La decisión de mantener en prisión a Ricardo Rafael González Castro por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, se fundamenta en la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que representa el acusado, según determinó una juez de conocimiento de Bogotá.
La magistrada consideró que la medida de aseguramiento es proporcional y necesaria, dado que la eventual condena podría oscilar entre 33 y 50 años de prisión, una circunstancia que, a su juicio, incrementa la posibilidad de fuga si González quedara en libertad.
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En la audiencia, la jueza respaldó los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, que González constituye un peligro para la comunidad y podría evadir la justicia. La funcionaria judicial enfatizó la contundencia de las pruebas, entre ellas los informes de Medicina Legal, que documentan los múltiples golpes sufridos por la víctima.
“Juan Carlos Suárez y Ricardo González según la Fiscalía confluyen en golpear de manera desbordada, iracunda, con una extrema violencia e incalculable agresividad, pese a que la víctima ya se encontraba en el piso indefenso, como de ello dan fe los informes de Medicina Legal sobre los múltiples golpes que registraba la víctima y que lo llevaron a su muerte”, afirmó la jueza al ratificar la medida de aseguramiento.
El ente acusador imputó a González Castro como coautor del delito de homicidio doloso agravado, tras legalizar su captura después de entregarse a agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la URI de Canapote, en la capital del departamento de Bolívar. La fiscal delegada argumentó que, con base en al menos ocho testigos, pruebas técnicas y videos de cámaras de seguridad, se demostró la existencia de un acuerdo voluntario entre Juan Carlos Suárez Ortiz y González para acabar con la vida de Moreno.
En efecto, sostuvo que González era plenamente consciente de las consecuencias letales de la golpiza: “Usted sabía que golpear a una persona de manera contundente y en una zona vital como lo era en la cabeza llevarían a su muerte”.
Durante la audiencia, la defensa de González cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, alegando que no se había demostrado la existencia de un acuerdo previo para asesinar a Moreno ni la responsabilidad directa de González en el golpe fatal. No obstante, la juez de segunda instancia desestimó estos argumentos y mantuvo la medida de aseguramiento.
Emitieron orden de captura contra la mujer del disfraz azul implicada en el crimen<b> </b>
La Fiscalía de Bogotá intensificado la investigación sobre el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 21 años de la Universidad de los Andes, al emitir una orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana venezolana señalada como presunta determinadora del crimen.
En el desarrollo de la investigación, la fiscal del caso, destacó que el homicidio no fue preterintencional, sino que existió una clara intención de causar la muerte.
“La intención era para acabar con la vida”, y precisó que los implicados “actuaron sabiendo el riesgo que asumían y que este resultado lesivo se podría producir y no hicieron nada para evitarlo”.
La funcionaria también recalcó que el ente acusador no considera que se reúnan los requisitos para un homicidio preterintencional, ya que “la intención de ellos era para acabar con la vida de esta persona”.
Según dijo, la mujer habría incitado la golpiza al acusar a la víctima de supuestos actos indebidos. Aunque Fernández y Bertha Parra Torres fueron capturadas inicialmente junto a otros implicados, ambas recuperaron la libertad horas después por falta de pruebas.
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