La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó su Informe de Fase 4 sobre soborno transnacional, en el que expone observaciones críticas sobre la capacidad de Colombia para prevenir, detectar, investigar y sancionar este delito.
El documento, citado por la Revista Semana, examina el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en el marco de la Convención Antisoborno y plantea recomendaciones con plazos definidos para su implementación.
Según el organismo internacional, Colombia presenta deficiencias persistentes en la aplicación de su marco normativo, pese a contar con disposiciones legales vigentes.
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El informe señala un desenganche progresivo del país frente a los compromisos internacionales, lo que se refleja en resultados limitados en materia de investigaciones y sanciones relacionadas con el soborno de funcionarios públicos extranjeros.
Uno de los puntos centrales del análisis es que, aunque se ha impuesto por segunda vez una sanción administrativa a una persona jurídica, no se ha intentado procesar penalmente a personas naturales por este tipo de conductas. Para la Ocde, este dato evidencia niveles bajos de detección y un uso restringido de las herramientas disponibles para perseguir penalmente el delito.
El reporte también advierte sobre problemas de coordinación institucional entre las entidades encargadas de investigar y sancionar el soborno transnacional. En particular, menciona la relación entre la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, cuyas competencias diferenciadas requieren mecanismos de articulación más claros para evitar vacíos en los procesos.
Otro aspecto destacado es el uso limitado de la cooperación judicial internacional. La Ocde observa que las solicitudes provenientes de otros países no siempre derivan en la apertura de investigaciones en Colombia, lo que reduce la efectividad del sistema y dificulta el seguimiento de operaciones transnacionales en las que podrían estar involucradas personas naturales o jurídicas del país.
El informe insiste en la ausencia de un sistema integral de protección a denunciantes, una falencia que, según el organismo, ha sido reiterada en evaluaciones previas. La falta de garantías para quienes reportan posibles hechos de soborno afecta la detección temprana y limita el flujo de información hacia las autoridades competentes.
Además, la Ocde expresa preocupación por riesgos para la independencia de las investigaciones y de los procesos judiciales, señalando que estos factores aún no han sido atendidos de manera suficiente. El documento subraya que la autonomía de fiscales e investigadores resulta clave para asegurar decisiones basadas en criterios técnicos y jurídicos.
Entre las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo —integrado por 46 países— se incluye retomar una participación activa y constante de Colombia en los espacios del organismo, fortalecer la coordinación interinstitucional y permitir la apertura de investigaciones con base en solicitudes de cooperación internacional. También se plantea la necesidad de implementar de forma urgente un marco robusto de protección a denunciantes.
La Ocde reconoce algunos avances puntuales. El informe menciona que Bancóldex cumplió recomendaciones pendientes de fases anteriores, y que el país ha fortalecido controles antilavado y regímenes sancionatorios al sector privado, medidas que podrían incidir en una mayor detección de sobornos transnacionales.
En materia de sensibilización, el organismo advierte “limitados esfuerzos” para informar a los funcionarios públicos sobre el delito y los canales de denuncia existentes. De acuerdo con el reporte, las capacitaciones deben orientar claramente sobre las competencias de cada entidad, considerando que la Fiscalía investiga a personas naturales y la Superintendencia de Sociedades a personas jurídicas.
El documento enfatiza que Colombia no cuenta actualmente con un sistema de protección a denunciantes, lo que exige lineamientos claros sobre cómo reportar conductas ilícitas, qué acciones deben emprender los funcionarios al conocerlas y cuáles son las salvaguardas disponibles para quienes informan.
Como parte del seguimiento, la Ocde estableció que Colombia deberá presentar en diciembre de 2026 un plan de acción para atender las recomendaciones prioritarias. Posteriormente, el país rendirá cuentas en diciembre de 2027 sobre la implementación de dichas medidas ante el Grupo de Trabajo.
El informe también propone que el Ministerio de Relaciones Exteriores emita lineamientos escritos y capacitación a las misiones diplomáticas, con el fin de definir el tipo de asistencia que pueden brindar a personas naturales o jurídicas colombianas frente a solicitudes de soborno en transacciones comerciales internacionales, reforzando así la respuesta institucional en el exterior.
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