La EPS Famisanar se pronunció sobre la polémica generada por un contrato por $4.095 millones suscrito durante la intervención administrativa, aclarando que la operación no afecta la prestación de servicios de salud ni compromete recursos destinados a la atención de sus afiliados.
La controversia surgió luego de que el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, denunciara irregularidades en la contratación con una empresa de Córdoba.
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El congresista aseguró que Germán Darío Gallo, interventor de Famisanar, habría firmado un acuerdo con una compañía que no tendría relación con el sector salud y contaría con un capital de apenas $5 millones. Según Forero, la firma contratada no posee página web ni antecedentes claros en el sector, y el contrato ha sido cuestionado por su montó y alcance.
El contrato en cuestión fue firmado con Oslo Ltda., registrada en Montería, Córdoba. El representante Forero detalló que Famisanar no tiene afiliados en ese departamento, lo que generó cuestionamientos sobre la necesidad y pertinencia del contrato. Según el congresista, el objeto del acuerdo es prestar servicios de asesoría y consultoría orientados al fortalecimiento de planes de acción y estrategias de mejora en empresas.
El contrato, que tiene vigencia desde el 2 de enero hasta el 31 de julio de 2026, fue pactado por $585.022.026 más IVA, con pagos a realizarse dentro de los 30 días posteriores a la radicación de la factura. El certificado de la Cámara de Comercio de Montería indica que la sociedad tiene como objeto la recuperación judicial y extrajudicial de créditos, administración de bienes inmuebles, asesorías y suministro de papelería, entre otras actividades, lo que, según Forero, no coincide con servicios de salud.
Además, el congresista presentó una imagen satelital de la ubicación registrada de la empresa, donde se observa una vivienda común, reforzando sus dudas sobre la idoneidad de la firma.
Respuesta de Famisanar
En un comunicado oficial, Famisanar explicó que el contrato no tiene como fin prestar servicios de salud, sino que se trata de asesoría y consultoría para apoyo técnico en la revisión y mejora de procesos internos de la EPS. El documento señala que: “No es para atender pacientes, autorizar procedimientos, entregar medicamentos ni reemplazar a clínicas u hospitales”.
Respecto a los recursos empleados, la EPS indicó que el pago se realiza con fondos propios de la entidad y no con recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que son los destinados a la atención de los afiliados. Según el comunicado, no es cierto que este contrato afecte la prestación de servicios médicos ni la atención a los afiliados.
Famisanar explicó que la asesoría se presta en Bogotá, donde se concentra la operación administrativa y estratégica de la EPS, y que la empresa contratada tiene presencia allí para desarrollar sus actividades. “Tener afiliados en Córdoba (o en cualquier departamento) o no tenerlos, no impide que un contrato de asesoría y consultoría se ejecute en Bogotá, porque no se trata de atención médica, sino de un servicio profesional de apoyo administrativo y técnico".
El comunicado también detalló que la intervención busca ordenar, fortalecer y garantizar la continuidad del servicio de salud, y que las decisiones, incluyendo contrataciones, se realizan con criterios técnicos y legales para mejorar el funcionamiento de la entidad y su sostenibilidad.
“Reiteramos en EPS Famisanar nuestro compromiso con la transparencia, la correcta destinación de los recursos y la protección de nuestros afiliados. Estamos atentos a ampliar la información por los canales institucionales. Reiteramos que la EPS Famisanar no se presta a ser objeto de campañas políticas, las cuales siguen poniendo en riesgo la de los funcionarios, la de mi familia y mi vida. Una vez más estamos abiertos al diálogo y a la transparencia en nuestros procesoS”, concluyó el agente interventor de la EPS Famisanar.
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