El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa solicitó de manera formal al presidente del Congreso, Lidio García, convocar con urgencia una plenaria del Senado para ejercer control político sobre el Estado de Emergencia Económica decretado por el presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.
Según el congresista, la decisión del Gobierno no solo es inconveniente, sino que vulnera el principio de separación de poderes y desconoce la voluntad popular representada en el Legislativo.
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En una carta enviada a la Presidencia del Congreso, Motoa argumentó que, de acuerdo con los artículos 135 y 138 de la Constitución Política, el control político puede ejercerse en todo momento, incluso durante el receso legislativo.
Por ello, insistió en que resulta “imperativo” citar al Senado para analizar la pertinencia y conveniencia de la declaratoria de Emergencia Económica, una medida que calificó como inédita y de alto impacto para la estabilidad del país.
“El Congreso no puede permanecer al margen frente a una decisión que compromete el rumbo económico de la Nación. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las verdaderas motivaciones detrás de esta medida, que no resolverá los problemas estructurales de caja del Estado”, señaló el senador en la misiva.
En su concepto, la emergencia no apunta a un plan serio de recorte del gasto en funcionamiento, sino que abre la puerta a nuevas subidas de impuestos, ampliación de la base gravable y mayores presiones de recaudo.
Motoa reforzó su posición con un video difundido en redes sociales, en el que acusó al Gobierno de desconocer abiertamente la decisión del Congreso y de vulnerar la separación de poderes.
“Hoy nos entregan una noticia que amarga la Navidad de los colombianos: una nueva reforma tributaria camuflada en la Emergencia Económica”, afirmó.
Además, anunció que su colectividad promoverá acciones legales contra el decreto, incluyendo una demanda de inconstitucionalidad y una solicitud de suspensión provisional.
La declaratoria de Emergencia Económica fue firmada por el presidente Petro con el argumento de enfrentar una brecha fiscal estimada en 16,3 billones de pesos para 2026, recursos que, según el Ejecutivo, son necesarios para garantizar pagos esenciales del Estado.
El decreto se ampara en el artículo 215 de la Constitución, que faculta al Gobierno a legislar de manera temporal en situaciones de hechos graves, imprevistos e inminentes que amenacen el orden económico y social.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la medida al advertir que la falta de recursos pone en riesgo sectores sensibles como la salud, los subsidios de energía y otros compromisos sociales, y agregó como factor de presión el deterioro reciente de la seguridad pública, con el uso de drones en actividades delictivas.
Para el Gobierno, estos elementos configuran un escenario excepcional que justifica la declaratoria.
Sin embargo, las críticas no se han limitado a la oposición política.
El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a más de treinta asociaciones empresariales, recordó que los problemas fiscales ya habían sido advertidos durante las discusiones presupuestales de 2024 y 2025, por lo que cuestionó el carácter imprevisto de la situación.
En su pronunciamiento, advirtió que un uso indebido de la figura de la emergencia podría tener efectos perjudiciales sobre la economía y el ordenamiento institucional.
Desde el ámbito técnico, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que los 16 billones de pesos que busca recaudar el Gobierno representan menos del 3 % del presupuesto proyectado para 2026, una magnitud que, a su juicio, no constituye una amenaza inminente al orden económico y social.
Una postura similar expresó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien afirmó que el Gobierno “fabrica una Emergencia Económica y luego la decreta”, calificando el acto como técnicamente débil.
Otros sectores productivos también manifestaron reparos. Camacol alertó sobre los riesgos para la seguridad jurídica y la confianza inversionista, mientras que Bruce Mac Master, presidente de la Andi, subrayó que la deuda pública pasó de 804 billones de pesos en 2022 a más de 1.180 billones en 2025, un incremento cercano al 46 %, lo que pone en duda el impacto real de recaudar 16 billones frente al tamaño del endeudamiento.
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