El desarrollo del juicio adversarial contra Publio Hernán Mejía Gutiérrez, coronel retirado del Ejército de Colombia, avanza hacia un punto decisivo con la definición de la fecha para la lectura de la sentencia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La audiencia se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre en Bogotá y marcará la primera vez que la JEP emite un fallo condenatorio en un proceso adversarial contra un alto oficial del Ejército, según informó la magistratura.
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La ponencia, elaborada por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, ha estado en manos de la Sección de Ausencia de Reconocimiento durante los últimos dos meses, mientras se extiende la discusión interna antes del anuncio de la decisión definitiva.
Las audiencias del caso, a diferencia de las desarrolladas en Bogotá, se celebraron en Valledupar, en presencia de las víctimas, dado que allí ocurrieron los hechos bajo investigación.
La acusación formal, presentada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, señala al coronel retirado de haber liderado un “aparato organizado de poder ilegal” al interior del Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre 2002 y 2005.
De acuerdo con el fiscal delegado Samuel Serrano, bajo ese mando se habrían perpetrado al menos setenta y cinco homicidios, cuarenta desapariciones forzadas y cuatro hechos de tortura, todos enmarcados en una estrategia para inflar los resultados operacionales del batallón, alejándose de la realidad.
“El juicio nunca fue contra el Ejército Nacional, ni siquiera contra el batallón o sus 2.000 integrantes. No se puso en tela de juicio la legitimidad de las instituciones del Estado”, expresó Serrano durante su exposición, enfatizando que la acusación se enfoca en la presunta existencia de una estructura criminal destinada a mejorar los indicadores de la unidad militar.
A diferencia de los doce exmilitares del mismo batallón que aceptaron su responsabilidad por 135 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, y recibieron sanciones propias del sistema transicional, Mejía rechazó los señalamientos y fue sometido al juicio adversarial, enfrentando una posible condena de hasta 20 años de prisión.
La Fiscalía sostiene que las acciones del batallón respondían a una alianza con el Frente Mártires del Cesar, grupo paramilitar que seleccionaba y entregaba víctimas a los militares, quienes luego las reportaban como bajas en combate.
“Los recogían y los hacían pasar como bajas en combate. Se trató de una colaboración criminal”, manifestó Serrano, quien remarcó que esta dinámica permitió al batallón consolidar una imagen de éxito ante el país, mientras los paramilitares lograban fortalecer su dominio territorial.
El fiscal subrayó que, para la población del Cesar, se instauró una “falsa percepción de seguridad” destinada a enaltecer la reputación del coronel.
Este proceso adversarial se instala en un contexto donde el reciente actuar de la JEP ha involucrado también la declaración de genocidio contra la Unión Patriótica y la imputación de cargos contra otros altos mandos, como el general (r) Iván Ramírez Quintero.
Al cierre del calendario judicial, la próxima sentencia marcará un hito en la búsqueda de justicia frente a hechos ocurridos durante uno de los periodos más complejos del conflicto armado en Colombia.
En agosto de 2025, el alto mando militar insistió en su inocencia y aseguró que defenderá su honor como miembro de las Fuerzas Militares del país.
“Perdí mi carrera. Estuve diez años preso en detención preventiva. Perdí todo lo que me es querido. Me maltrataron a mi familia, me cerraron todas las posibilidades de trabajo, me llevaron a la Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido eso, me quedan tres cosas: la verdad, mi honor de soldado de Colombia y mi dignidad de ciudadano. Y eso no es negociable. No acepto los cargos, honorables magistrados”, señaló en medio de los alegatos finales
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