Un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la estación de Policía del municipio de Buenos Aires, Cauca, en la madrugada del martes 16 de diciembre de 2025, generó pánico entre los habitantes y desencadenó enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.
La agresión, que incluyó el uso de drones para arrojar explosivos sobre la estación policial, representó una escalada en las tácticas de los grupos armados ilegales en la región.
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De acuerdo con la información recogida por El País Cali, soldados y policías respondieron a la ofensiva en distintos puntos del casco urbano, donde se registraron combates directos con los presuntos disidentes.
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El impacto sobre la comunidad fue inmediato. Los habitantes del área urbana de Buenos Aires, Cauca, vivieron una noche de terror, buscando refugio ante las detonaciones y el cruce de disparos.
El temor se apoderó de las calles, mientras las familias intentaban resguardarse en medio de la incertidumbre.
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Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los presuntos miembros de las disidencias de las Farc se extendieron durante varias horas, afectando la cotidianidad del municipio y evidenciando la persistencia de la violencia en esta zona del norte del Cauca.
El uso de tecnología como los drones para perpetrar ataques armados representa un desafío adicional para las autoridades y un riesgo creciente para la población civil.
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El contexto de orden público en Buenos Aires, Cauca, se ha caracterizado por la presencia de grupos armados ilegales y la recurrencia de acciones violentas.
Las primeras explosiones de la madrugada sorprendieron a la comunidad, que debió abandonar sus hogares para buscar resguardo, en una escena que evidenció la gravedad de la situación vivida en Buenos Aires, Cauca.
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Un juez ordena prisión para cuatro presuntos integrantes de disidencias de las Farc en Meta
Un juez penal de control de garantías ordenó la reclusión de cuatro presuntos miembros de las disidencias de las Farc en Meta por su supuesta participación en extorsiones y secuestros dirigidos a empleados y representantes de consorcios petroleros.
La Fiscalía General de la Nación indicó que estas acciones habrían servido para fortalecer las finanzas ilícitas del frente 39 ‘Arcesio Niño’.
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La investigación sostiene que los implicados, aprovechando su vínculo laboral con las empresas afectadas, habrían accedido a información confidencial sobre contratos de alto valor en los sectores de Oasis y Salto de Cuernavaca, en Puerto Gaitán.
Con estos datos, contactaban a trabajadores y directivos, exigiendo pagos bajo amenazas y ocultando su identidad. Uno de los procesados, José del Carmen Carrillo Rojas, estaría involucrado en la retención ilegal de dos empleados de un consorcio petrolero en septiembre de 2024; las víctimas permanecieron privadas de la libertad durante dos días en Altos de Tillava y la suma exigida para su liberación fue de 60 millones de pesos.
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La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, extorsión agravada y secuestro extorsivo. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.
En otro operativo reciente, la Fiscalía desarticuló una red dedicada a la extracción ilegal de oro en el noreste y el Bajo Cauca antioqueño.
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El valor de los bienes incautados a esta organización supera los $373.000 millones, según estimaciones oficiales. Entre los capturados figura María Consuelo Jiménez Salazar, señalada como responsable de administrar el dinero ilícito y coordinar la venta del oro.
También fueron judicializados Yurley Orrego Trujillo, Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, Jhon Wilmar Cabrera Gonzáles y Bernardo de Jesús Orrego, este último acusado de intentar legalizar tres lingotes de oro incautados mediante el préstamo de un título minero.
Las pruebas recabadas apuntan a que la organización pagaba a servidores públicos para alertar sobre operativos y entregaba dinero a estructuras criminales, facilitando la extracción, transporte y comercialización del oro, según la Fiscalía General de la Nación
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