Imagen de Carlos Ramón González en parranda vallenata en Nicaragua enfureció a Vicky Dávila y Cabal: “Le pagaron con impunidad”

En un hecho que genera controversia, Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y uno de los fugitivos más buscados por las autoridades de Colombia, fue captado en una celebración cultural en Nicaragua.

La grabación, difundida por W Radio ocurrió el 11 de diciembre de 2025, y se muestra a González participando en una fiesta vallenata organizada por la Cancillería de Colombia en el Teatro Nacional Rubén Darío, de Managua.

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La escena ocurre mientras la justicia de su país lo reclama por acusaciones asociadas a corrupción y malos manejos durante su gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El medio citado detalló que el exfuncionario fue visto bailando en el Salón de los Cristales del recinto nicaragüense a las 7:00 p. m., en compañía de otros asistentes a un evento oficial.

Este episodio suscitó una amplia reacción pública, dado que González permanece a la espera de extradición y el proceso judicial en su contra avanza en territorio colombiano.

La presencia del exdirector de la DNI en una actividad protocolaria promovida por el propio gobierno impulsó críticas desde diferentes sectores políticos.

Vicky Dávila, periodista y actual precandidata presidencial, cuestionó el suceso y afirmó a través de redes sociales: “Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana. Se burla feliz de parranda en Nicaragua”.

En la misma publicación agregó: “Este Gobierno es indolente e infame. Carlos Ramón, tiene todos los secretos de Petro que difícilmente resistiría este Gobierno corrupto si se hacen públicos. Le pagaron con impunidad”.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal expresó en sus redes que “el prófugo amigo de Petro, Carlos Ramón González en Nicaragua bailando en un evento promovido por la Cancillería y pagado con los impuestos de los colombianos”.

Para Cabal, la prioridad debe ser el regreso de González para que enfrente los procesos relacionados con el caso Ungrd.

Por su parte, Enrique Gómez, excandidato presidencial, afirmó en su cuenta de X que el oficialismo dejó en libertad a González y sugirió que las autoridades colombianas facilitaron su salida del país.

Gómez sostuvo: “seguramente facilitaron su escape para evitar que rinda cuentas ante la justicia de Colombia y fuera de eso tenemos que pagarle la rumba a costillas nuestras en Nicaragua”.

El dirigente remarcó la gravedad de la situación y puso en duda los actuales controles estatales sobre los funcionarios investigados por la justicia.

En la misma red, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, manifestó su rechazo al evento organizado por la Cancillería de Colombia.

Según publicó la congresista, “la Cancillería promovió una fiesta con recursos públicos en la que Carlos Ramón González, prófugo de la justicia por el mayor escándalo de corrupción de este gobierno, estuvo como Pedro por su casa”.

Pedraza anunció que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra el embajador en Nicaragua y la Cancillería, al considerar que hubo permisividad estatal.

Daniel Briceño apuntó duramente al rol de la Fiscalía colombiana en el caso.

Según dijo en X, la fiscal “de bolsillo” del presidente Gustavo Petro habría consentido el desplazamiento de González, a quien calificó como “cabecilla del robo a la UNGRD y dueño del partido Verde”.

Briceño agregó que “Carlos Ramón está en Nicaragua en parrandas vallenatas financiadas por recursos públicos burlándose del país”.

Por último, el concejal de Bogotá Papo Amín sumó su voz de preocupación al preguntar si el prófugo realmente participa en estas celebraciones.

“¿El PRÓFUGO Carlos Ramón González en parranda vallenata en Nicaragua?” escribió el senador, sugiriendo que esto constituye “uno de los capítulos más grotescos en la historia de Colombia” y responsabilizando al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería de Colombia por la supuesta organización del evento.

El episodio generó una ola de reacciones adversas hacia el gobierno y planteó interrogantes sobre el control de las entidades responsables, mientras crecen los llamados públicos para esclarecer los hechos, las autoridades diplomáticas y judiciales enfrentan presión adicional para rendir cuentas sobre este hecho.