Aumento del salario mínimo que busca Petro beneficiaría a quienes tienen millonarios sueldos y no a otros trabajadores

El proyecto de decreto del aumento del salario mínimo para 2026 que está en circulación tiene la propuesta de aumentar en un 23% dicha remuneración, lo que lo llevaría de $1.423.500 a $1.750.905 para 2026. De aprobarse, el incremento elevaría de manera automática el umbral del salario integral –que pasaría a $22.761.765 mensuales–, con efectos inmediatos tanto en la economía nacional como en los ingresos de altos funcionarios públicos y empleados del sector privado.

Como se recordará, dicho sueldo es una modalidad de remuneración en Colombia donde un monto fijo mensual incluye el salario ordinario más el valor de prestaciones sociales (primas, cesantías, intereses), recargos (nocturnos, extras, dominicales) y bonificaciones, excepto las vacaciones, y solo aplica para cargos de confianza que superen un umbral mínimo.

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Así las cosas, el ajuste fomentaría un aumento importante en la remuneración de autoridades como los senadores, cuyos salarios mensuales subirían de $52.000.000 a $63.960.000, un alza superior a $11.960.000 por mes. La perspectiva implica un impacto fiscal importante, al tiempo que supone desafíos para empleadores y trabajadores de ambos sectores.

El borrador del decreto detalla que el salario integral se compone de 13 salarios mínimos distribuidos en 10 salarios mínimos como base salarial ($17.509.050) y un 30% adicional ($5.252.715) como factor prestacional para cubrir conceptos como primas y cesantías. Con el posible ajuste en el salario mínimo, el salario integral mínimo a pactar se ubicaría en $22.761.765 al mes, lo que redefine la referencia contractual para directivos y especialistas bien remunerados.

Solo los trabajadores cuyos ingresos superen los 10 salarios mínimos podrían acordar salarios integrales, un criterio que también modifica la planeación financiera y las estrategias de recursos humanos para 2025 y 2026.

Efecto en salarios públicos y equidad salarial

Además, el incremento propuesto tiene un efecto multiplicador notable entre los altos funcionarios, cuya remuneración depende de manera directa del salario mínimo. Para los senadores, se proyecta un aumento mensual de $11.960.000, lo que elevaría su sueldo a $63.960.000.

Dicho ajuste genera preocupación sobre la equidad en el sistema, ya que amplía la brecha salarial y representa un gasto fiscal adicional relevante, en contraposición con los discursos orientados a combatir la desigualdad.

Advertencias sobre el impacto fiscal

Al respecto, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Juan Ricardo Ortega advirtió sobre los riesgos fiscales asociados con este aumento sin revisión de las reglas del salario integral.

“Todos los que ganan más dentro del Estado van a recibir aumentos equivalentes a más de dos salarios mínimos adicionales cada mes”, expresó. El exfuncionario calcula que, debido al cambio, “algunos altos funcionarios podrían superar ingresos cercanos a los $274.000.000 al año como resultado del ajuste”.

Según él, “la discusión del salario mínimo tiene que introducir algún cambio a la definición de salario integral, que son 13 salario mínimos. Si suben el mínimo 23% a todos los que ganamos más de $18.000.000, senadores incluidos, tendrán aumentos multimillonarios que harán más desigual al país”.

Ortega concluyó que estos incrementos salariales no responden a mejoras de productividad ni a una política explícita de redistribución y podrían “disparar el déficit fiscal”.

Matices sobre el salario integral

No obstante, el también exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes precisó que la ley solo autoriza el salario integral para quienes superan 13 salarios mínimos, pero no lo exige.

Aclaró, por medio de X, que “el costo para el sector privado sería, en dado caso, el costo administrativo de pasar a quienes ganan salario integral a salario ordinario”, destacando que, en el sector público, quienes superan el umbral legal suelen recibir primas y cesantías, no estrictamente salario integral.

Reyes añadió que “pueden serlo si así es el contrato. Y así suele ser en el sector público”, por lo que enfatizó en la diversidad de las formas contractuales en la alta administración.

Consecuencias empresariales y visión desde el sector privado

El impacto en el sector privado y en la gestión empresarial es considerable. Un salario integral por encima de $22.000.000 reconfigura los presupuestos de nómina, influye en las negociaciones de cierre de año y condiciona la contratación de profesionales de alta especialización.

También en X, el periodista económico Juan Camilo Ramírez alertó: “El salario mínimo integral subirá de $18.500.000 a más de $23.000.000 será impagable para muchas empresas y esto trae dos consecuencias: o muchos profesionales de alto perfil desempleados o inflación aún más disparada”.

Así las cosas, las empresas podrían enfrentar dificultades adicionales en la sostenibilidad de sus cargos ejecutivos y ver aumentada la presión sobre el empleo formal y los costos laborales.