Generales activos son señalados de participar en una red de corrupción dentro del Comando de Ingenieros del Ejército

Una serie de denuncias penales, auditorías reservadas y testimonios internos han puesto bajo la lupa al Comando de Ingenieros del Ejército de Colombia, una de las unidades más estratégicas de la fuerza, por presuntas irregularidades que habrían provocado la pérdida de miles de millones de pesos y salpican a generales en servicio activo.

Según reveló Semana, las investigaciones, que involucran a la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, apuntan a una posible red de corrupción estructurada, con asignación de roles y permanencia en el tiempo, que habría operado a través de contratos inflados, adjudicaciones irregulares y deficiencias en la planeación de obras públicas.

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En uno de los informes más recientes, fechado el 10 de febrero de 2025, la Inspección General del Comando de las Fuerzas Militares recomendó evaluar la responsabilidad del entonces director de la Escuela Militar de Cadetes, general Luis Fernando Salgado, por supuesta omisión en sus funciones de liderazgo y control, lo que habría facilitado hechos de corrupción.

Pese a estas advertencias, Salgado fue designado comandante de la Sexta División del Ejército el 21 de noviembre de 2024, quedando a cargo de más de 14.000 efectivos en regiones de alta conflictividad como Caquetá, Amazonas, Putumayo y la Bota Caucana. Un caso similar se dio con el general Jorge Ricardo Hernández Vargas, que, pese a las recomendaciones de retiro por presunto incumplimiento de funciones, fue nombrado comandante de la Décima Brigada en Valledupar.

Las alertas sobre la gestión del Comando de Ingenieros han llegado hasta la Casa de Nariño, donde se ha advertido sobre la contratación con una matriz de 17 empresas, algunas de las cuales no figuran en el registro único de prestadores de servicios públicos, presentan conflictos de interés o tienen representantes legales con antecedentes de narcotráfico en el exterior.

Semana accedió a documentos que sugieren la existencia de una red criminal dentro del Ejército, en la que estarían involucrados generales, oficiales y suboficiales activos. Una denuncia radicada en la Fiscalía solicitó investigar la existencia de un plan concertado y la asignación de roles específicos para mantener la organización en el tiempo.

Oficiales activos del Comando de Ingenieros, que solicitaron anonimato, confirmaron al medio de comunicación que los pliegos de los contratos se venden a los contratistas por sumas que oscilan entre 100 y 500 millones de pesos, permitiendo que estos conozcan de antemano la estructura de los contratos y obtengan ventajas sobre sus competidores.

Además, señalaron que en el Cede 10, encargado de estructurar y planear los presupuestos, se diseñan proyectos con deficiencias intencionales para justificar adiciones presupuestales millonarias tras la adjudicación de los contratos por parte de las Cenac (Centrales Administrativas Contables).

La Contraloría General de la República realizó una interventoría a doce contratos del Comando de Ingenieros por un valor cercano a $20.000 millones, detectando daños al patrimonio del Estado por fallas en la gestión, inconsistencias en la información y falta de idoneidad.

El informe reservado, citado por Semana, advierte: “La labor de vigilancia fiscal en el desarrollo de la auditoría de cumplimiento se afectó por el desorden administrativo que existe en las dependencias ejecutoras del Ejército, particularmente la Cenac de Ingenieros”.

Uno de los mecanismos identificados para evadir los controles de la Ley 80 de contratación pública ha sido el uso inadecuado de la figura de emergencia sanitaria, que permite adjudicar contratos de manera directa. En el caso del proyecto Bonaca, en Tolemaida, la obra comenzó con un presupuesto de poco más de $3.000 millones , pero hasta la fecha se han pagado más de $12.000 millones, sin que las obras hayan sido concluidas, según confirmó el propio Ejército. La auditoría interna halló cinco hallazgos negativos, cinco que ameritan investigación y ocho recomendaciones.

El entonces inspector de las Fuerzas Militares, mayor general Guillermo Castellanos, reportó al comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, que en la comprobación de campo se observaron obras inconclusas, ítems presupuestados no construidos y falta de soportes técnicos, lo que derivó en una gestión fiscal ineficaz. El informe de la Inspección del Ejército, dirigido por el general Hernando Garzón Rey, advirtió la presunta comisión de delitos de peculado y concusión, señalando: “Aparentemente los recursos se emplearon, por autorización de quien fungía como director de la Escuela para la época de los hechos (general Luis Fernando Salgado), con fines diferentes a los de su naturaleza”.

La gravedad de las irregularidades llevó a que el secretario general del Ministerio de Defensa, Raúl Alfonso Gutiérrez, radicara el 19 de febrero de 2025 una denuncia ante la fiscal Luz Adriana Camargo por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y defraudación o evasión tributaria.

Otro caso relevante es el del Aeródromo Buenavista-La Guajira, donde la Contraloría advirtió un posible daño patrimonial superior a $19.000 millones por falta de planeación y mala calidad del pavimento. Aunque el Ejército reconoció errores en la evaluación técnica, negó la existencia de daño patrimonial. La pista, iniciada en 2022 y concluida en 2023, permaneció inoperativa hasta que una empresa externa, contratada por $73 millones, emitió un informe favorable.

En mayo de 2023, se firmaron contratos por más de $14.000 millones para un regimiento de fuerzas especiales en Tolemaida, alojamiento en Chapalito (Nariño) y aulas en un batallón de entrenamiento de aviación. Uno de estos contratos requirió una adición de casi $2.000 millones por omitir el presupuesto de cimentación, error que el Ejército atribuyó a una falla humana.

La falta de planeación ha sido reconocida por la propia institución. En el documento 8333, del 14 de abril de 2025, el Ejército admitió debilidades en la etapa de planeación de los proyectos, lo que generó traumatismos en la ejecución de obras y mantenimientos. Además, la pasividad en las investigaciones internas ha sido motivo de preocupación, especialmente por el papel del actual inspector del Ejército, general Olveiro Pérez, que enfrenta cuestionamientos por el uso indebido de personal militar para tareas domésticas y posibles conflictos de interés, dado su pasado como comandante de Ingenieros.

El historial de comandantes del Comando de Ingenieros incluye a figuras como el actual comandante del Ejército, general Emilio Cardozo (2015-2019), el general Ómar Sepúlveda (2019-2021), el general Jorge Ricardo Hernández Vargas (2022-2023) y el general Ricardo Heriberto Roque (2023-2025), todos ellos bajo la lupa de las autoridades y órganos de control. La general Martha Rocío David Bastidas, exdirectora del Cede 10 y actual directora del Comando de Adquisiciones, también figura entre los oficiales vinculados a la unidad.

Consultado por Semana, el general Emilio Cardozo confirmó la existencia de investigaciones disciplinarias en curso, en las que los generales Salgado y Vargas están vinculados como presuntos responsables, y señaló que se han compulsado copias a la Fiscalía General y la Justicia Penal Militar y Policial para que se adelanten las acciones judiciales correspondientes. Sobre la existencia de un posible cartel de contratación, el Ejército negó la práctica y sostuvo que es imposible que se presente, aunque evitó referirse a casos específicos como el de Bonaca, al estar bajo investigación.