
En abril de 2011 se registró la captura de Ignacio Álvarez Meyendorff, conocido como “El gran hermano”, cabeza visible del clan Meyendorff, como fue denominada la estructura criminal de origen colombiano que lavó gran parte de sus activos en Argentina.
Álvarez Meyendorff fue parte del cartel del Norte del Valle, que heredó el poder del cartel de Cali en los 90 y comienzos del 2000; precisamente, debido a sus enemigos en Colombia, se radicaron en 2004 en Argentina, en donde establecieron empresas ligadas a la ganadería para lavar el dinero.
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“El gran hermano” llegó con su esposa, hijos y otros familiares a Argentina, compró propiedades y fundó empresas utilizando fondos provenientes del tráfico de cocaína enviados a Estados Unidos incluso con minisubmarinos, bajo el control de su hermano Juan Fernando, también radicado en Argentina con una identidad falsa.
Tras su detención y extradición a Estados Unidos, la justicia argentina siguió el rastro del dinero del clan, que se estima que son entre cinco y ocho millones de dólares. En 2024, condenaron a varios miembros por lavado de dinero, incluyendo familiares y contadores. Los Meyendorff forjaron una red criminal que operó discretamente y logró insertarse en la vida social y económica argentina.

En Colombia, las autoridades adelantan procesos para intervenir las propiedades del clan, lo que provocó un litigio legal con dos integrantes de la familia Meyendorff que completa diez años sin que se defina.
A pesar de que la Alcaldía de Bogotá anunció la extinción de dominio de 23 inmuebles de la familia Meyendorff, en octubre del 2025 la Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de precluir la investigación por lavado de activos de la organización criminal, haciendo que la defensa pidiera que con ello se ordenara terminar con los procesos de incautación de los bienes.
La defensa pedía que se definiera el futuro de los inmuebles, motivo por el que solicitó ordenar un desacato en contra de los fiscales encargados del caso, pero el Tribunal de Bogotá negó la petición.
“Todo lo anterior descarta, evidentemente, una actitud negligente o caprichosa, y menos aún encaminada a desatender la orden impartida en la sentencia que puso fin a la acción de tutela de marras, por parte del actual titular de la Fiscalía 12 Delegada, si no antes bien, el propósito de adelantar y culminar la fase investigativa del procedimiento de extinción de dominio a su cargo, con la prontitud razonablemente posible”, señaló el tribunal en su decisión.

El tribunal ratificó que son los fiscales quienes deben tomar una decisión respecto a cerrar o continuar con el expediente sobre las propiedades del clan Meyendorff, destacando que se debe tomar en el menor tiempo posible, pero recordando que los solicitantes siguen vinculados a una investigación por lavado de activos.
“En el sentido de llevar a cabo la calificación de la actuación respecto a la improcedencia o procedencia de la acción extintiva atendiendo el fallo de tutela emitido por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, pues se reitera, actualmente se encuentra finalizando el traslado a los sujetos procesales para alegatos de conclusión”.

Como argumentos principales sobre el fallo, se menciona que se ha verificado la inexistencia de culpa o dolo respecto al incumplimiento de la orden de tutela, haciendo que los fiscales puedan seguir actuando de la forma que consideren prudente en el caso.
De esta forma, la Fiscalía General de la Nación podrá seguir en cabeza de los procesos de extinción de dominio de hasta 36 propiedades, mientras que el exnarco Juan Fernando Álvarez Meyendorff afirma que la institución está lavando dinero a través de estos procesos.
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