Nueva jugada del Gobierno Petro ante el Congreso: impacta el dinero que mueven Bogotá y las gobernaciones y alcaldías del país

La radicación del proyecto de ley de competencias del nuevo Sistema General de Participaciones (SGP) ante el Congreso de la República representa un punto de inflexión en la estructura fiscal y administrativa de Colombia. La iniciativa, presentada el 15 de diciembre de 2025, un día antes de finalizar el periodo legislativo, tiene como propósito desarrollar el acto legislativo de fortalecimiento de la autonomía territorial, aprobado el 3 de diciembre de 2024, y es considerada la reforma estatal más importante desde la Constitución de 1991.

El objetivo principal, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, es aumentar la proporción de recursos transferidos a los territorios por medio del SGP, reorganizar las competencias entre los distintos niveles de gobierno y consolidar la descentralización y la autonomía territorial.

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El SGP, mecanismo fundamental para la distribución de recursos en el país, siempre ha sido cuestionado desde la promulgación de la Constitución de 1991. El modelo centralista vigente limitó el desarrollo regional y generó desigualdades en la provisión de servicios básicos como educación, salud y saneamiento básico. Ahora, la reforma aprobada en diciembre de 2024 y el proyecto de ley radicado en diciembre de 2025 surgen como respuesta a la necesidad de corregir estas brechas históricas.

De acuerdo con la entidad, la reforma prioriza la atención a las zonas más rezagadas, la promoción de la asociatividad territorial y la inclusión de los tres años de preescolar en la destinación de recursos.

Proceso técnico y participativo

Entonces, el proyecto de ley de competencias, elaborado durante 2025, es resultado de un proceso técnico y participativo. El Gobierno nacional, por medio de una mesa técnica integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Educación, Salud y Vivienda, la Misión de Descentralización, la CRA, el Dame y el Departamento Administrativo de la Función Pública, informó que hizo más de 150 reuniones para definir el borrador. Además, el proyecto fue sometido a consulta previa con pueblos y comunidades indígenas y a un proceso de diálogo social que incluyó más de 30 encuentros con gremios territoriales, la academia, la Defensoría del Pueblo, Fecode y expertos internacionales, según el Proyecto de Ley de Competencias.

Dicho proceso permitió revisar y ajustar el contenido del proyecto antes de su radicación.

La reforma eleva la proporción de recursos del SGP del 20% actual al 39,5%, según el Ministerio de Hacienda. El incremento busca garantizar mayores posibilidades para suplir las necesidades básicas en los territorios, sobre todo, en educación, salud y saneamiento básico. El proyecto detalla la distribución de estos recursos y redefine las competencias de la Nación, los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas en los sectores priorizados.

Además, establece mecanismos para evitar la duplicidad de funciones y disminuir los riesgos de corrupción, así como una mejor delimitación de la responsabilidad frente a los recursos destinados a la educación.

Principios para fortalecer la descentralización

El documento establece principios orientados a fortalecer la descentralización y la autonomía territorial. Entre ellos, destaca:

• Creación de una institucionalidad encargada de administrar el proceso de descentralización
• Definición de una clasificación básica por capacidades y atributos, con el fin de implementar una descentralización asimétrica que responda a las particularidades y vocaciones de cada territorio.

El objetivo es que la transferencia de competencias y recursos se adapte a las realidades locales, con la promoción del desarrollo equitativo y sostenible en todo el país.

La reforma generó un amplio respaldo entre representantes, gobernadores y gremios, que consideran que la descentralización es fundamental para corregir las desigualdades regionales.

• Carlos Ardila, representante a la Cámara: “Siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para de esa manera corregir una desigualdad que existe en los territorios”.
• Carlos Amaya, gobernador de Boyacá: a los actuales mandatarios “les ha tocado muy difícil la obtención de recursos que permitan obras de bienestar a las comunidades”, y reconoció que el aumento en las transferencias beneficiará principalmente a las futuras administraciones.

Críticas al nuevo SGP

A pesar del respaldo mayoritario, la reforma suscitó debates en torno a varios aspectos. Uno de los principales puntos de controversia, precisamente, había sido el plazo de seis meses para la presentación de la ley de competencias, considerado apresurado por algunos representantes. También se discute la necesidad de una mejor delimitación entre recursos y competencias para evitar la duplicidad de funciones y reducir los riesgos de corrupción.

En cuanto al porcentaje de aumento de las transferencias, la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de Alianza Verde, defendió que “debía ser del 37%, porque esa fue la recomendación de la Misión de Descentralización, para garantizar la autonomía regional sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país”, aunque esta propuesta fue rechazada.

Otros debates giran en torno a la sostenibilidad fiscal y la capacidad de los territorios para asumir nuevas competencias.

Qué viene para el Congreso de la República

Tras la radicación del proyecto de ley de competencias, el Congreso de la República iniciará, ya en 2026, la fase de discusión legislativa, con la facultad de modificar y aprobar el texto. El Gobierno nacional mantiene la potestad de otorgar el aval fiscal a lo aprobado. Si la ley es sancionada en 2026, el acto legislativo entrará en vigor en 2027, y la implementación de la reforma se hará de manera gradual durante los siguientes 12 años. El cronograma busca garantizar una transición ordenada y sostenible hacia el nuevo modelo de descentralización.

Aunque los actuales mandatarios no verán reflejados de inmediato los beneficios de la reforma, se espera que las regiones dispongan de mejores condiciones para responder a las necesidades de sus comunidades en los próximos años.

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