Las alertas sobre el deterioro de la seguridad en Colombia ya no provienen solo de episodios aislados, sino de una lectura integral del país. El último Boletín de Situación País puso sobre la mesa un diagnóstico preocupante y es que, la violencia se está reconfigurando, los actores armados se fortalecen y el control estatal pierde terreno en regiones clave.
Los hechos ayudan a dimensionar ese escenario. El paro armado del ELN, que dejó al menos cinco personas muertas y afectaciones en 15 zonas del país, y la crisis en Buenos Aires, al norte del Cauca —marcada por una incursión armada y hostigamientos continuos contra la estación de Policía— son apenas dos ejemplos de una escalada que mantiene a comunidades enteras bajo amenaza constante.
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Detrás de estos episodios hay un fenómeno más amplio. El informe advirtió que, desde 2022, los grupos armados organizados (GAO) sumaron 10.158 nuevos integrantes. Para 2025, estas estructuras alcanzan los 25.278 miembros, un crecimiento que coincide con el aumento de ataques, confinamientos forzados y disputas por el control territorial.
El fortalecimiento de las principales organizaciones ilegales es evidente. El Clan del Golfo prácticamente duplicó su pie de fuerza, al pasar de 4.061 a 8.945 hombres. El ELN, por su parte, creció de 4.099 a 6.450 integrantes, el mayor incremento registrado desde 2016. Esta expansión no es casual. Según explicó René Morales, asesor y consultor en seguridad privada a Valora Analitik, responde al avance de economías ilegales como el narcotráfico y la minería criminal, a la disputa por corredores estratégicos y a una presencia estatal que sigue siendo frágil en amplias zonas rurales y periurbanas.
Ese reacomodo armado tiene un reflejo directo en los indicadores de violencia letal. En 2024, Colombia cerró con 13.393 homicidios, lo que equivale a una tasa de 25,4 por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio de América Latina y el Caribe, que se ubicó en 20,2. Lejos de mejorar, la tendencia se mantiene al alza. Entre enero y septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa reportó 10.220 asesinatos, 320 más que en el mismo periodo del año anterior.
El informe señaló que siete de cada diez homicidios corresponden a violencia instrumental, ligada directamente al crimen organizado, el sicariato y el narcotráfico. Las grandes ciudades tampoco escapan a esta dinámica. Bogotá encabeza la lista con 805 homicidios, seguida de Cali (679) y Barranquilla (332). A ellas se suman Cartagena, Medellín y Cúcuta, consolidando un mapa urbano cada vez más impactado por la criminalidad.
Si la tendencia no se revierte, el documento advierte que el repunte podría profundizarse en 2026, alimentado por economías criminales más robustas y una capacidad estatal de disuasión cada vez más limitada.
Uno de los capítulos más inquietantes es el del secuestro. Entre enero y septiembre de 2025, este delito aumentó 122,6%, consolidándose como una renta criminal y un mecanismo de presión territorial. Las bandas criminales serían responsables del 47% de los casos, seguidas por el ELN con el 40% y las disidencias de las Farc con el 13%. Cauca, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Arauca concentran la mayor parte de los hechos, en un contexto donde también crecen los cercos armados contra la fuerza pública, prácticas que el informe equipara a formas de secuestro.
Las consecuencias humanitarias son igual de graves. Solo en septiembre de 2025, el desplazamiento forzado se disparó 149%, con más de 3.300 personas obligadas a abandonar sus territorios y 30.062 confinadas en un solo mes. Norte de Santander y Chocó registran las cifras más altas, reflejando una expansión del control ilegal y una respuesta estatal que no logra contener la crisis.
El boletín también mira el panorama político. Advirtió que la confrontación entre el Gobierno, la oposición y los organismos de control podría agudizarse de cara a 2026, en un ambiente marcado por la polarización y la desconfianza institucional.
El cierre del informe es claro y poco alentador. Sin una recuperación territorial focalizada, una estrategia sólida de prevención del homicidio y una respuesta humanitaria sostenida, los indicadores de violencia seguirán escalando. El diagnóstico está hecho; el reto, advirtió el documento, es evitar que estas cifras sigan convirtiéndose en la nueva normalidad del país.
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