La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, presidida por el exjuez de la República Luis Miguel Marimón, presentó el miércoles 17 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que la Junta Directiva de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) sea incorporada a la investigación penal en curso sobre el contrato de alumbrado público de la capital vallecaucana. Un tema que ha sido obtejo de controversias en las ultimas semanas.
La petición se fundamenta en la existencia, según el veedor ciudadano, de indicios de direccionamiento contractual, deficiencias graves en la planeación y la posibilidad de desvío de recursos públicos en el proceso, lo que causó preocupación por la transparencia y la legalidad en la gestión de una de las empresas públicas más relevantes de la ciudad.
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En su solicitud, Marimón destacó el papel de la Junta Directiva como máxima autoridad de dirección y control en Emcali. Según el documento presentado ante el ente acusador, este órgano tiene la responsabilidad directa de aprobar decisiones estratégicas, supervisar los procesos contractuales y garantizar que la administración se ajuste a los principios constitucionales de legalidad, transparencia, moralidad y protección del patrimonio público.
La Veeduría consideró jurídicamente relevante determinar si la junta directiva de Emcali conoció, autorizó, permitió u omitió acciones en el proceso contractual que actualmente es objeto de investigación penal; todo esto dada la magnitud e impacto económico del contrato de alumbrado público que se pretende gestionar por parte de la empresa de servicios públicos.
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Los motivos por los que se pidió vincular a la junta directiva de Emcali a la investigación
En el análisis jurídico que acompaña la solicitud, la veeduría citó la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, que establecen los parámetros para la contratación estatal en Colombia. “El contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva”, enfatizó Marimón en su misiva.
La ausencia de estos elementos, o su manipulación, de acuerdo con su concepto jurídico, no solo compromete la legalidad del proceso, sino que puede derivar en la configuración de delitos contra la administración pública al interior de la entidad: como el interés indebido en la celebración de contratos, la celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y el peculado.
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La argumentación también se apoyó en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha reiterado que los órganos directivos de entidades estatales no pueden desentenderse de su deber de control ni ampararse en delegaciones administrativas para eludir responsabilidades.
Existe, según esta doctrina del alto tribunal, responsabilidad por acción u omisión cuando se permite que la contratación pública se convierta en un mecanismo de favorecimiento particular o en un riesgo para el erario. Por su parte, la Corte Constitucional -según recopiló Marimón- ha establecido que la función de vigilancia y control debe ser real y efectiva, y que su incumplimiento puede acarrear consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.
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En cuanto a los posibles delitos señalados, la veeduría advirtió que la omisión de los parámetros legales y técnicos en la planeación y ejecución del contrato podría constituir interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y peculado, entre otras conductas tipificadas en la legislación colombiana.
La petición, en consecuencia, busca que la Fiscalía determine si la Junta Directiva de Emcali actuó de manera negligente o permitió irregularidades en un contrato de alto impacto financiero para la ciudad.
Contrato de alumbrado público de Cali, bajo sospecha
El contrato de alumbrado público de Cali, objeto de la investigación, representa un proceso de gran relevancia económica y social. Por su cuantía, naturaleza y alcance, veeduría sostuvo que exigía reglas claras desde el inicio, una planeación adecuada y estudios previos completos que garantizaran la selección objetiva y la libre concurrencia de los oferentes. La ausencia o manipulación de estos elementos, en ese sentido, compromete la legalidad de la actuación y puede derivar en delitos contra la administración pública.
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De acuerdo con Marimón, existe la importancia de proteger los recursos públicos y de asegurar la transparencia en la contratación estatal. Y enfatizó que ignorar los parámetros legales y técnicos en procesos de esta magnitud puede derivar en graves consecuencias para la administración pública y el patrimonio de la ciudad.
La Veeduría concluyó su solicitud con un llamado a las autoridades para que ejerzan una vigilancia estricta sobre las acciones de la Junta Directiva de Emcali, con el fin de determinar si existieron autorizaciones, omisiones o gestiones que deban ser objeto de verificación en el marco de la investigación penal.
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