La definición del salario mínimo para 2026 se encuentra en un punto de máxima tensión, con el Gobierno nacional, los trabajadores y los empresarios enfrentados por una brecha de propuestas que supera los nueve puntos porcentuales y la posibilidad real de que el ajuste se fije por decreto en las próximas 48 horas.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó a 6AM de Caracol Radio que el proceso de concertación ha entrado en su “segundo tiempo”, y que la decisión final se tomará junto al presidente Gustavo Petro antes del 30 de diciembre.
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“En estas 48 horas decidiremos con el presidente si damos este segundo tiempo, que arrancará pasado mañana (18 de diciembre) hasta el 30 de diciembre, para darnos la posibilidad de que el incremento sea resultado de un consenso, como lo ha querido el gobierno nacional desde un inicio”, afirmó Sanguino.
La distancia entre las posiciones de las partes es considerable. Las centrales obreras insisten en un aumento del 16%, mientras que los empresarios mantienen su propuesta en el 7,21%.
Sanguino subrayó la dificultad de alcanzar un acuerdo, pero insistió en que el Gobierno seguirá buscando fórmulas de acercamiento. “El acuerdo depende de la voluntad de las dos partes y de la capacidad que podamos tener desde el Gobierno para presentar fórmulas que aproximen las dos propuestas que son, como lo saben ustedes, relativamente distantes. Casi el doble es la diferencia”, explicó el ministro.
El contexto macroeconómico, según Sanguino, podría facilitar un consenso. El ministro destacó que durante el actual Gobierno el salario mínimo ha acumulado un incremento del 37,6%, acompañado de un crecimiento económico del 3,6% en el último trimestre, una tasa de desocupación del 8,2% y una inflación controlada en el 5,2%.
“Esos números deberían ayudar a que lográramos un acuerdo antes del 30 de diciembre. Y en eso nos vamos a seguir. Vamos a seguir insistiendo y vamos a empeñarnos en que eso pueda ser posible”, sostuvo Sanguino.
La ausencia de Fenalco en la mesa de concertación ha sido otro factor de tensión. Sanguino lamentó la falta de participación del gremio de comerciantes y cuestionó la actitud de su presidente.
“Los únicos que no han asistido han sido los amigos o los voceros de Fenalco, cosa que yo lamento, porque si algo es evidente en esta discusión es que el sector que de manera directa e inmediata recibe el impacto del incremento del salario mínimo es el sector de los comerciantes. El señor Jaime Alberto Cabal se comporta en la mayoría de los casos como un opositor político que como un vocero gremial”, declaró el ministro.
En cuanto a los criterios que pesarán en la eventual decisión por decreto, Sanguino detalló que se considerarán tanto los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo como los factores legales y macroeconómicos.
“Vamos a tener en cuenta, por supuesto, lo que establece la ley 278, que es una combinación de la inflación causada, la inflación esperada para el año entrante, la productividad, el aporte de los salarios a las cuentas nacionales al producto interno bruto", dijo el jefe de la cartera de Trabajo.
“Todos esos asuntos hay que considerarlos y yo he dicho que si en caso de que el Gobierno tenga la decisión en sus manos, mediante un decreto, vamos a tomar una decisión en justicia desde el punto de vista social y laboral, pero también con inmensa responsabilidad con las distintas variables macroeconómicas y con el país”, agregó.
El ministro evitó comprometerse con una cifra concreta, pese a la insistencia de los periodistas: “No me quiero arriesgar a proponer ninguna cifra porque, repito, para el Gobierno lo más prudente es esperar las salvedades de las partes en estas 48 horas”, respondió.
Entre tanto, la propuesta sindical del 16% que llevaría el salario mínimo a aproximadamente un $1.650.000 y la empresarial del 7,21% lo situaría en torno a un $1.525.000.
La diferencia entre ambas cifras supera los $180.000, lo que explica la falta de acercamiento en la mesa. Ante este escenario, el Ejecutivo podría optar por un incremento intermedio cercano al 11%, aunque la decisión final dependerá de la evaluación de las salvedades presentadas por trabajadores y empleadores.
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