Hermana del director de la Dian en Tuluá entregó detalles del homicidio del funcionario: “Hizo la denuncia a la Fiscalía”

Un nuevo hecho de sangre sacudió la mañana del jueves 18 de diciembre, luego de conocerse el homicidio del director seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Tuluá, Gilberto Jesús Calao González, al salir de su residencia para dirigirse a la oficina en este municipio en el corazón del Valle del Cauca.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:30 a. m., cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron la camioneta que conducía Calao y abrieron fuego, según información preliminar compartida por las autoridades.

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La investigación sobre el asesinato avanza, y una de las principales hipótesis apunta a la posible participación de mafias vinculadas a actividades ilegales relacionadas con el contrabando.

Así lo señaló Claudia Calao, hermana de la víctima, que en declaraciones recogidas por Caracol Radio afirmó que su hermano había presentado denuncias sobre irregularidades en devoluciones dentro de la Dian días antes del crimen, además de haber estado involucrado en investigaciones previas relacionadas con operaciones delictivas.

“Cuando ocurrió lo de Buenaventura de Ambuila, la Dian escogió a los mejores funcionarios, les hicieron unas pruebas y los pasaron a a diferentes sectores para evitar el tema de corrupción y mi hermano quedó encargado de la Dian de Tuluá”, indicó la familiar del funcionario asesinado.

Claudia Calao explicó que su hermano no había denunciado amenazas directas, aunque había puesto en conocimiento de la Fiscalía y de sus superiores en la entidad recaudadora diversos casos de cobro sospechoso y actividades anómalas.

Detalló que Gilberto Jesús Calao había denunciado recientes irregularidades sobre devoluciones de saldos a empresas y personas tras identificar solicitudes presuntamente injustificadas, y trasladó dichas denuncias tanto a la Fiscalía como a la sede central de la entidad durante una reunión reciente en Bogotá.

La hermana también recordó que una denuncia interpuesta en 2020 por el funcionario llevó al encarcelamiento de una colega.

“Él informó de esto a sus superiores, hizo la denuncia a la Fiscalía y la semana antepasada que hubo una reunión en Bogotá, él pasó todas estas denuncias. Yo siento que fue por eso, por las denuncias”, dijo la mujer.

Recompensa por ubicación de los atacantes del director seccional de la Dian

En cuanto al desarrollo de los hechos, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta $50 millones para los que faciliten información sobre el paradero y la identidad de los responsables.

Las primeras indagaciones sugieren que los autores materiales del crimen habrían llegado desde Cali y que existen registros en cámaras de seguridad de su desplazamiento en motocicleta y automóvil desde primeras horas de la mañana.

En el ámbito nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió al asesinato y señaló que bandas especializadas en contrabando estarían implicadas en el homicidio. El mandatario aseguró que estas organizaciones criminales buscan enviar un mensaje de intimidación al Estado y a quienes persiguen delitos económicos.

Sobre la vida personal del funcionario, su hermana relató que Calao González había superado recientemente un cáncer que lo mantuvo durante dos años en tratamiento médico.

Tras lograr recuperarse de la enfermedad, fue asesinado en circunstancias que, según su familia, estarían directamente ligadas a su gestión pública y a la denuncia de presuntos actos de corrupción.

Gilberto Jesús Calao, de profesión abogado, llevaba 16 años en la Dian; durante los últimos siete años trabajaba en las oficinas de Tuluá, adonde llegó por traslado tras aprobar pruebas internas impulsadas por la entidad para seleccionar personal libre de antecedentes de corrupción en el contexto de las investigaciones sobre los puertos en Buenaventura.

Durante su gestión, había logrado avanzar de manera significativa en las metas de recaudo fiscal, ubicándose entre los mejores directores en el ámbito nacional, de acuerdo con los datos proporcionados por su familia.

El funcionario no contaba con un esquema de seguridad oficial, se movilizaba en su propio vehículo y no disponía de protección especial por parte de ninguna autoridad. Deja dos hijas, de 23 y 25 años, y una familia que pide justicia para que el crimen no quede impune y el ejercicio de la denuncia en el país no represente un riesgo vital para los funcionarios públicos.

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