre sobre la prestación de servicios fundamentales para la población.
Mientras persiste la controversia por la orientación de los recursos públicos, la dificultad para justificar estas prioridades mantiene abierto el debate político y social en Colombia.
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