La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad) rechazó lo que calificó como una estigmatización del sector tras la suspensión de 31 empresas. El pronunciamiento se dio luego de las medidas adoptadas por la Superintendencia de Vigilancia, según información obtenida por Revista Semana.
El gremio aseguró que, aunque respalda las acciones contra la ilegalidad, no se puede generalizar ni afectar a las compañías que cumplen con la normativa. Además, advirtió sobre impactos negativos para trabajadores y operadores del sector formal, según información obtenida.
La controversia también incluye denuncias sobre retrasos en trámites y nuevas exigencias que estarían dificultando el funcionamiento de empresas legales. El debate se centra en el equilibrio entre control estatal y garantías para el sector.
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Respaldo a sanciones, pero rechazo a generalizaciones
El gremio aclaró que respalda las medidas adoptadas por las autoridades frente a posibles irregularidades en algunas empresas del sector.
“Respaldamos las medidas de la Superintendencia de Vigilancia frente a presuntas irregularidades. Rechazamos conductas que desvíen el objeto autorizado o faciliten acceso a armamento a actores al margen de la ley”, señaló FedeSeguridad, citado por Revista Semana.
Sin embargo, enfatizó que estas acciones no deben derivar en una estigmatización generalizada de toda la industria.
“Una cosa es combatir la ilegalidad y otra muy distinta es estigmatizar a todo un sector legal”, advirtió el gremio, citado por ese medio de comunicación.
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Según su postura, este tipo de generalizaciones afecta la legitimidad del sector y perjudica a miles de trabajadores que cumplen con la ley.
Denuncias por demoras y trabas administrativas
Además de cuestionar la estigmatización, FedeSeguridad denunció un grave represamiento en los trámites ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
El gremio indicó que existen procesos esenciales que presentan tiempos promedio de espera de 391 días, mientras que algunos trámites pueden tardar hasta 1.348 días, es decir, casi cuatro años.
Estas demoras, según la federación, afectan directamente la operación de las empresas formales, ya que impiden la actualización de permisos, acreditaciones y otros requisitos necesarios para funcionar dentro de la legalidad.
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“Estamos hablando de acreditaciones de personal, autorizaciones de armas, aperturas de agencias… sin esto una empresa no puede operar dentro de la ley”, aseguró el gremio, citado por ese medio de comunicación.
En ese contexto, advirtieron que la falta de respuesta institucional puede terminar derivando en sanciones para empresas que, en realidad, están intentando cumplir con la normativa vigente.
Nuevas exigencias y preocupación por el sector
Otro de los puntos críticos señalados por FedeSeguridad es el endurecimiento de los requisitos para la prestación de servicios, especialmente en el uso de caninos especializados.
El gremio indicó que las nuevas condiciones incluyen exigencias como la presencia de etólogos certificados en los puestos de trabajo y visitas veterinarias semanales, lo que incrementa los costos y dificulta la operación.
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Según la federación, estas medidas podrían afectar la continuidad de servicios clave, ya que los caninos siguen siendo una herramienta fundamental para la detección de explosivos y narcóticos.
Finalmente, el gremio expresó su preocupación por las condiciones en las que se estarían implementando esquemas de escoltas desde el sector público.
Señaló que, mientras a las empresas privadas se les exige cumplir estrictos requisitos de formación, certificación y control, existen cuestionamientos sobre los filtros aplicados a los esquemas estatales.
En este escenario, FedeSeguridad pidió un trato equilibrado que permita combatir la ilegalidad sin afectar a las compañías que operan dentro de la ley, al tiempo que garantice condiciones justas para el desarrollo del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia.
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