El sector gastronómico expresó su preocupación ante la posibilidad de que la declaratoria de emergencia económica del Gobierno conlleve un aumento de impuestos que afectaría la sostenibilidad de los restaurantes formales, según alertó la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) Bogotá Región.
El Gobierno, encabezado por Gustavo Petro, oficializó el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Este instrumento, tendrá una vigencia inicial de 30 días y habilita al Ejecutivo para expedir decretos legislativos con fuerza de ley, enfocados especialmente en materia tributaria.
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El decreto señala que la nación enfrenta “una situación grave e inminente que compromete la estabilidad fiscal del Estado y su capacidad para garantizar derechos fundamentales”. Entre las causas expuestas se encuentran el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, mayores necesidades de inversión en seguridad y defensa, impactos de la ola invernal, subsidios a la energía y deudas judiciales y contractuales pendientes.
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Preocupación del sector gastronómico: impacto de las posibles medidas
En el comunicado, Acodrés manifestó su “profunda preocupación por el proyecto de decreto que estaría considerando el Ministerio de Hacienda en el marco de un eventual estado de Emergencia Económica, cuyas medidas tendrían un impacto directo y negativo sobre la operación formal de los restaurantes del país”.
Entre las iniciativas planteadas por el Gobierno, la asociación destacó:
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- El aumento del impuesto a las transacciones financieras del 4 al 5 por mil, un costo que recae directamente sobre la actividad empresarial formal y sobre miles de micro, pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico.
- El incremento de impuestos a licores premium, vinos importados y destilados de alto valor, productos utilizados como acompañamiento de los menús y que ya han visto incrementado su precio por efectos de inflación.
- Disposiciones adicionales que, sumadas a las recientes cargas operativas propuestas por los Ministerios de Comercio y Trabajo, continúan encareciendo la operación formal y fomentando la informalidad en el país. Estas medidas, en conjunto, representan un riesgo significativo para la sostenibilidad de los establecimientos gastronómicos, que ya enfrentan un escenario económico complejo caracterizado por la disminución del consumo, el incremento de costos, la reducción de horarios productivos y el aumento de cargas laborales.
Riesgos para la sostenibilidad y la formalidad
La presidenta y representante legal de Acodrés Bogotá Región, Liliana de las Mercedes Montaño Rincón, advirtió que “estas medidas, en conjunto, representan un riesgo significativo para la sostenibilidad de los establecimientos gastronómicos, que ya enfrentan un escenario económico complejo caracterizado por la disminución del consumo, el incremento de costos, la reducción de horarios productivos y el aumento de cargas laborales”.
El comunicado agrega que “la estructura tributaria propuesta limita la capacidad de consumo de los ciudadanos, afectando directamente la demanda en los restaurantes”. Además, el gremio considera que “el incremento de cargas fiscales eleva los costos de operación, dificultando la sostenibilidad de los negocios formales”.
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Desde Acodrés se advierte que las nuevas medidas podrían “desincentivar el emprendimiento, afectar la competitividad y profundizar la migración hacia modelos informales”. El comunicado subraya que estos ajustes tributarios se plantean en un contexto donde muchos establecimientos todavía buscan recuperarse de los efectos de la inflación, la desaceleración económica y cambios regulatorios recientes.
Llamado al Gobierno para preservar el empleo y la formalidad
La organización gremial realizó un llamado al Gobierno nacional para que se valore la importancia del sector gastronómico formal como generador de empleo, dinamizador del turismo, impulsor del emprendimiento y actor clave en la reactivación económica del país.
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La solicitud específica es que cualquier medida tributaria que se contemple tenga en cuenta “el impacto real sobre la operación diaria de MIPYMES gastronómicas, la necesidad de preservar la sostenibilidad del empleo formal y la importancia de promover la competitividad y evitar la expansión de la informalidad”.
Acodrés reiteró su compromiso para trabajar “articuladamente con el Gobierno, los entes territoriales y el sector privado para encontrar soluciones que fortalezcan la economía, protejan la formalidad y aseguren el bienestar de los empresarios y trabajadores del sector gastronómico”.
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Facultades del Ejecutivo durante la emergencia
Con la declaratoria vigente, el Ejecutivo queda facultado para expedir decretos legislativos necesarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. El Gobierno ha anticipado que evaluará ajustes en el impuesto al valor agregado (IVA), la creación de un impuesto al patrimonio para personas naturales con mayor poder contributivo, el aumento de la tributación del sector financiero y el fortalecimiento de los llamados impuestos saludables, que incluyen gravámenes a bebidas alcohólicas y vaporeadores.
La industria gastronómica permanece atenta a la definición de las medidas y a los impactos que puedan tener sobre su operación cotidiana y la generación de empleo formal. El gremio insiste en la necesidad de que las decisiones tributarias sean equilibradas para evitar un retroceso en la formalidad y la competitividad del sector.
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