La situación de seguridad en Colombia atraviesa una de sus etapas más críticas, pues la violencia generada por grupos armados ilegales sigue aumentando en varias regiones del país, una amenaza que cobra especial relevancia a medida que se acercan las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026.
Ante este panorama, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) emitió una alerta urgente sobre la situación, al advertir que los próximos comicios podrían verse gravemente afectados por la intimidación y control territorial ejercido por organizaciones criminales.
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Según la Acore, la violencia en Colombia no solo tiene un componente criminal, sino que está vinculada a las economías ilícitas y al deseo de controlar el poder político a través de la intimidación.
“Esta violencia no es solo criminal, sino que va apoyada en las economías ilícitas, busca sembrar terror, controlar territorios y debilitar las instituciones realizando demostraciones de fuerza”, explicó el general retirado Guillermo León, director de la asociación, en conversación con Noticias RCN.
En su pronunciamiento, Acore destacó que la escalada de violencia está directamente relacionada con el componente electoral, especialmente en un país que se prepara para una serie de elecciones que pueden ser alteradas por la presencia de grupos armados que buscan manipular los procesos democráticos.
“Ocurre en un momento crítico cuando nos acercamos al año electoral 2026, con riesgos reales en la intimidación al votante a través de la presión armada en zonas rurales y en la manipulación de los procesos democráticos”, alertó el general (r).
Además, el informe conocido por el medio en mención revela que actualmente 14 departamentos del país se encuentran en disputa entre diferentes grupos armados ilegales, lo que pone en grave peligro el ejercicio libre del voto de miles de colombianos.
Estas regiones, principalmente en áreas rurales, son escenario de confrontaciones constantes por el control de territorios estratégicos y las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal; los habitantes de estas zonas solicitaron públicamente garantías para poder ejercer su derecho al voto sin miedo a represalias.
Acore, en su intervención, hizo un llamado directo al Gobierno de Gustavo Petro y las instituciones de la fuerza pública para que actúen con mayor contundencia en la protección de los derechos de los ciudadanos.
“La Constitución es clara. El Estado debe proteger a todos los colombianos y garantizar el orden democrático”, insistió la organización, al mismo tiempo que resaltó la urgencia de tomar medidas para evitar que la violencia continúe escalando.
“No se puede permitir que el miedo reemplace la democracia. Es momento de actuar con firmeza, legalidad y unidad, porque defender la vida, la paz y el voto libre es un deber constitucional y moral”, señaló el director de Acore, al destacar que es esencial restaurar la confianza en las instituciones para evitar que la violencia se convierta en un factor determinante en las elecciones de 2026.
Alarma en Colombia por escalada de violencia atribuida a grupos armados ilegales
El país atraviesa una grave alteración del orden público debido a una serie de acciones terroristas, amenazas y bloqueos armados protagonizados por grupos ilegales como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos incrementaron sus ataques contra la población civil y las fuerzas del orden, afectando severamente varias regiones del país.
De acuerdo con la radiografía de violencia que hizo La FM, con datos oficiales, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Guaviare, Putumayo, Chocó, La Guajira y Bolívar son algunas de las zonas más golpeadas. En el Cauca, las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, provocaron caos con enfrentamientos y atentados, como el ocurrido en Buenos Aires.
El ELN también ejecutó atentados en Cali, La Guajira, Santander y Arauca, dejando un saldo significativo de muertos y heridos. Este escenario puso en el ojo del escrutinio público al Ministerio de Defensa, especialmente en lo que respecta a su estrategia para frenar el aumento de la violencia, que para la oposición es un fracaso.
Cabe destacar que, la situación empeora con la presencia de otros actores criminales como el Clan del Golfo, lo que llevó a muchos a cuestionar el éxito de la política de ‘Paz Total’ promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.
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