
Luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciara el cese al fuego unilateral durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, la Defensoría del Pueblo, a través de su máxima líder, Iris Marín Ortiz, puso en duda la voluntad de ese grupo armado de bajar las armas durante el fin de año.
A través de su cuenta de X, la defensora del Pueblo aseguró que, aunque reciben con agrado la noticia de un cese de las hostilidades, la voluntad del ELN ha quedado en duda por sus antecedentes violentos en años anteriores durante la misma época.
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Incluso, la funcionaria aseguró que, en caso de ser real la intención de proteger a la población civil del conflicto armado, sus acciones hostiles no incluirían el secuestro de empresarios y campesinos.
“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia. Si bien es básico que se mencione la obligación de respeto a la población civil, en las acciones del ELN observamos daños sostenidos a la población civil. Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas”, señaló Marín.

Asimismo, aseguró que la decisión de cesar los actos hostiles debería aplicar no solo para evitar confrontaciones con la fuerza pública, sino con los grupos armados con los que mantiene una guerra por el control del territorio y las rutas del narcotráfico.
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“El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin del año. El ELN mantiene confrontaciones armadas con distintos grupos en varias zonas del país”, continuó la defensora.
Asimismo, Marín puso en duda la durabilidad del cese al fuego, haciendo referencia a los anuncios de años pasados del ELN en los que, a pesar de prometer guardar las armas durante las festividades, emprendió acciones violentas contra la población civil.
“Por último, hace un año, el ELN anunció un cese al fuego similar. En enero, sin embargo, continuó sin piedad los ataques a la población. Por ejemplo, en Catatumbo declaró una guerra que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia. Es decir, infundió miedo generalizado en miles de personas inocentes. Saludamos el anuncio, pero pedimos más”, concluyó la defensora del Pueblo.
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Las palabras de la funcionaria se dan después de que el ELN anunciara un cese al fuego unilateral que se extenderá desde las 00:00 horas del 24 de diciembre de 2025 hasta las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, tras una semana violenta con al menos 60 ataques en distintas regiones de Colombia.
La decisión, que el grupo anunció como “un regalo de Navidad”, llega después de un paro armado que concluyó el 17 de diciembre y dejó cinco muertos y afectaciones en una veintena de departamentos, según cifras preliminares de las autoridades.
El ELN justificó la medida como un mensaje de paz para las festividades de fin de año, aunque advirtió que reanudará sus acciones armadas en 2026 para, según su versión, defender la soberanía nacional.
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Durante el paro armado, el grupo insurgente fue responsable de bloqueos con explosivos, amenazas y restricciones que paralizaron rutas clave, impactando tanto centros urbanos como zonas rurales.

En Chocó, se suspendió el transporte fluvial y terrestre; en Antioquia, se reportó la incineración de un bus en Valdivia y la detonación de un artefacto en Copacabana. En Arauca, el ELN atacó con tatucos bomba un batallón del Ejército en Puerto Jordán, causando daños materiales, y su presencia se evidenció con grafitis y banderas en carreteras de Arauca, Antioquia y Cauca.
El grupo armado defendió su accionar durante el paro, asegurando que no atacó a la población civil y atribuyendo a una supuesta estrategia militar y mediática la imagen de haber causado víctimas civiles. No obstante, el balance oficial incluye la muerte de un civil y de dos policías por explosiones en el sur de Cali, así como la investigación de dos jóvenes hallados sin vida en Cúcuta. En el peaje de La Lizama, entre Bucaramanga y Barrancabermeja, una funcionaria resultó herida y se activaron protocolos de seguridad.
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En Norte de Santander, especialmente en Villa del Rosario y Cúcuta, se registraron homicidios y la muerte de un conductor de ambulancia durante un ataque a la subestación de Policía en Puerto Santander. Además, se reportaron bloqueos y hallazgos de explosivos en los corredores viales entre Cúcuta y Pamplona, así como restricciones al transporte público en la ruta entre Cúcuta, Ocaña y Aguachica.
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