El presidente Gustavo Petro anunció su intención de incrementar el salario mínimo legal mensual en Colombia al cuestionar la propuesta de aumento de los empresarios y al comparar el porcentaje con otros cobros estatales que, según él, resultan más altos. Durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, el mandatario resaltó la falta de consenso entre sindicatos y empresarios sobre el porcentaje final del ajuste salarial, en un contexto marcado por la crisis en el sector salud y la persistente desigualdad social.
“Hoy pienso subir, pero no me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les pide subir un 7%, mientras a los dueños del capital rentístico que viven del Estado, ellos cobran al Estado el 13%, y si es para salud, el 17%”, afirmó el mandatario, que desde hace varias semanas viene proponiendo un aumento del 11%, lo que acercaría la remuneración a $1.580.000.
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Insistió en que la diferencia en los porcentajes evidencia una disparidad en la distribución de los recursos públicos y criticó que, mientras se discute un aumento modesto para los asalariados, otros actores económicos obtienen incrementos mayores.
En cuanto a la negociación del salario mínimo, la mesa de concertación entre sindicatos, empresarios y el Gobierno no logró un acuerdo en la primera etapa, que concluyó el 15 de diciembre. Los sindicatos propusieron un aumento del 16% para el salario mínimo y el auxilio de transporte, mientras que los empresarios plantearon un incremento del 7,21%, menos de la mitad de la cifra defendida por los trabajadores.
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Por supuesto, la distancia considerable entre las partes hace prever que, como ha ocurrido en la mayoría de los últimos quince años, el Gobierno podría establecer el aumento por decreto ante la falta de consenso.
Distancia en las propuestas
Al mismo tiempo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la sesión de la mesa de concertación terminó sin acuerdo y explicó que “los sectores, las organizaciones sindicales, insistieron en que el incremento fuera de dos dígitos para abrir la discusión sobre el porcentaje de esa cifra”, mientras que los empresarios mantuvieron su posición del 7,21%.
Sanguino detalló que ahora se abrirá un periodo de 48 horas para que ambas partes presenten sus salvedades y opiniones ante el Ministerio del Trabajo, tras lo cual se decidirá si se habilitan nuevos espacios de diálogo o si el salario mínimo se expedirá directamente por decreto presidencial. También, dijo que debe haber una decisión justa y responsable con las finanzas públicas y con todo el ambiente macroeconómico, que es muy positivo y se debe cuidar.
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El ministro reconoció que se seguirán haciendo esfuerzos y, si no hay más alternativas que expedir el aumento por decreto, “lo haremos con un criterio de justicia y un sentido de responsabilidad”.
Medidas para los auxiliares de Policía
De igual manera, Petro anunció medidas específicas para los auxiliares de Policía, que, a partir del 1 de enero de 2026, recibirán el salario mínimo legal mensual vigente (en la actualidad es de $1.423.500).
“Duplicamos entonces el pago de la bonificación mensual a los auxiliares y a partir del año entrante, 1 de enero, en unos cuantos días, se les reconocerá ese salario mínimo legal mensual que hoy pienso subir”, declaró al destacar la importancia de mejorar las condiciones económicas de quienes desempeñan funciones esenciales para la seguridad y el bienestar social.
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Contexto económico complejo
El contexto social y económico en el que se desarrolla esta negociación es complejo.
Aunque la pobreza monetaria disminuyó, en 2025 aún afecta al 31,8% de la población a nivel nacional y al 42,5% en las zonas rurales, donde muchas familias no cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica. Así las cosas, el debate sobre el salario mínimo adquiere una relevancia especial, ya que el ajuste salarial se percibe como una herramienta clave para mejorar los ingresos de los trabajadores y reducir la brecha de pobreza.
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