
La Alcaldía de Tibú advirtió a la comunidad sobre la presencia de posibles declaraciones falsas en el proceso de solicitud de ayudas por desplazamiento forzado, en el contexto de la crisis humanitaria que enfrenta el municipio. La administración local confirmó que se han detectado personas intentando obtener beneficios destinados a las víctimas reales de este fenómeno, mediante información inexacta o engañosa.
El alcalde Richar Claro divulgó un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que expone la preocupación institucional ante estos hechos. “La Administración Municipal de Tibú informa a la comunidad que, ante la actual situación de desplazamiento forzado en el municipio, se ha detectado que algunas personas están realizando posibles declaraciones falsas con el fin de obtener ayudas y beneficios destinados exclusivamente a las verdaderas víctimas”, señala el documento firmado por Claro.
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El texto recalca que todas las declaraciones de desplazamiento son sometidas a filtros estrictos y procedimientos de verificación, a cargo de las entidades competentes. Según la administración, este control busca evitar que personas que no cumplen con los criterios establecidos accedan injustificadamente a los recursos humanitarios.
El comunicado enfatiza: “Entregar información falsa constituye una falta grave y puede dar lugar a investigaciones y acciones legales, conforme a la ley”. La advertencia legal pretende desincentivar conductas fraudulentas y proteger la integridad de los programas orientados a los afectados por el conflicto armado.
Llamado a la honestidad y sensibilidad ante la crisis
En el mismo mensaje, el alcalde de Tibú apeló a la responsabilidad y honestidad de la ciudadanía. “El desplazamiento forzado es una realidad dolorosa que afecta a nuestros campesinos, hombres, mujeres, niñas y niños, y que merece respeto, solidaridad y sensibilidad”, subrayó Richar Claro en su declaración oficial.
El funcionario invitó a la comunidad a reconocer la gravedad de la situación y a no trivializar el drama de quienes han debido abandonar sus hogares por causas ajenas a su voluntad. La gestión local insiste en que toda irregularidad detectada será reportada a las autoridades judiciales correspondientes.

Crisis humanitaria en Tibú y el Catatumbo
El municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander, atraviesa una emergencia por el desplazamiento forzado de decenas de familias, consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. La región del Catatumbo ha experimentado un incremento en los desplazamientos en las últimas semanas, lo que ha motivado la movilización de organizaciones estatales y no gubernamentales para atender la emergencia.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 11 familias provenientes de la vereda Mineiro, en Tibú, han llegado a Cúcuta en busca de refugio, tras huir de los combates entre los grupos armados ilegales. La entidad solicitó a la Alcaldía de Cúcuta que brinde atención humanitaria inmediata a las personas desplazadas.
“El día de hoy han llegado a Cúcuta 11 familias desplazadas, compuestas por al menos 30 personas, procedentes de la vereda Mineiro de Tibú, Norte de Santander. El desplazamiento obedecería a enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las Farc. Solicitamos a la Alcaldía de Cúcuta ofrecer atención humanitaria inmediata a estas familias”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de una publicación en la red social X el pasado 22 de diciembre.

La Defensoría del Pueblo reiteró el pedido a los actores armados para que detengan las hostilidades. La defensora Iris Marín expresó que los anuncios de cese al fuego no han resultado suficientes, dado que los enfrentamientos entre los grupos ilegales continúan afectando a la población civil.
Posturas de los grupos armados y cifras de desplazamiento
Representantes de las disidencias de las Farc han negado estar bloqueando vías o impidiendo el paso de misiones médicas en la zona. Andrey Avendaño, guerrillero del Frente 33 de las disidencias y delegado en la Mesa de Diálogo con el Gobierno Nacional, manifestó que su organización no busca perjudicar a la comunidad y que la presencia armada responde a una situación de autodefensa.
“no es política nuestra, en ningún escenario, perjudicar a la comunidad. Lamentamos que cosas como estas se presenten, pero nosotros nos estamos defendiendo de una agresión que nos impusieron, de una guerra que nos impusieron, una guerra que nunca quisimos, pero nos la impusieron”, aseguro según W Radio.
El Puesto de Mando Unificado (PMU) Catatumbo reportó que, desde el 16 de enero de 2025, más de 87.438 personas han sido desplazadas en la región. Esta cifra ilustra la magnitud del fenómeno y la presión sobre los sistemas de atención humanitaria.

Control y transparencia en la distribución de ayudas
La Alcaldía de Tibú insistió en la necesidad de mantener procedimientos transparentes y rigurosos en la entrega de ayudas humanitarias, dirigidas exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales. El gobierno local remarcó que la manipulación de la información o el uso de declaraciones falsas constituyen prácticas sancionables y serán objeto de investigación por las autoridades.
El mensaje institucional concluye con una exhortación a la solidaridad social y a la defensa de los derechos de las víctimas. La administración municipal enfatizó que el respeto por los protocolos y la honestidad en las solicitudes son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de los programas de atención al desplazado en el municipio.
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