Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

La divulgación de un video que muestra la prueba de supervivencia de los 18 soldados secuestrados en el departamento del Chocó ofrece un registro visual inédito de su situación, mientras prosiguen los esfuerzos institucionales para lograr su liberación en medio de la tensión entre la fuerza pública y comunidades indígenas de la zona.

Este material confirma que los uniformados permanecen retenidos en el resguardo indígena La Puria, en el municipio de Carmen de Atrato, donde fueron rodeados y despojados de su dotación durante una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Las imágenes difundidas muestran a cada militar declarando su nombre y número de cédula ante la cámara, así como su estado de salud, que según los propios testimonios es estable y sin afectaciones físicas reportadas hasta el momento.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó enfáticamente este secuestro y describió cómo unos 200 civiles rodearon a los uniformados, trasladándolos contra su voluntad hasta la reserva indígena.

Sostuvo que estas acciones “ponen grave riesgo a esas comunidades que necesitan protección” e informó que ya se formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía, con todos los canales de acompañamiento activados para privilegiar la vida de los secuestrados y reducir riesgos para el resto de la comunidad.

Sánchez enfatizó además que “la paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando al Estado”, vinculando esta situación con intentos de obstaculizar el trabajo de la fuerza pública, que en su criterio busca proteger a las comunidades indígenas del desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.

Respecto al operativo militar, el grupo retenido estaba compuesto por dos suboficiales y 16 soldados, todos desplegados en operaciones contra el ELN cuando, de acuerdo con los reportes, la asonada de 200 personas interrumpió sus labores, incautándoles armas y pertenencias.

Las autoridades confirmaron que la última comunicación directa con los soldados fue en horas de la noche previa a la publicación del video de supervivencia, cuando manifestaron que se encontraban bien. El contacto con los uniformados desde entonces ha sido intermitente, mientras avanzan las gestiones oficiales para garantizar su regreso seguro.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que el resguardo indígena emitió comunicaciones que controvierten la denuncia del Ejército Nacional, aunque reiteró que existen pruebas suficientes de la retención ilegal tanto de los militares como de su armamento.

Córdoba anunció además la convocatoria a un consejo de seguridad extraordinario, con la participación del Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Alcaldía de Carmen de Atrato y los ministerios del Interior y de Defensa, con el objetivo de consolidar acciones coordinadas para la pronta liberación de los soldados.

Desde el resguardo Enrique Arce, la guardia indígena justificó la detención de los uniformados acusando “violaciones sistemáticas a la autonomía indígena y a los derechos de las comunidades del resguardo La Puria”, e instó al Gobierno nacional a instalar de manera inmediata una mesa de concertación para abordar estos temas.

No obstante, voceros de la fuerza pública subrayaron que “no existe ninguna norma que prohíba el ingreso del Ejército a ninguna zona del territorio nacional”, contradiciendo la versión de que los militares hubieran ingresado sin autorización.

Las imágenes difundidas muestran el grupo de 18 militares sin su dotación, reunidos en un espacio abierto y sin protección, expuestos a potenciales ataques con drones en una zona de elevada actividad criminal.

El Ejército Nacional denunció la instrumentalización de la población civil para bloquear su accionar y condenó toda conducta que dificulte el desarrollo de operativos legítimos del Estado, al entender que esto atenta contra la defensa de la seguridad ciudadana. Las autoridades advirtieron sobre la desprotección de los uniformados, descuidos que no solo afectan su integridad, sino también la capacidad estatal de garantizar la seguridad en áreas de alta conflictividad.

La Defensoría del Pueblo informó que prepara una misión humanitaria al resguardo La Puria, un trayecto estimado de cinco horas por las difíciles condiciones de acceso, respaldada por entidades del Estado para dialogar con la comunidad y facilitar la pronta liberación de los militares.